La nueva conducción de CEMPRA inició su mandato poco antes de la devaluación del mes de agosto que terminó de desequilibrar el sistema de salud. A pesar de las febriles negociaciones con el Gobierno intentando buscar medidas que contribuyeran a paliar la crisis provocada por los costos dolarizados en el marco de una inflación galopante, la carga de la judicialización y las prestaciones extra sanitarias que afronta el sistema privado, no se lograron avances. El fracaso del diálogo llevó al aumento de cuotas, un remiendo volátil, que se traduce en la migración de afiliados hacia planes más económicos o hacia otros sistemas.
Cuando hablamos de reconstruir es porque el sistema está dañado en grado extremo y nadie quiere asumirlo. La negación de los hechos es quizás la parte más agobiante pero también quizás lo más grave. Hoy la salud no es sustentable y de eso debemos hacernos cargo. Los gastos son mayores que los ingresos. Todos los componentes del sistema sanitario están desfinanciados y la calidad de cobertura y atención está deteriorándose rápidamente. Los pacientes sienten las consecuencias del desfinanciamiento en las listas de espera de cirugía, restricciones en estudios y medicamentos, demoras en los turnos, aumento de los copagos, nuevos planes más caros y de menor cobertura, etc.
Este escenario es aún más grave para las empresas pequeñas y medianas, muchas de las cuales ya están contra las cuerdas. Hoy el Estado, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo y el Judicial, está atacando al núcleo de valor de la asociatividad de la sociedad, estableciendo medidas que la desorganizan y debilitan. Un ejemplo de ello es que los sistemas deben atender las demandas de personas que están afuera de estos sistemas, con la eliminación de tiempos de carencia y regímenes de preexistencias. El Gobierno, que sabe que estas son las consecuencias de políticas irresponsables del Estado, en vez de atacar el problema, meramente mira sus consecuencias, como es el caso, de la Resolución 1904 dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que advierte el problema, pero no plantea una solución estructural.

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS GRAVES Y URGENTES POR RESOLVER?

Mientras el sector privado pone el foco hoy en su propia supervivencia, se plantean desafíos inéditos, como, por ejemplo, cómo hacer frente sin recursos al envejecimiento de la población y sus consecuencias sanitarias: enfermedades crónicas, discapacidad, medicamentos de costos millonarios y creciente demanda de cuidado especiales.
Es necesario innovar en la búsqueda de soluciones.
El sistema sanitario es uno solo y lo que se debe encontrar es un equilibrio que optimice su funcionamiento y cobertura y eficientice la sostenibilidad del conjunto.
Un concepto comparable sería el de la educación. No podría hoy pensarse el sistema educativo en el país sólo con escuelas públicas o con institutos totalmente privados, porque las escuelas públicas estarían colapsadas y las privadas serían sólo accesibles a un minúsculo grupo de élite.
Como ocurre en la educación, el Estado, a través de la disminución de la carga impositiva, puede contribuir a que las cuotas sean accesibles para un mayor número de usuarios, descomprimiendo el sistema público, y focalizando sus recursos en la atención de las poblaciones más vulnerables.
Otra medida para reconstituir el equilibrio es la reformulación de la atención de la discapacidad y las enfermedades que requieren tratamientos de alto costo (y dolarizado). Debería canalizarse toda la cobertura de estos pacientes a través de un organismo único, de financiamiento mixto, que sea especializado, que cuente con la última tecnología, que pueda realizar compras centralizadas, planificadas en base a estadísticas y trabaje con protocolos internacionales y validados de atención.
Una experiencia exitosa en ese sentido fue la compra conjunta de Factor VIII de coagulación para pacientes hemofílicos. Se unieron por primera vez el Ministerio de Salud, el PAMI, IOMA y otras Obras Sociales y lograron reducir un 80% el costo en la primera licitación. Un ahorro de 1.500 millones de pesos por año.
Hay que encontrar soluciones sin recortar derechos. Y hay ciertos aprendizajes que podemos tomar de otros países que aplicaron políticas sanitarias exitosas: poner un poco de racionalidad en la utilización de los recursos de salud (la desmedicalización de la sociedad, la desjudicialización de la salud, utilizar protocolos basados en la evidencia y evaluación de las tecnologías por su costo-efectividad, entre otros); generar las condiciones para prever, para planificar. Y, sobre todo, se necesita la integración de todos los sectores para generar una red sanitaria fuerte que pueda prever y afrontar el costo creciente de las prestaciones de salud. El cambio de gobierno permite la oportunidad única de analizar en conjunto todo el sistema sanitario, reordenarlo, llegar a consensos para corregir sus distorsiones y lograr políticas superadoras.

(*) Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina.