Hace poco más de un año (setiembre 2016) el gobierno nacional daba sanción a un conjunto de decretos entre los que se encontraba la puesta en marcha de la estrategia de Cobertura Universal de Salud (CUS). La CUS significa una clara apuesta a fortalecer el subsector público de la salud y es el gran objetivo del gobierno en esa área.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD EN NUESTRO PAÍS

La CUS está dirigida principalmente a la población con cobertura exclusiva del Estado, esto es, aquellos que no tienen otra cobertura como de alguna obra social o prepaga médica. Aproximadamente son 15 millones de personas que actualmente se atienden exclusivamente en el subsector público de salud. Dentro de este colectivo se encuentra la población socialmente más vulnerable, los desocupados o quienes trabajan informalmente.
Se trata fundamentalmente de un programa de fortalecimiento del sector público de la salud basado en una estrategia de Atención Primaria de la Salud y enmarcada en la extensión de la protección social en salud.
Sus apuestas más fuertes tienen que ver con el sistema de información, con la mejora de la accesibilidad, con un ordenamiento del sistema en forma creciente de complejidad y en un modelo basado en la responsabilidad del estado sobre la salud de la población.
Respecto al sistema de información propone como temas destacados la conformación de un padrón de beneficiarios y el uso de la historia clínica única, digitalizada lo que permite el acceso desde cualquier punto del país.
El sistema prevé el otorgamiento de turnos antedatados a los centros de salud a través de un call center gratuito y también vía web a fin de mejorar la accesibilidad administrativa. A su vez desde los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) se podrán asignar turnos hospitalarios a fin de agilizar derivaciones a especialistas o servicios de diagnósticos por imágenes y laboratorio, así como realizar interconsultas a través de sistemas de telemedicina con hospitales de mayor complejidad.
Plantea también como un hecho destacable la responsabilidad nominal. Esto es que a cada beneficiario se le asignará un centro de salud y un equipo de salud de referencia. Este equipo será el encargado del seguimiento de su población a cargo tanto en períodos de enfermedad como así también en forma preventiva.
El sistema no contempla ninguna forma de pago de bolsillo por parte de la población siendo financiado en principio por un fondo establecido por los decretos ante citados de 8.000 millones de pesos y luego por presupuesto. Quienes además posean otro tipo de cobertura podrán atenderse como hasta ahora sin ninguna restricción en los centros de salud públicos (CAPS, hospitales, otros) y éstos podrán facturar (también como hasta ahora) al financiador correspondiente con la novedad que plantea este programa cual es una gran agilización de los mecanismos de facturación y cobro de esos montos. La CUS no plantea ningún tipo de entrecruzamiento de la financiación con el sector privado en el sentido de que el presupuesto público termine financiando servicios privados de ninguna naturaleza.
Actualmente se está desarrollando una prueba piloto en la ciudad mendocina de Guaymallén con la idea de comenzar a extenderlo a partir de este año.

EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA CUS

Los decretos antes citados del Poder Ejecutivo Nacional fueron una gran noticia y pusieron el eje en lo realmente urgente que es el fortalecimiento del subsector público, además de volver a poner el tema salud en la agenda política y de normalizar una deuda de larga data del Estado con la seguridad social.
Específicamente para la denominada CUS el decreto 908/2016 asigna un fondo de 8.000 millones de pesos por única vez a fin de darle impulso a su implementación.
Al analizar la importancia de esta medida no debemos dejar de lado el contexto. Venimos de un gobierno que a pesar de contar durante diez años con superávits gemelos y una macroeconomía fuerte no invirtió en salud. En los últimos años del gobierno anterior el deterioro del sistema fue mayúsculo. Los presupuestos para esta área tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires disminuyeron porcentualmente. La infraestructura del 80 % de los hospitales públicos provinciales quedó en estado calamitoso. El déficit en recursos humanos en áreas muy sensibles como medicina general, pediatría enfermería, terapistas intensivos, anestesiólogos, y muchos otros es alarmante. En algunos casos como en el municipio de Tres de Febrero, por ejemplo, la atención en los CAPS estaba directamente “privatizada” en manos de cooperadoras truchas. Los porcentajes en vacunación disminuyeron a niveles muy bajos en la población más vulnerable. Un gobierno cuyo principal objetivo, discurso y accionar fue la vuelta del Estado en contra de las reformas neoliberales anteriores, nacionalizando y estatizando empresas como Aerolíneas e YPF, subsidiando fuertemente energía y transporte, nacionalizando las AFJP, e interviniendo directamente en casi todas las áreas de la economía en una especie de contrarreforma de los 90. Sin embargo, no cambió prácticamente el esquema de los 90 en salud. No reformó ni intervino mayormente el sistema de salud. La salud no estuvo en la agenda salvo por algunas medidas o programas específicos. Algunos hitos muestran las prioridades que se tenían como la ley de medicina prepaga, la reforma de la APE y diferentes tipos de medidas para la seguridad social. Pero muy poco para el subsector público.
Es en este contexto que establecer la CUS como un eje central de gobierno toma real dimensión. Fortalecer el subsector público, implementar un sistema de información básico para la gestión del sistema, proponer un modelo de atención basada en la responsabilidad nominal haciendo eje en la prevención y mejorar la accesibilidad administrativa y económica es un avance significativo a como veníamos.

A FUTURO

Obviamente esto genera debate técnico y político. ¡Bienvenido sea! Es preferible debatir diferentes propuestas teniendo al sector público como eje a estar discutiendo sobre la atención de los 4 millones de personas con mayor capacidad adquisitiva.
Existirán seguramente problemas de implementación, dificultades, marcha atrás y tal vez no se lleguen a cumplir la totalidad de las metas. Pero ya el hecho de estar hablando de accesibilidad de los más vulnerables, de sistemas de información, nominalización, historia clínica electrónica es un adelanto enorme en un país en donde el subsector público de salud hace muchísimo tiempo que no es prioridad políticamente.
Desde mi punto de vista esto representa una luz de esperanza, la posibilidad de un principio de cambio hacia el lugar correcto que la gran mayoría de los que hacemos salud pública, aspiramos más allá de diferencias instrumentales. Por mi parte renuevo las esperanzas de un sistema mejor por el que pregoné siempre. El tiempo me dirá si lo logramos hacer o si será otra oportunidad perdida.

(*) Presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.