En los últimos meses, distintos voceros calificados del gobierno nacional vienen anunciando una serie de reformas en materia económica, financiera, laboral, previsional y de obras sociales, para después de las elecciones que se celebraron el domingo 22 de octubre.
Si bien aparecen algunos esbozos, aún nos falta conocer más precisiones acerca del alcance y contenido que tendrían estas reformas.
En materia de obras sociales se anunció -no de modo oficial- una disminución del 2 % de las contribuciones patronales destinadas a financiar las prestaciones brindadas por las obras sociales nacionales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud; es decir, del seis por ciento (6 %) actual pasarían al cuatro por ciento (4 %), lo que representaría una reducción en la recaudación total del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Nos vamos a referir a continuación a las consecuencias que produciría la adopción de esta eventual medida de gobierno.
Parece oportuno recordar que el día 12 de agosto de 1993, el gobierno nacional y las provincias firmaron el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Entre las medidas adoptadas por la Nación se produjo precisamente una importante rebaja en las contribuciones patronales sobre los salarios pagados por algunos sectores de actividad, como la ahora anunciada.
En aquel momento, el objetivo anunciado de esta medida consistía en “Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral”, a los efectos de “favorecer la creación de empleo”, con el fin de disminuir la desocupación que ya venía afectando a importantes sectores de la población.
En cumplimiento de esos objetivos, el gobierno nacional sancionó el decreto 2069/93 que dispuso la disminución de contribuciones patronales para la producción primaria, la industria, la construcción, el turismo y las investigaciones científica y tecnológica.
Sin embargo, los índices de la tasa de desocupación de los años posteriores a 1993 demuestran que el desempleo en lugar de bajar, subió.
La evolución de la tasa de desocupación en esos años fue la siguiente:

 1992: 7,0 %
 1993: 9,6 %
 1994: 11,5 %
 1995: 17,5 %
 1996: 17,2 %
 1997: 17,9 %

De ello se desprende claramente que la baja de las contribuciones no tuvo el efecto que se pretendía en sus objetivos. Los hechos y los índices demostraron que siguió el camino contrario. Mayor índice de desocupación significa, entre otras cosas, menos trabadores cubiertos por el Sistema de Salud y menos aportes de obra social.
Como cualquier medida de gobierno, tenemos que analizar qué impacto tendría la eventual baja de contribuciones patronales en un 33 % como la que impulsa, al menos, un sector del gobierno nacional.
Resulta inequívoco que, de modo inmediato, esa disminución produciría un ahorro en el sector patronal. Es decir, habría un “beneficio” para el empresariado desde que no se está reduciendo el aporte del trabajador.
Por otra parte, esa baja produciría también un impacto equivalente aproximadamente a una reducción de tres mil seiscientos millones ($ 3.600.000) en la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución.
Es importante destacar que los gastos médico-asistenciales de las obras sociales son regidos por un aumento de costos que -en particular en el sector medicamentos- van habitualmente por encima de los índices de inflación. Por lo tanto, la disminución de las contribuciones con esos destinos implicará, necesariamente, un deterioro o directamente la eliminación de prácticas de salud.
La reducción de contribuciones destinadas a la salud debe ser analizada con extremo cuidado, pues se vería directamente afectado este servicio que recibe la gente.
Para poder mantener la misma calidad de servicios, más que probablemente las obras sociales intenten conseguir auxilio económico y financiero del Estado Nacional, por vía del Fondo Solidario de Redistribución o de los recursos del Tesoro.
Si el porcentaje de las contribuciones patronales disminuyeren, obviamente, también disminuirá el ingreso de dicho Fondo Solidario de Redistribución. Por ello, claramente, no habrá dinero suficiente para atender estas necesidades prestacionales.
Así, sólo cabría pedir socorro al Tesoro Nacional, quien podría acudir en ayuda del Sistema Nacional del Seguro de Salud si modificamos las fuentes de financiamiento actuales de este subsector de la salud.
Además, hay que considerar que las contribuciones no financian una prestación a cargo de un organismo público; sino en cabeza de entidades de derecho público no estatal, como son las obras sociales nacionales, según lo dispuesto por el art. 2 de la ley 23.660.
En consecuencia, el problema excede los límites impuestos por los problemas de competitividad empresarial y afecta, sustancialmente, temas vinculados con la distribución del ingreso. Es indudable que el desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución y de las obras sociales, profundizará las inequidades presentes en el sistema.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que hay aproximadamente cuatro millones (4.000.000) millones de argentinos que hoy “desregulan” sus aportes en las empresas de medicina privada, en donde su cuota de plan está compuesta por un pago de bolsillo y el componente de la Seguridad Social, al verse disminuida la contribución será aún mayor lo que deba integrar de su dinero personal para sostener el mismo plan de salud.
Finalmente, se debe considerar que los cambios en la distribución del ingreso en favor de la rentabilidad de las empresas afectan, no sólo al sector público sino también las prestaciones de salud de los trabajadores y de los jubilados