La salud resulta un derecho humano fundamental de todo ordenamiento jurídico. Porque se encuentra relacionado directamente con el derecho a la vida, y, por lo tanto, reviste carácter de indispensable para alcanzar el ejercicio de los restantes derechos de las personas. En nuestro país se encuentra protegido por una amplia gama de normas jurídicas de carácter internacional, que le dan rango constitucional. Podemos citar a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como múltiples convenciones. Desafortunadamente, este Derecho no les resulta alcanzable a todos en nuestro país. El particular sistema de salud que hemos inventado los argentinos hace todo lo posible para que esto no suceda. Y las particularidades que cada gobierno le van introduciendo aún más dificultades. ¿Es esto un problema de la sociedad que como actor principal no reclama por este derecho, o un problema del Estado que no alcanza a garantizarlo? Ambas cosas. Porque el problema de la salud no figura en el imaginario colectivo hasta que alguien individualmente no se enferma y requiere que se la resuelva, y porque el Estado no parece demasiado ocupado en alcanzar un consenso político -y no solo técnico- en el campo sanitario para que tal derecho sea realmente igualitario. ¿Sirven los dólares per cápita que se destinan anualmente al sistema de salud para garantizar esta igualdad idealizada? ¿O alguien se queda con más dólares de los que le corresponden a los demás? Si el costo social de esta pérdida de derecho es una parte del problema, entonces éste resulta ser complejo. Quizás demasiado.
Uno de los campos donde más se refleja el derecho a la salud es el vinculado al acceso a los medicamentos. Toda persona que sufra o a la que le aqueje alguna enfermedad o problema físico inmediatamente asocia su cura o alivio al consumo de un fármaco. La accesibilidad a la provisión de cualquier nuevo medicamento con características innovadoras que ingresa al mercado sanitario resulta entonces un objetivo deseado no solo por el paciente en particular, sino por la sociedad en su conjunto. Y también un elemento central para hacer posible y visible el derecho a la salud. Y si se lo considera un bien de interés público, entonces disponibilidad y acceso sin restricciones debieran ser objetivos centrales que preservar y hacer cumplir por parte de cualquier país, cuyas políticas de salud pública deseen ser coherentes con lo consagrado en los pactos arriba mencionados. Los Estados tienen entonces - en teoría - el deber de poner a disposición de la población los medicamentos necesarios y adecuados para hacer frente a las enfermedades, independientemente de cualquier cuestión o consideración. Pero su acceso efectivo se encuentra vinculado a un factor de carácter económico y de altísima relevancia: el precio. Si es muy elevado, se convertirá en una barrera infranqueable que hará añicos la disponibilidad, tema controvertido si lo hay. Y esa barrera configura una peligrosa imperfección del mercado sanitario.
Por ejemplo, el tratamiento completo para la Hepatitis C con la droga sofosbuvir cuesta 29.500 dólares por paciente en Europa (u$s 351/ comprimido), mientras en EE. UU. es de 84.000 dólares (u$s 1.000/comprimido) y en la Argentina oscila entre los 14.000 y 22.000 dólares según el laboratorio comercializador (u$s 261/comprimido). Egipto, sin embargo, produce el mismo fármaco genérico e idéntica efectividad por 900 dólares (u$s 10,7/ comprimido) y la India dispone de un producto idéntico por 200 dólares (u$s 2,38/comprimido). ¿Cuál es la razón de tal variabilidad y por ende de sus posibilidades de acceso? Uno de los factores que contribuye a las imperfecciones que caracterizan al mercado farmacéutico y que impacta en el precio tiene relación con la protección que se les da a los fármacos innovadores con las patentes de invención. La patente es un conjunto de derechos de exclusividad que se concede al inventor de un nuevo producto o tecnología susceptible de su explotación comercial por un período limitado de tiempo, por parte del Estado y a cambio de la divulgación posterior de la invención. De esta forma, el mercado logra funcionar en el sector farmacéutico muy rentablemente gracias a las patentes, que permiten imponer precios discrecionales a muchos productos novedosos.
El mayor inconveniente es que, con frecuencia, la patente no queda limitada solo a la invención. Mediante una sucesión de artilugios de todo tipo, las farmacéuticas procuran y muchas veces logran prolongar el período de exclusividad de sus moléculas más rentables, aun cuando la correspondiente a la patente de invención haya caducado. Y este monopolio continuo en el tiempo termina generando costos sociales de magnitud. Según la OMS, uno de cada tres pacientes no puede acceder a los fármacos necesarios para llevar una vida digna. De allí que proteger las patentes en forma tan férrea termina poniéndole un precio a la vida, y corriendo el riesgo de convertirse en una amenaza para la salud.
Patentes y acceso a medicamentos se vuelven dos variables estrechamente relacionadas, y juegan un rol relevante en la determinación del precio y la cantidad de medicamentos disponibles en el mercado. La excesiva regulación sobre una puede volcar dramáticamente el peso sobre la otra. Por ello es necesario encontrar un punto de equilibrio entre los intereses particulares de los titulares de derechos de patente y los globales de la salud pública. El derecho de propiedad intelectual, extendido por Estados Unidos y Europa al resto del mundo a través de la OMC por medio del ADPIC, debiera hoy fundamentarse -en un momento de agendas abiertas al multilateralismo- solo en las verdaderas innovaciones y no en patentes distorsivas asociadas que limitan tanto las líneas de investigación y desarrollo de nuevos productos como la introducción de los genéricos. De otro modo, las multinacionales del medicamento siempre se verán beneficiadas por el actual sistema, que protegerá en forma por demás dominante sus inversiones al extender la vigencia de la patente el mayor tiempo posible. Precisamente, la presión de países importadores de tecnología como Sudáfrica, India y Brasil en torno a defender su derecho a regular libremente en ciertas cuestiones vinculadas a las patentes - en especial en el campo de la salud - hizo que el área de la ciencia que mayores cambios experimentara con la adopción del anexo del ADPIC fuera el farmacéutico. Especialmente con la licencia obligatoria. En India, el laboratorio suizo Novartis perdió en 2013 la patente del imatinib (Glivec°) para tratar algunos tipos de cáncer hematológico por su negativa a bajar el precio.
Los países en desarrollo, dispuestos a promover la innovación local, enfrentan un dilema político en cuanto al nivel de la actividad inventiva que se debe exigir para conceder una patente, ya que normalmente sus reclamos resultan fragmentados y débiles. Mucho más en el campo sanitario, donde el dilema es como garantizar el derecho a la salud a través del acceso a los nuevos medicamentos. El conflicto entre el derecho humano a la salud y el derecho a la propiedad intelectual resulta entonces el nudo gordiano de la patente farmacéutica. Y se produce entre cuestiones humanas relativas a la calidad de vida y el beneficio económico que reporta la protección de la invención o la innovación. Si se la analiza en profundidad, el sistema de patentes farmacéuticas ha llevado a la generación de una costosísima industria improductiva y altamente concentrada, que no ha financiado tanto la I+D como se argumenta, sino privilegiado el marketing y la concentración monopolista.
¿Es posible imaginar un mundo con más derecho a la salud y menos rigidez en el derecho de exclusividad del inventor? No parece tan utópico. Parte de reconocer que, entre el primero, que es fundamental, y el segundo, que es una garantía comercial, se encuentra la innovación. Sin ella no hay posibilidad de lograr más alternativas terapéuticas novedosas y efectivas. Por lo tanto, lo que corresponde a los países es analizar la posibilidad de mantener ciertos derechos de patente, pero buscando incentivos alternativos que permitan la competencia por innovación, con líneas más efectivas de investigación y menos costosas de producción. Desafortunadamente, la reciente undécima Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en nuestro país no incorporó el tema de las patentes de medicamentos y su impacto en los sistemas de salud, tanto económico como sanitario. Detrás del tradicional esquema de negociaciones de la OMC existen compromisos políticos que van más allá de lo estrictamente comercial. Y una cuestión como la protección de patentes constituye un asunto que compromete las capacidades de acción autónoma, es decir soberanas de los países, en el plano económico, comercial y sanitario. Habrá que esperar otra oportunidad. Por ahora, Feliz 2018.


(*)  Profesor Titular -  Cátedra de Análisis de Mercado de Salud - Magister en Economía y  Gestión de la Salud - Fundación ISALUD.