El 14 de junio, se dictó el decreto N°554/2018 a través del cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso una reducción del cincuenta por ciento (50%) del subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) y la creación del nuevo subsidio para mayores de 65 años.

· Más allá de las consideraciones políticas que se han efectuado sobre el dictado de la norma, vinculándola a las medidas de fuerza dispuestas por la Confederación General del Trabajo para el día 25 de ese mismo mes (Paro General), parece prudente analizar los considerandos de la decisión para entender o tratar de entender la realidad financiera y económica del Sistema Nacional del Seguro de Salud en la actualidad.

El Subsidio de Mitigación de Asimetrías nació a través del decreto 1609/2012 y originariamente distribuyó el cinco por ciento (5%) de la recaudación total del sistema entre las obras sociales, con diferentes mecanismos se trate de obras sociales de más o de menos del cinco mil (5.000) afiliados y con topes vinculados a la recaudación por aportes y contribuciones.
Posteriormente, mediante el decreto 1368/2013 se instituyó el Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial (SUMARTE), que distribuyó (y distribuye) el uno con cincuenta por ciento (1,50%) de la recaudación y el Subsidio para Mayores de 70 años (suma 70), que conlleva una distribución del cero setenta por ciento (0,70%), adicionándosele un uno por ciento (1%) al SUMA que pasó a distribuir el seis por ciento (6%) de la recaudación total del sistema.
A esos tres mecanismos de distribución automática debemos agregar dos más: el SANO (Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales), cuya última actualización normativa data del decreto 921/2016 y la llamada distribución por INTEGRACIÓN, relacionada con los subsidios para las prestaciones por discapacidad instituidos por el decreto 904/2018.
Todos estos instrumentos han servido, desde su creación y hasta el momento, para distribuir de manera automática los recursos del Fondo Solidario de Redistribución. Ya nos hemos referido a ello en números anteriores de esta misma revista.
Pero además de estos destinos, los recursos del FSR deben atender no sólo a los gastos operativos de la Superintendencia de Servicios de Salud (salarios del personal, gastos, etc.) sino también a cubrir los reintegros que se tramitan a través del SISTEMA ÚNICO DE REINTEGROS (SUR).
De los considerandos del decreto aludido se deduce que los fondos no alcanzan para todo. Entonces, la solución propuesta por la norma ha sido la reducción de uno de los subsidios que más dinero distribuye entre las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Pensamos que el recurso encontrado resuelve el problema del organismo de aplicación, pero no el de los agentes del seguro. O lo que es peor, se los traslada y agrava su situación financiera. No es tema de esta nota, pero es importante señalar que la distribución del SUMA en los modos en que se efectúa no resulta equitativa, porque al distribuir el 80% de los fondos por la cantidad de afiliados de cada obra social -sin tener en cuenta el ingreso de cada una por aportes y contribuciones- significa entregar los mismos importes a obras sociales “ricas” y a las “pobres”.
La doctrina de la “sábana corta” implica sacar dinero de un lado para ponerlo en otro, pero la fuente de recursos sigue siendo la misma.
Frente a ello, se hace necesario pensar en otras fuentes de financiamiento que permitan sostener los recursos que hoy perciben las obras sociales. En este sentido, no se explica la razón por la cual el Ministerio de Salud dictó la Resolución n° 1641/2017-MSAL que asignó los fondos que aportó la obra social OSDE con motivo del acuerdo conciliatorio al que arribara junto con la Superintendencia de Servicios de Salud, a la estrategia de la Cobertura Universal de Salud. En otras palabras, si los recursos del FSR no alcanzan para cubrir todas las necesidades por qué se permite que aproximadamente dos mil millones de pesos ($ 2.000.000.000) que debieron haber ingresado a él, tengan otro destino.
Pensemos también en la cápita que abona el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que asciende actualmente a ciento noventa y dos pesos ($ 192) desde el año 2010 hasta la actualidad. Parece un chiste de mal gusto preguntar si una obra social puede brindar prestaciones del Programa Médico Obligatorio a un afiliado mayor de 65 años con esos recursos. Para ello, el nuevo decreto otorga más fondos del FSR para atender a esos afiliados, aunque es dable señalar que no debiera ser el Fondo quien compense lo que el PAMI ha dejado de pagar hace ya más de ocho (8) años.
Los expresados son sólo dos ejemplos de lo que queremos señalar. La teoría de la sábana corta no soluciona el problema. Como dijimos antes, lo agrava.