Entre los distintos desafíos que deberá afrontar el nuevo gobierno para mejorar la gobernanza y gestión sanitaria, se encuentra una dimensión fundamental y transversal al área, así como a muchas otras. Se trata de la dimensión territorial que en nuestro país presenta una heterogeneidad, extensión y ¬-hay que decirlo- desigualdad pronunciadas.
La llave estrella, aunque de ninguna manera mágica ni exclusiva, para abordar esta dimensión es el federalismo, concepto que el Presidente electo ha ponderado públicamente en más de una oportunidad. Un verdadero principio federal como rector de la gobernanza sanitaria es la condición para concretar una gestión coordinada, con regionalización y articulación en red.
Se entiende que un gobierno genuinamente federal es la única forma de reforzar un Estado nacional que alcance el conocimiento de todo el territorio, de toda la población, y del campo sanitario en particular, a fin de brindar las herramientas para garantizar una cobertura universal con las particularidades de cada lugar, de cada sistema, de cada especialidad y, en definitiva, de cada persona.
El mundo actual nos brinda nuevas herramientas, nuevas tecnologías como la digitalización, la inteligencia artificial usando la Big Data, y demás cuestiones. Pero debemos partir de la decisión política de aplicarlo y de hacerlo bien. En un momento que requiere de la transformación del sistema, con un Estado en un mundo en transformación, una brújula debe indicar la dirección. Esa guía es el uso adecuado de la tecnología actual que debe incorporar aspectos ineludibles como la telemedicina (de manera complementaria y no supletoria del examen presencial), acompañados de la infraestructura necesaria.
Nos referimos a aspectos que, para bien o mal, hacen ya a la salud en el siglo XXI, y que debemos tener en cuenta para la capacitación del personal y para la relación médico paciente. Claro que debemos procurar que el conocimiento no se pierda entre los datos. Recordemos la concatenación que debe unir, paso a paso, datos con información, conocimientos con comprensión, discernimiento con decisión, y finalmente, ya en la gestión, asignación con monitoreo.
Partimos de una distribución social territorial de necesidades varias sin compensación suficiente de políticas públicas. Necesidades que responden a una biodiversidad, tecnodiversidad, y diversidad cultural, referenciadas a territorios disímiles e identidades distintas (georreferencial) que conforman una configuración social por demás fragmentada en un contexto epocal de crisis crónica con extremos de anomia.
De aquí surge la necesidad de construir un Sistema Federal Integrado de Salud bajo un gobierno federal que sostenga una sanidad universal bien gestionada a partir de una planificación estratégica idónea. En definitiva, un proyecto compartido de Nación.
Salud para todos no puede significar un paquete cerrado y homogéneo para todos por igual, sino el trabajo de producir asistencia médica oportuna, eficiente y equitativa para cada uno de los habitantes del país. Implica políticas y programas sectorizados por región, edad, vulnerabilidad, etc. Para ello, se necesita conocer el territorio (que no es lo mismo que el mapa), lo que sólo es posible a partir del conocimiento directo de los actores y pobladores involucrados.
Un gobierno federal no es ni debería ser, aunque en la realidad actual se parezca, una autonomización provincial. La descentralización neoliberal de los años 90, se sabe, delegó en las provincias las competencias de gestión, pero no las partidas presupuestarias con monitoreo de gestión. El resultado ha sido pronunciar las desigualdades. El grado de autonomía puede variar según modelos prestacionales, pero siempre resulta fundamental la coordinación y control del máximo órgano responsable que es el Estado Nacional, garante último de la salud y seguridad de los ciudadanos.
La participación activa y responsable de cada provincia es el elemento primero, pero que debe incluir la participación y colaboración interprovincial y finalmente hacia el gobierno nacional, pues de ello depende precisamente su fortaleza. La directriz nacional resulta indispensable, pero su potencial no puede surgir sino de cada provincia. Y esto responde a principios del federalismo, pero sobre todo a la imposición de la realidad. Debemos admitir que el Estado Nacional no cuenta con instrumentos ni conocimientos indispensables para comenzar a trazar políticas públicas sanitarias con el detalle necesario. Un Observatorio Nacional de Salud y un mapa sanitario, entre otros, son insumos básicos que hoy no tenemos, y que sólo podremos construir con la activa participación de cada jurisdicción y también de prestadores privados, colegios médicos, universidades y otros actores con una relación, aunque sea indirecta con la salud (empresas, sindicatos, escuelas, etc.).
Esto, además, se vincula con la regionalización, que implica la creación de un instrumento único de información georreferencial, que permita la gestión eficiente de recursos para la satisfacción de las necesidades propias de cada espacio socio territorial, mediante la organización en red de los componentes (bajo claros criterios de economía de escala) y la fusión de fines a cumplimentar para concretar el derecho a la atención de salud. Esto quiere decir que no es necesario ni deseable que Jujuy, Salta y Tucumán, por caso, tengan separados y asilados parques tecnológicos, profesionales y técnicos de todas las especialidades, sino que trabajen en una red coordinada con una lógica en parte ambulante.
Hoy por hoy, no poseemos registros fehacientes que vayan desde la cantidad de médicos, especialistas, técnicos y demás profesionales que existen en cada provincia, hasta cuántas instituciones de salud y de qué tipo operan en cada lugar. Tampoco sabemos qué clase de parque tecnológico poseemos ni en qué condiciones. Mediante una red informativa eficiente y bajo la coordinación de las autoridades, en el marco de un gran Acuerdo Sanitario, pueden optimizarse los registros de pacientes, qué enfermedades prevalecen, cuántos son los tiempos de internación para cada dolencia y cómo son las listas de espera para las prácticas quirúrgicas. La ausencia de lo antedicho hace que los planes de salud se conviertan en deseos abstractos sin llegar a una planificación estratégica, a fin de lograr una programación concatenada, lógica, mediante una agenda precisa.
El Consejo Federal de Salud (COFESA) así como el Consejo Regional de Salud (CORESA) y las Unidades Ejecutoras Provinciales son los instrumentos específicos ya existentes que deben revitalizase para concretar el federalismo sanitario. Las provincias no deben ver al Estado Nacional como un actor externo, sino sentirse y ser parte del mismo.
Una vez más, un primer paso para avanzar en la construcción de un Sistema Federal Integrado de Salud debe empezar por fortalecer un gobierno nacional federal, que no puede comenzar sino por articular las competencias provinciales. Ambos polos, Nación y Provincias, deben reforzarse y constituirse mutuamente para que de la unión salga la fuerza y para que la fuerza nos una como país, diverso pero igualitario, con sus particularidades regionales, locales, culturales y económicas, pero con la misma dignidad humana y los mismos derechos ciudadanos.