En el corriente mes, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el Decreto 688/2019 (Boletín Oficial del 7 de octubre de 2019), que establece exenciones y reducciones para las contribuciones patronales que abonan los “servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud”.
El beneficio al que alude la norma está vinculado a los aportes patronales que se devenguen a partir del 1 de agosto de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2021, y está fundado -según los considerandos del decreto- en la situación económica correspondiente al ramo o actividad relacionada con la salud, “conformada por los prestadores de servicios de asistencia sanitaria, médica o paramédica y las obras sociales, (que) es atravesada por una situación crítica y de emergencias sanitaria, que obstaculiza el debido cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social”.
Concretamente, la exención está vinculada a aportes patronales de esos empleadores relacionados con los aportes jubilatorios (Sistema Integrado Previsional Argentino) y se traduce (en números) al 10,77% del salario del trabajador.
En el decreto, se entiende por “empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud”, a los sujetos que desarrollen -como actividad principal- alguna de las comprendidas en el Anexo del referido decreto.
Ahora bien, para acceder al beneficio, dice el artículo 3° de la norma en cuestión, que “los empleadores deberán encontrarse previamente inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores y/o en el Registro Nacional de Obras Sociales, ambos de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD…”.
Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en los considerandos del decreto, no se alcanza a comprender cuál (o cuáles) ha sido la razón para excluir del beneficio a las empresas de medicina prepaga. Todas las motivaciones allí expuestas se pueden aplicar, sin excepciones, a todas ellas. Cuando en los fundamentos y en la parte dispositiva de la norma se habla de “instituciones relacionadas con la salud”, “mercado de la salud” y demás expresiones que se refieren a un sector en particular, no se vislumbra motivo por el que no se las considera incluidas en la disposición aludida. Si los costos en medicina avanzan a una velocidad mayor que los costos en general, no hay motivo para omitir a otros financiadores, en el caso los privados, del alcance del beneficio.
La otra norma en cuestión es el decreto 700/2019 (Boletín Oficial del 10 de octubre de 2019) que dispone la “liberación”(1) de tres mil millones ($ 3.000.000) del FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN, para los que se fija un mecanismo de distribución basado en la cantidad de afiliados de cada Agente del Seguro de Salud.
Aclaremos previamente que los fondos a los que se refiere el artículo están generados por las posiciones de los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS 2020, previstos en el artículo 7 del Decreto de Necesidad y Urgencia 908/16, es decir, se trata de intereses generados por esos bonos y que -conforme la norma citada- deben ser integrados al Fondo Solidario de Redistribución.
El decreto en análisis establece un mecanismo de distribución entre las obras sociales, basado en dos premisas:

a) La cantidad de afiliados por agente del seguro de salud.
b) La cápita promedio de cada una de ellas, valorada de acuerdo con la recaudación del mes inmediatamente anterior al de la efectiva distribución.

En este último supuesto, la división será entre aquellos que superen los mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 1.450) y los que estén por debajo. Los primeros, serán merecedores del diez por ciento (10%) del total de la distribución (entre ellos), y los segundos del restante noventa por ciento (90%).
Más allá de la discusión doctrinaria (y económica) acerca de la justicia distributiva de separar ambos grupos(2), se trata de un mecanismo excepcional de distribución que, en nuestra opinión, responde más a la urgencia y al momento político que a la discusión técnica.
Si tenemos como ciertas las diversas fuentes oficiales y oficiosas que estiman que la Superintendencia de Servicios de Salud tiene para liquidar por el Sistema Único de Reintegro (SUR) aproximadamente diez mil millones ($ 10.000.000.000) en solicitudes de las obras sociales, los tres mil millones ahora involucrados pudieron servir para paliar esa deuda. Sin embargo, el Gobierno ha optado por una distribución que toma en cuenta otros parámetros.
Lo que aparece, en ambos casos, es una valoración de la crisis del sector (3) que significa un reconocimiento tardío y con apariencia de visión electoralista (4), que no tiene en cuenta los verdaderos problemas del sector. Más aún, tengamos en cuenta que la exención prevista en el decreto 688/2019 conllevará, necesariamente, un desfinanciamiento mayor del ya desfinanciado sistema jubilatorio.

1. Régimen excepcional de afectación y distribución, en la terminología del decreto.
2. Obsérvese que los mecanismos de distribución subsidiada como el SUMA no atienden al ingreso por aportes y contribuciones.
3. En los considerandos de las dos normas se hace referencia a la crisis del sector salud.
4. Al momento de escribir este artículo todavía no se ha producido el acto eleccionario nacional.