La medicina privada, además de ser una actividad sanitaria de alto valor social, por atender las necesidades médicas de la población (seis de cada diez argentinos utilizan el sistema privado), es un importante polo de la economía que contribuye al crecimiento del empleo de calidad y al desarrollo de la industria nacional.
Según datos del Ministerio de Producción y Trabajo, entre 2015 y 2019 el empleo asalariado registrado en el sector de la salud privada creció un 6% cuando en el resto de la economía bajó un 7,5%. Vemos así que, incluso en un contexto de crisis económica sostenida, el sector de la salud privada sigue siendo uno de los principales sectores que genera puestos de trabajo registrado y de calidad, aún habiéndose observado, en ese crecimiento, una fuerte desaceleración de las contrataciones de personal durante los últimos años.
La conjunción de ser una actividad económica de alto y sostenido crecimiento, con uso intensivo de mano de obra de alta calificación y mucha ingeniería en aparatología e insumos especializados, hace que la salud privada sea uno de los motores más importantes de creación de empleo asalariado formal y de demanda interna de productos a la industria nacional.
Ahora bien, como sabemos, el panorama de los prestadores dentro de la salud privada es extremadamente crítico. Somos la parte más débil de la cadena de valor de la salud. El formato ya instalado en cuanto a los plazos de pago de los financiadores a los prestadores médicos, sumado a los altos índices de inflación de los últimos años, no son sustentables. A su vez, la Superintendencia de Servicios de Salud le regula el precio a los prepagos, pero éstos no trasladan todo el aumento a los prestadores. En paralelo, los prestadores tienen al costo laboral como su principal erogación, donde el aumento de paritarias influye notoriamente en la cadena de valor, pero el problema es que los ingresos de los prestadores van por detrás de la inflación. Estos factores hacen que, mientras más se acelere la inflación, peor sea nuestra situación.
El año pasado fue muy difícil por la crisis financiera. Este año, más aún, por la enorme distorsión entre los retrasados aranceles médicos y el crecimiento de los costos de atención médica. El año próximo seguirá siendo muy difícil también, ya que una crisis económica tan profunda no puede solucionarse de un día para otro, por lo cual no estamos pensando en grandes inversiones; más bien, en hacer inversión de mantenimiento de recursos humanos, de equipamiento e infraestructura para mantener la calidad médica, y esperar a ver cómo sigue la economía antes de apostar por expansiones.
Cabe destacar que el Gobierno que se ha ido nos ha otorgado recientemente la posibilidad de tomar la totalidad del mínimo no imponible a las cargas sociales, como lo hizo con otros sectores en crisis –las economías regionales–, y esto es un buen paliativo. Sin embargo, ahora hay que seguir trabajando en un plan más integral que elimine las muchas distorsiones impositivas que nos ahogan, como la no devolución del IVA por las exenciones otorgadas a obras sociales y prepagas; la equiparación de la alícuota del Impuesto al Débito y Crédito bancario, a la que le han estipulado a las obras sociales establecer una moratoria fiscal amplia para el sector; las altas tasas de impuesto a los ingresos brutos de las provincias, las tasas de industria y comercio de los municipios, entre otros temas. Se estaba hablando de estos temas con las autoridades salientes pero la crisis del dólar y la inflación hicieron que lo urgente desplace lo importante.
Con las nuevas autoridades se tratará de retomar el tema de la necesaria reforma impositiva estructural. De nuestra parte, estaremos dispuestos a reunirnos, como lo hemos hecho con el Gobierno de Mauricio Macri, y compartir detalladamente el gravísimo cuadro de situación para acordar soluciones conjuntas al corto y mediano plazo.
Y si pensamos en vías de solución para todo el arco de la medicina privada de cara a 2020, en primer lugar, habría que perfeccionar la equidad del financiamiento, lo que implica mejorar la equidad distributiva en el uso del Fondo Solidario de Redistribución. La idea sería aumentar los recursos per cápita de los trabajadores asalariados registrados de menores ingresos. En segundo lugar, hay que tender a darle consistencia actuarial a los planes de salud de los grupos sub-financiados (monotributistas y servicio doméstico) de la seguridad social en función de sus reducidos aportes. Finalmente, hay que prever que la población está envejeciendo y, por lo tanto, en el futuro va a necesitar no sólo más recursos per cápita para los mayores de 60 años sino también una adaptación en el perfil de los prestadores médicos, matizando su organización interna hacia entornos y métodos de cuidados más amigables con poblaciones de edades avanzadas. Para torcer la tendencia de la medicina privada hacia una crisis de financiamiento hay que mejorar la consistencia actuarial del sistema de salud argentino.
Los desafíos a partir de 2020 son complejos y ambiciosos, pero profundamente necesarios para este sector en Emergencia, que sigue batallando y no abandona las esperanzas de mejora.


(*) Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina. www.adecra.org.ar