En la economía de la salud existen formas diversas para estimar la razonabilidad en la gestión de recursos cuando se trata de prestaciones o pro-ductos que implican una inversión de importancia.
Este tipo de evaluaciones pone en jaque las decisiones que se pretende tomar en un marco de racionalidad sin embargo lo que en realidad ocurre es el problema clásico de la falta de dinero suficiente para cubrir necesidades y expectativas en aumento.
Casi siempre se calcula valorizando la costo-efectividad y los años con calidad de vida que se ganan mediante la tecnología a aplicar, pero además se deben tener en cuenta un conjunto de factores que conducen a dudas, sesgos y contradicciones.
Como explicó Daniel Kahneman (Nobel de Economía 2002) es difícil aprender a pensar mejor y aunque creemos que somos racionales, nuestras decisiones dependen no sólo de nuestra capacidad de pensar y analizar situaciones, sino más bien de la interacción con el “sistema rápido” que es intuitivo y emocional.
Reconozcamos que vivimos tiempos turbulentos en organizaciones porosas donde las decisiones sobre el avance de las tecnologías nos provocan miedo porque, conscientes de su posible eficacia, no podemos dejar de pensar cómo se pueden solventar y qué otras necesidades dejaremos de cubrir.
En adjudicación de recursos para la atención de salud nos encontramos en forma permanente con este conflicto. Cuando racionalizamos entendemos que es imposible acceder a todo lo que existe independientemente de su costo. Pero cuando nos toca decidir sobre nosotros mismos o nuestros seres queridos, actuamos en forma totalmente distinta.
Es fácil aceptar las diferencias sociales y económicas en bienes y servicios suntuarios, aún cuando cada uno de nosotros tiene ideas propias sobre qué cosas integran el concepto de “lo prescindible”. Pero es muy difícil aceptar que los progresos científicos de los cuales depende la vida de una persona, sean restringidos exclusivamente a quienes pueden pagarlo.
Si bien hay sociedades donde mayoritariamente se acepta qué sí y qué no forma parte de la obligación de cobertura ya sea con impuestos al trabajo, renta nacional o cualquier otra forma solidaria, no es menos cierto que estos acuerdos se generaron hace años, cuando la expectativa de vida era distinta y muy especialmente, cuando el desarrollo tecnológico era muy diferente al actual. En esas épocas era posible que aún con sacrificio, los no pudientes pudieran acceder a prestaciones de salud que el conjunto había acordado no financiar.
Muy distinta es la situación actual. La tecnología nos desborda y hoy existen medicamentos de altísimo costo y otros a punto de lanzarse al mercado más costosos aún y que podrían ser adquiridos exclusivamente por los más ricos del planeta.
Si bien podemos caracterizar esta realidad como “epocal” ya que trasciende las fronteras de los países y se ha convertido en un dilema mundial de este tiempo, no es menos cierto que su impacto es más profundo en países con renta baja o media como el nuestro, y donde las desigualdades de acceso son manifiestas.
Como si esto fuera poco, cabe insistir una vez más que toda posibilidad de financiamiento racional desaparece en una especie de “Triángulo de las Bermudas” conformado por la judicialización de pedidos sin aval técnico, la legislación absurda y las tecnologías de súper alto costo.
De allí surge la necesidad en nuestro país de profundizar el debate sobre la atención de la salud. Particularmente porque pareciera que el tema sólo adquiere interés cuando, por tragedias o por casos particulares que acceden a titulares de gran impacto emocional, le prestamos atención.
Confiamos que la gestión que se inicia dará respuesta a estos problemas en un marco de racionalidad técnica y adecuada comprensión política que un pueblo sin salud y sin educación tampoco tiene futuro.

(*) Médico, diplomado en Salud Pública. Docente de Salud Pública. Director Médico de OSPSA Sanidad.