Al leer esta frase, quienes estamos inmersos en temas de seguridad social tendemos a asociarla con la realidad que hoy nos toca vivir. A nuestro sector, cada día, se le suman más obligaciones a cubrir, situación que está ligada a la problemática que conlleva la aplicación de nuevas tecnologías vinculadas al cuidado de la salud, la incorporación de innovadoras prácticas de diagnóstico y tratamiento, y nuevos medicamentos de altísimo costo, muchos de los cuales se encuentran en una fase experimental con resultados aún no garantizados.
El costo agregado que estos factores imponen sobre este sector, parece no tener límites.
No podemos negar, ni deseamos hacerlo, lo virtuoso que significa para nuestra misión, contar con el uso racional de toda esta batería de nuevas herramientas. Pero su uso abusivo e irresponsable, causa en primer lugar, para el paciente y luego para quienes tenemos la obligación de financiarlo daños significativos.
Por otra parte, en algunos casos, las prestaciones y/o los medicamentos alcanzan valores, que sobrepasan la posibilidad de asumir su costo, para los financiadores ya sean agentes de la seguridad social o empresas de medicina prepaga.
Para reafirmar esta posición y a modo de ejemplo, recordemos que durante el año que concluimos, surgió un tratamiento para la atrofia muscular espinal (AME) cuyo costo para el primer año de aplicación es hoy de u$s 480.000.- y del orden de u$s 300.000.- para los años sucesivos, luego de haber registrado una baja significativa en su costo original de u$s 750.000.- para el primer año. La gran mayoría de quienes conforman el universo que debe financiarlo no está en condiciones de hacerlo.
No está de más decir, que comprendemos a quienes padecen un problema de salud y a sus familiares, cuando exteriorizan sus solicitudes de cobertura. Entendemos que todas ellas son válidas. No debe ser quien debe enfrentar una enfermedad el que deba discernir como afrontarlas y financiarlas. Todos podemos estar en una situación similar.
Es el estado quien debe regular qué prestaciones se deben dar y cómo deben ser económicamente solventadas.
En este escenario, se hace necesario generar un mecanismo que permita establecer en qué casos la nueva tecnología implicará un salto cualitativo para la salud y cuál será el costo que se tendrá que afrontar. Por eso es fundamental que el Estado establezca una reglamentación que regule esta situación y encuentre un justo equilibrio que permita seguir brindando al paciente y su familia la prestación necesaria y contención debida. Es por eso que abogamos por una pronta puesta en marcha de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria ya que permitirá evaluar cuál es la contribución real de las nuevas tecnologías, y estimar si el costo de hacerlo es acorde con el resultado que a su vez proporcionan. De no ser así más cañones se sumarán a la torre.
No se trata de limitar el sistema de salud, sino de llevar a cabo un análisis de la situación y planificar un sistema que contemple a todos los actores. Sería un error pensar que sólo una parte del sistema puede afrontar todos los impactos sin ver afectada su salud económica.
Por otra parte, otros factores inciden drásticamente sobre la situación que hoy atraviesa el sector, las medidas cautelares son uno de ellos, hasta mediados de octubre de 2017, los pedidos judicializados, en su gran mayoría por causas no incluidas en el PMO (Plan Médico Obligatorio) ni en la contratación de servicios, aumentaron un 30% respecto de 2016. Asimismo, en un altísimo porcentaje estos casos no revisten riesgo de vida. La judicialización comienza a ser parte de esta sobrecarga que afecta a la torre en la medida en que se constituye en una coadministradora de sus recursos sin tener mayor conocimiento del impacto que la medida le causará. Los amparos judiciales se convierten en más y más cañones.
De lo que se trata entonces es de generar un nuevo marco jurídico y una interpretación de la Constitución que permita que los jueces puedan incluir en sus decisiones las eventuales repercusiones económicas que impactan sobre el sistema de salud, y las consideraciones sobre el costo-beneficio realizadas por un organismo estatal independiente.
Por otra parte, la justicia debería recordar que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando éstos impactan sobre el interés general, afectando los derechos de incidencia colectiva. En este sentido, y volviendo a la metáfora inicial, nos preguntamos: ¿hasta qué punto la torre podrá sostener nuevos cañones sin colapsar?
Otro factor, que no debemos omitir, es la inclusión de nuevas coberturas mediante el dictado de leyes sin legislar cómo se debe financiar. Más cañones sin duda.
La Argentina debe incorporar, como ya dijimos, a la brevedad la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, como ocurre en países como Gran Bretaña, Alemania, Brasil, México o Colombia, permitiendo que el PMO establezca claramente qué prestaciones se deben brindar en forma taxativa, definiendo un techo para su cumplimiento, y no se convierta en un cheque en blanco de exigencias inciertas no acordadas, y cuya responsabilidad debería asumir el Estado como garante del derecho universal a la salud.
Lo cierto es que la torre no resiste más cañones, y lo que necesita es un Estado que promueva un sistema de salud equitativo y solidario. La torre no puede ser otra cosa que torre y soportar la carga para la cual fue construida. Asignarle funciones indiscriminadas tendrá como resultado su total colapso.


(*) Federación Argentina de Obras Sociales del Personal de Dirección