Todo cambio de gobierno trae aparejado un período de expectativas e incertidumbre acerca de lo que vendrá.
En materia de salud, existen varios indicios que avizoran avances por la buena senda.
En primer término, la designación como ministro de un viejo conocido por todos nosotros, hace que aparezcan de antemano algunas certezas que seguramente no son tan visibles en otras áreas de gobierno.
Además, el retorno a la categoría de Ministerio constituye una novedad más que elogiable. No es un tema menor el rango que se le otorga a esta dependencia de la Administración. El hecho de colocarlo en el nivel de un Departamento de Estado, Dirección Nacional, Subsecretaría, Secretaría o Ministerio refleja de modo directo la importancia que le otorga el gobierno a la salud. Todavía emociona el recibimiento que tuvo el actual ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en la presentación de su equipo, al grito repetido de los asistentes de “Salud es Ministerio”. Cuestiones vinculadas con restricciones presupuestarias o búsquedas de disminución del déficit fiscal, no nos parecen argumentos suficientes como para justificar la disminución a la categoría de Secretaría. Más aun cuando, en el caso, observamos que algunos Ministerios continuaron manteniendo ese grado, más por el poder político circunstancial de quienes ocupaban determinadas carteras de gobierno, que por verdaderas razones de Estado.
Por otra parte, unos días antes de asumir como ministro, Ginés Gonzáles García, con respecto a las nuevas prestaciones que se fueron incorporando al PMO durante el mes de noviembre pasado, por parte del gobierno anterior, textualmente dijo: “Nadie puede estar en desacuerdo con la incorporación de nuevas prestaciones. El problema de este gobierno es que hizo un desastre de la economía argentina, por lo cual el sistema de obras sociales y el PAMI están desfinanciados. No pueden pagar hoy lo que deben pagar y están acumulando deudas graves. Después de no haber hecho nada y no haber cumplido con cosas tan esenciales como las vacunas, se les ocurre dinamitar el PMO agregando en los últimos 15 días una cantidad de prestaciones que no tienen asegurado el financiamiento. Porque ya lo que tiene que dar el sistema no tiene cómo pagarlo. Con lo cual, si no es mala intención o no es entorpecer el futuro, es irresponsabilidad absoluta de los gobernantes”.
De esta afirmación se desprenden diversas cuestiones, entre ellas, la introducción referida a que seguramente todos los argentinos estamos contentos en la inclusión de nuevas prestaciones de salud, pero no de modo irracional. Más adelante, el actual ministro señaló, en otras palabras, que no se puede agregar cobertura sin el reflejo del financiamiento necesario para ello. Estamos convencidos que una deuda pendiente que tenemos, no solamente el sector vinculado con la salud; sino toda la sociedad argentina, es el discutir de modo maduro y serio, cómo se financian las prestaciones que deben dar tanto las obras sociales, como las empresas de medicina prepaga. Oímos y reiteramos de modo permanente, en distintos foros, la irresponsabilidad que significa dictar cualquier tipo de norma -ley, decreto, resolución-, agregando coberturas al PMO, sin ningún tipo de análisis relacionado con la forma en que serán financiadas. Todos queremos tener la mayor cantidad de cobertura posible, pero ni aquí ni en ningún país del mundo ello se produce de modo infinito porque, precisamente, los recursos para afrontarla no lo son.
Como lo dijimos en otras oportunidades en esta revista, la suma de los aportes de los trabajadores, más las contribuciones de los patrones, los recursos del Fondo Solidario de Redistribución y los subsidios recibidos por las obras sociales SANO, SUMA 65, SUMA, SUMARTE, hoy resultan insuficientes para poder enfrentar los costos crecientes de la inflación en materia de Salud -aun superior al costo de vida-, de los nuevos medicamentos, de tratamientos especiales, etc.
Toda esta situación nos obliga a aguzar el ingenio para mejorar el financiamiento. Resulta inequívoco que, si el propio gobierno tiene como política asociar la cobertura con la prestación, el camino es el deseado.
Seguramente, cuando se haya editado esta revista, también estará aprobada la emergencia sanitaria que, entre otros temas, faculta al Ministerio de Salud a restablecer el suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas, garantizar el suministro de medicamentos para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social y el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas, y a considerar de modo especial la situación de crisis por la que están atravesando numerosas obras sociales, muchas de las cuales no por mala administración; sino por la significativa baja de trabajadores aportantes en los últimos años, el alto costo de la salud y la falta de relación -como dijimos- entre cobertura y financiamiento y, en ese sentido, suspender la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos y diagnósticos y tecnologías médicas al PMO, con excepción de aquellas que resulten de extrema e impostergable necesidad sanitaria y contribuyan a disminuir los costos de la salud.
Esperemos que estas señales sean la antesala de políticas permanentes en materia de salud por el camino correcto.