Cuando aún tenemos viva la tragedia del ARA San Juan, debemos reflexionar qué otros sistemas o instituciones de nuestro país están en peligro para su subsistencia. Entre ellos sabemos de las crisis permanentes de la educación y la salud, pero al igual que lo que vivimos con el submarino, estos temas sólo son noticia o motivo de preocupación cuando se usan, se requiere de los servicios o cuando se denuncian sus problemas estructurales.
Al menos para la atención de la salud, en el resto del tiempo y mientras no se manifiesta alguna dolencia, el tema interesa poco probablemente porque, como ya escuchamos “es la economía…” lo que verdaderamente importa.
Más allá de este recurso de campaña, todo parece indicar que ése es el razonamiento mayoritario a la hora de asignar recursos para la atención de la salud. Tenemos el derecho a pensar así porque entre quienes disponen las asignaciones económicas para el sostén de esta atención, es común el pensamiento que, si se aumenta el gasto en salud, los resultados finales varían poco.
Y también este pensamiento es compartido con la educación cuando se afirma que por más que se aumente la inversión, los rendimientos incrementales de las evaluaciones, son pocos o nulos. Los resultados de las pruebas recientes lamentablemente confirman esta apreciación.
Ambas creencias se descubren falaces cuando se trata de atender la educación o la salud propias.
En el caso de la atención de la salud, las personas que sustentan criterios de la baja costo-eficiencia del sistema, exigen “lo mejor” que entienden que se les puede brindar. No tienen en cuenta su propio discurso ni cuál es el gasto asociado y exigen se cumpla con el modelo “para mí y los míos quiero todo”. En especial se dejan deslumbrar por la hotelería más que por la calidad médica.
Con estos condicionantes y en un país que tiene un gasto en salud del orden del 9% de su PBI, la primera pregunta es si el dinero disponible debería alcanzar o no.
La respuesta es: depende del subsector. Esto es así porque el principal problema de nuestra organización de atención de salud es la marcada diferencia del nivel socioeconómico y cultural de la población y éste es el principal componente que marca la posibilidad de acceso a los servicios.
En la división clásica de subsistemas de nuestro país, las diferencias de disponibilidad “per cápita”, puede multiplicarse diez veces entre los distintos segmentos.
Lo notable de esta observación no es solamente su magnitud, sino y muy especialmente, que el modelo más controversial, el del sistema solidario de las obras sociales, en el imaginario general resulta el peor, cuando en realidad es el que ha demostrado ser el más eficiente y el que brinda la mejor cobertura.
Este sistema solidario tiene muchos años de historia y ha permitido sostener la atención de millones de beneficiarios aún en las peores crisis políticas, económicas y sociales de nuestra República.
Por supuesto, es posible que requiera reformas y mejoras, pero sin embargo éstas serían mínimas cuando se compara con lo desvalido del sistema público y de lo costoso que resulta para los segmentos, incluso de ingresos medios de la población, el acceso a la medicina privada.
La verdadera pregunta es qué debemos hacer para que este sistema con tanta historia tenga garantizada su sustentabilidad frente a los desafíos de hoy.
El primero de los problemas que enfrenta el modelo solidario es su creciente desfinanciamiento. Éste se genera por dos causas, la pérdida de la solidaridad del sistema al producirse el “descreme”, fenómeno asociado a la fuga de los más jóvenes, con menor carga de enfermedad y con mejores ingresos, hacia las empresas de medicina prepaga por intermedio de otras obras sociales en un marco que requiere revisión. En segundo lugar, por la irrupción descontrolada de tecnología médica que incorpora medicamentos e insumos en algunas oportunidades más efectivos, pero absolutamente impagables con los recursos disponibles.
Se hace necesario repensar la relación entre los prescriptores, los administradores de fondos y los productores de tecnologías al tiempo que se establecen controles más estrictos para la autorización de la comercialización y obligación de cobertura, en especial por el sistema solidario.
Hoy las esperanzas están cifradas en proyectos tales como la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y el modelo de la CUS (Cobertura Universal de Salud).
Se requiere solucionar los problemas crónicos del subsector estatal en todos sus niveles. Si en el modelo de gestión pública el costo “per cápita” de la población asistida duplica el disponible por la seguridad social, poco puede pedirse al sistema solidario.
Pese a eso, cabe recordar que para poner en marcha la CUS se utilizaron fondos provenientes del Fondo de Reserva adeudado a las obras sociales. Que fueron aportados para mejorar el subsistema estatal y dotarlo de mejor calidad de infraestructura y tecnología, no para hacer frente al gasto corriente y que por ello es necesaria la participación del sector solidario en la asignación y uso de estos recursos.
Como conclusión y para evitar que el sistema de salud se hunda es imprescindible recolocar el tema en la opinión pública, explicar los inconvenientes, decidir qué salud queremos para nuestro pueblo y qué recursos afectaremos a tal fin.
De no hacerlo continuaremos el derrotero hacia el naufragio.

(*) Médico, diplomado en Salud Pública. Docente de Salud Pública. Director Médico de OSPSA Sanidad.