El consumo de bebidas azucaradas es un grave problema de salud pública. Menor consumo de estas bebidas, ricas en glucosa, fructosa o sacarosa, significaría en la población una mejor nutrición, y reducción de la prevalencia de sobrepeso, obesidad, diabetes y caries dentales.
En 2014 la OMS reportaba casi un 40% de la población adulta del mundo en niveles de sobrepeso, y un aumento de la obesidad de más del doble entre 1980 y 2014, llegando a unos 500 millones de adultos. Estimaba también unos 42 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad en 2015.
En América latina sobrepeso y obesidad afectan a alrededor del 25% de los menores de 19 años. En Estados Unidos a uno de cada tres niños y jóvenes entre 6 y 19 años.
Respecto de la diabetes, el número de personas que la padecen también aumentó de 108 millones en 1980, a 422 millones en 2014. La OMS estima que la enfermedad fue directamente responsable de 1,5 millones de muertes en 2012.
El aporte de gran cantidad de calorías vacías, es particularmente nocivo en los niños, los adolescentes y adultos jóvenes, y especialmente en los más pobres.
Para el ministro de Salud, un experto en epidemiología y enfermedades crónicas, la situación en la Argentina es clara: a mediados de noviembre Rubinstein afirmó que la obesidad infantil es el principal problema de salud pública en la Argentina, sosteniendo que ha aumentado entre nosotros más del 40% en los últimos ocho años. Y que en la Región somos el primer consumidor de bebidas azucaras per cápita. Por lo tanto, no dudó en definir el problema como “una epidemia gravísima que puede hipotecar el futuro de la próxima generación”.
Aquellas declaraciones se alineaban con el anuncio del proyecto de reforma fiscal elaborado por el Gobierno a fines de octubre, en el que se incluía el incremento del impuesto a las bebidas azucaradas, del 8% al 20%.
Y es que las recomendaciones internacionales para enfrentar este problema enfatizan en la utilidad de las medidas fiscales: se estima que un aumento del 20% en el precio de estos productos implicaría un impacto positivo, en términos sanitarios, particularmente en los sectores sociales más expuestos y vulnerables.
No es, claro, la única medida, pero sí se la considera de alta efectividad, y otros países la implementan con éxito (por ejemplo, México).
Las declaraciones del ministro y la existencia en el proyecto de Ley que proponía el Ejecutivo de un aumento del gravamen también al alcohol parecían marcar un rumbo auspicioso en materia de articulación de políticas públicas en favor de la Salud. Un camino escasamente transitado entre nosotros. Muchos nos entusiasmamos.
Claramente, se avecinaba una confrontación: ya en setiembre de este año el gobernador de Tucumán, y ex Ministro de Salud de la Nación, había reaccionado fuertemente contra una ordenanza del gobierno de la Ciudad de Córdoba restringiendo la oferta de azúcar en locales gastronómicos de la ciudad. El 12/09 afirmó en el diario La Gaceta, de esa provincia: “Esta ordenanza nos preocupa porque no responde a ningún criterio sanitario. Yo he defendido el azúcar en Ginebra y en distintos lugares porque cada tanto hay una avanzada de estas características en contra de nuestra principal producción. Por eso decidimos ponernos al frente de la defensa del azúcar”. En la misma sintonía se había manifestado el Centro Azucarero Argentino: “los fundamentos de la norma, que declara a Córdoba ‘Ciudad Responsable’ en el consumo de azúcar, parten de un desconocimiento supino del problema; de afirmaciones falsas, como que el azúcar provoca daños a la salud, y de sugerencias equívocas, como que su carencia es síntoma de vida sana, cuando en rigor es un nutriente que en sí mismo no ocasiona daños a la salud”.
Temían que el ejemplo se extendiera a otras ciudades, y eventualmente al plano nacional.
De manera que con el anuncio de la reforma fiscal el conflicto escaló rápidamente.
La reacción de la industria de las bebidas gaseosas fue rápida y contundente: Coca Cola dejó trascender que frenaría inversiones por unos u$s 1.000 millones en nuestro país y dejaría de comprar jugos a productores citrícolas por unos u$s 250 millones.
En los días previos a la redacción de estas líneas el gobierno nacional priorizó la necesidad de la pronta aprobación por el Congreso de un paquete de medidas para la reforma del sistema previsional, para lo cual requería votos de legisladores opositores.
Los acontecimientos se precipitaron.
El 13 de diciembre el diario Ámbito Financiero informó que “La apuesta del Gobierno giró hacia la Reforma Previsional y concedió al Ejecutivo tucumano la eliminación de la suba a cambio del apoyo en los cambios propuestos al cálculo del régimen de jubilaciones y pensiones”.
El senador tucumano Alperovich escribió en su Tweet ese día: “Hace unos minutos me confirmaron que NO habrá aumento en los impuestos de las bebidas azucaradas. Este fue uno de los pedidos que hice a los ministros nacionales”.
A la luz de lo sucedido el 15 de diciembre en el Congreso Nacional el apoyo prometido no se produjo.
Las palabras del Ministro de Salud no fueron oídas por el propio Gobierno.
En cualquier caso, no será la primera vez que una medida trascendente de política sanitaria naufraga en las inciertas aguas de la negociación política.
Y siempre es más rentable, en varios sentidos, promover programas asistenciales que impliquen compras de medicamentos e insumos, que articular y sostener políticas de fondo, más allá de los acotados límites del asistencialismo. Algo que, también, ya hemos visto antes.

(*) Médico. Máster en Economía y Ciencias Políticas.