Si hiciéramos un inventario de los activos de nuestro país, tal vez nos sorprenderíamos al descubrir que no carecemos, en su conjunto, gravemente de ninguno de los componentes necesarios para proveer a la población de una atención de salud de calidad. A excepción, claro está, del factor acaso más importante: la articulación de dichos elementos según una planificación estratégica y bajo una evaluación permanente.
Efectivamente, en su mayoría, los recursos, profesionales y hasta instituciones que aparentemente “faltan”, en verdad están mal distribuidos, desaprovechados, mal controlados, y sobre todo poco o nada articulados. Si tenemos un Consejo Federal de Salud (COFESA), una Secretaría de Políticas Universitarias, Hospitales públicos, recursos tecnológicos, profesionales con experiencia, muchos estudiantes de medicina y un presupuesto nada desdeñable, lo que falta, principalmente, es el componente integrador y coordinador que haga funcionar a la orquesta como ensamble.
Dispersos entre los subsistemas público, privado y de obras sociales, con pronunciadas asimetrías regionales y con desequilibrios múltiples en un marco de fuerte inequidad social, el país semeja un conjunto de islas con náufragos por todos lados y salvavidas de todo tipo. Lo que necesitamos no son mejores salvavidas, sino una reconfiguración institucional que desde el Estado integre a los distintos elementos, haciendo valer la máxima de Aristóteles, según la cual el todo no es la simple suma de las partes.
Entre los distintos puntos que dicha integración requiere –cuyo resultado debiera ser un Sistema Federal Integrado de Salud–, un aspecto clave está constituido por la formación, la investigación y la producción (en nuestro caso) de salud. Aunque no desvinculado de otras áreas como por caso la producción de bienes insumos para la asistencia médica (desde productos ortopédicos hasta sueros, jeringas, agujas, etc.). De este modo se contribuiría, además, a mejorar la clásica, pero a veces olvidada regla de oro del desarrollo nacional: el equilibrio entre los términos de intercambio, al sustituir importaciones con valor agregado por industrialización local.
Estamos hablando de la vinculación entre el conocimiento y la producción, donde las Universidades en general, y las públicas en particular, tienen –o deberían tener– un lugar destacado. Pero esto no significa poner a las Universidades a merced del Mercado, ni convertirlas en apéndices de las empresas, ni tampoco subordinarlas al poder político de turno, sino ponerlas a la altura de la obligación del diálogo con otras agencias estatales para establecer un proyecto nacional. Asumiendo así el rol protagónico en la construcción de opciones que la realidad demanda.
Tampoco implica un desmedro de la autonomía universitaria, ni de la científica, sino entender que esas conquistas son una herramienta de libertad que debe aprovecharse para contribuir al beneficio del conjunto de la sociedad que la sostiene en su lugar, no como una prebenda sectorial, sino como un activo social. ¿Dónde queda, si no, la responsabilidad por participar en el desarrollo social? Su actitud individual y espontánea oblitera la posibilidad de tomar posición por un progreso armónico y así asumir su peso institucional. Es de vital interés que la Educación Superior se comprometa con sus esfuerzos pedagógicos a fin de mejorar la actual situación del país participando en la edificación de un sistema sustentable en todos los ámbitos, pero particularmente en el de la Salud donde prima un colapso sanitario que demanda un diseño de políticas públicas equilibradas.
En la actual condición sanitaria argentina, con carencia de profesionales en especialidades nodales (especialidades médicas como pediatría, anestesistas, terapia intensiva, parteras, emergentólogos para las guardias, enfermeras, entre otros), el rol más importante de nuestras 35 facultades de Medicina del país es asumir la responsabilidad que les compete. Ya el Dr. Alfredo Lanari sostenía que en lugar de un cupo de ingreso fijo procuraría que se llegara a un número adecuado teniendo en cuenta los requerimientos por especialidades.
Asimismo, quien fuera rector de la Universidad de Buenos Aires, Risieri Frondizi, sostenía que la autonomía universitaria “así como libera de influjos extraños (dogmas), debe ejercerse de modo responsable”. Autonomía entendida como un medio para afianzar la libertad académica y de cátedra, pero no para dar la espalda a la sociedad, sino para servirla mejor. No según los dictámenes unilaterales de políticos o empresarios, pero sí según una evaluación conjunta de las necesidades y problemas sociales que tiene la Nación de la que es parte y los ciudadanos que la sostienen. En dos palabras, universidades autónomas, pero con responsabilidad social.
Próximos como estamos al centenario de la Reforma Universitaria de 1918, vale recordar que además de la de cogobierno autónomo, otra bandera fue la triple función de formación, investigación y extensión universitarias.
El político no le dice al científico cómo investigar, y ni siquiera debe imponerle qué investigar, pero el Estado en su conjunto, del que la universidad pública forma parte, sí debe reconocer las necesidades de la población para que la comunidad científica y universitaria encuentre la mejor manera de realizar un aporte. Tal vez fuera necesaria una agencia de enlace que facilite como correas de transmisión las directrices del Estado, entre organismos oficiales ya existentes, pero que no siempre están a la altura de sus nomenclaturas.
Ante todo, debe establecerse con claridad que la prioridad universitaria es contribuir a reparar las necesidades de interés reconociendo las vacancias cualitativas en los recursos profesionales, y quien debe requerirlos es el Estado. No pasa este tema crucial por el libre juego del mercado, como si se tratara de un bien a merced de la oferta y demanda, sino que constituye una base ineludible para asegurar un derecho fundamental como lo es la salud. Y dado que solo la universidad forma a los profesionales, ésta tiene que brindar dicho servicio a la sociedad, cumpliendo los requerimientos fijados por el Estado, y así volver a ocupar el rol de vanguardia que no deberían resignar. Para ello cuenta con el Ministerio Nacional de Salud Pública y el Ministerio Nacional de Educación, que poseen los instrumentos para cumplimentar estos objetivos, a saber, la Superintendencia de Seguros de Salud, el COFESA, y la CONEAU que dependen de la Secretaría de Políticas Universitarias, de manera tal que se articulen a través de una agencia específica. A ellos les compete encarar de frente este tema tan sensible como profundo. Bien vale lo señalado por Jean-Marie Domenach cuando afirma que “lo contrario de la responsabilidad no es la irresponsabilidad, sino el conformismo”.
De esta manera, el Estado daría un paso fundamental para cumplir con el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que forma parte de nuestra Constitución Nacional: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
La fragmentación social general y sanitaria en particular se condice con un Estado archipiélago que en su accionar inconexo se ve incapaz de generar las transformaciones necesarias. No se pretende un Estado omnipotente, pues sigue valiendo lo que sostenía en mis escritos ya hace 30 años: “ni el Estado está en condiciones de asumir el monopolio sanitario, ni la actividad privada está en condiciones de tutelar la salud del conjunto de la población”. Pero tampoco cabe resignarse a un Estado ausente en su rol de garante y tutor responsable con instituciones anquilosadas. Se requiere por el contrario de la dirección precisa de un Estado integrado e integrador que lidere la asunción de responsabilidad y solidaridad de todos los actores involucrados