Desde 1978 venimos escuchando, y hablando, de la estrategia de atención primaria de la salud (APS). Desde entonces han corrido ríos de tinta (y mega- bytes en las redes…) abundando en las discusiones y formulaciones sobre aspectos conceptuales, metodológicos e instrumentales de la misma. Los más viejos, por ejemplo, recordamos acaloradas discusiones sobre “primaria, primitiva o esencial”, “estrategia o programa “y “atención primaria o primer nivel de atención”. Hemos leído también en estos años sobre varias reinterpretaciones, propuestas y adecuaciones de aquella primera declaración, incluyendo el debate sobre la traducción más adecuada del término en los múltiples idiomas en que debió formularse.
En cualquier caso, e independientemente de su reiteración en el discurso político sectorial a lo largo de los años, la implementación efectiva y generalizada de la estrategia sigue siendo entre nosotros una promesa incumplida.
Seguramente ha sido un obstáculo -y seguramente no el único- el hecho de que la inversión requerida para concretar seriamente la APS no es menor, y no parece políticamente rentable en el corto plazo, ya que se trata de motorizar procesos e importantes transformaciones culturales en la concepción, organización y gestión de los servicios de salud; por otra parte la implementación de APS implica una fuerte reorientación de los valores y contenidos que orientan la motivación y la formación del personal de salud, y particularmente en el caso argentino, una política de reformulación estructural del sistema de servicios de salud en términos de sus modalidades de financiamiento y prestación, por lo menos; y un fuerte compromiso efectivo de los gobiernos en la articulación y coordinación intersectoriales.
Convencidos de la centralidad que la APS debiera ocupar, el concepto de Salud Universal promovido en nuestra Región desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) define con claridad unos objetivos para los países conocido como “Pacto 30.30.30” cuyo objetivo es reafirmar que la salud es un derecho, y que universal significa que todas las personas tengan acceso y cobertura a servicios de salud integrales y de calidad, y a intervenciones para abordar los determinantes sociales de la salud, sin tener dificultades financieras.
Esos objetivos se orientan a lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable en 2030 (ODS), y son: transformar los sistemas de salud de la Región para eliminar las barreras de acceso en un porcentaje cercano al 30%, y conseguir que al menos el 30% del gasto público en Salud, que no debiera ser menor al 6% del PBI, se destine al primer nivel de atención -componente de la APS-.
En nuestro país, un reciente trabajo de la Secretaria de Salud ubica al gasto público en salud en el orden del 2,7% del PBI. Y no es posible saber cuánto de ese monto se destina a la atención primaria.
De manera que el esfuerzo pendiente para hacer realidad una transformación real de los servicios de salud con base en APS es muy grande.
A lo largo de estas décadas hemos venido escuchando de la atención primaria vinculada exclusivamente a políticas y programas del ámbito de los servicios de salud estatales.
Dicho esto, la cuestión que nos planteamos es: ¿se puede pensar en un sistema de salud integrado, eficiente, equitativo y de calidad, que proteja a las personas y sus familias independientemente de la disponibilidad de recursos financieros, sin que se involucre al conjunto de los recursos con que cuenta nuestro sistema?
Es un hecho que el Sector privado en la Argentina cuenta con una extensa red asistencial, con gran accesibilidad geográfica y cultural, integrada por gran cantidad de empresas pequeñas y medianas, y creemos que esos recursos sociales deben aportar activamente a la construcción de un modelo de cuidado de la salud fundamentado en la estrategia de APS.
Veamos algunos números, focalizando en el subsector de diagnóstico y tratamiento ambulatorio: según informa el propio Ministerio de Salud de la Nación, de los 22.751 establecimientos de ese tipo registrados, el 48% (10.968) son de propiedad privada, y están distribuidos en todo el país. Y ello en un contexto de aseguramiento en el que algo más de la mitad de la población argentina recibe servicios de salud en efectores privados, sea con financiamiento a través de la seguridad social o la medicina prepaga.
Desde CA.DI.ME venimos bregando desde hace muchos años por políticas públicas a favor de la regulación del sector, y la integración de recursos públicos y privados para el mejor cuidado de la salud de los argentinos.
Pero además estamos fuertemente comprometidos con los objetivos de Salud Universal y ODS; y en virtud de ellos hemos logrado nuestra incorporación como Miembros con Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).
Ello porque entendemos que la defensa de los intereses sectoriales de las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios ambulatorios, no puede limitarse solamente a la puja arancelaria, y es necesario avanzar hacia un mejor sistema de salud para los argentinos.
En mayo de 2020 realizaremos nuestra Segunda Jornada sobre la Articulación entre el Estado y los Privados y la Atención Primaria de la Salud, en la que contaremos con la presencia de organizaciones y referentes del sector político, de gobierno, prestadores, financiadores y especialmente de la sociedad civil; con el objetivo de motivar y fortalecer la voluntad y las capacidades para seguir avanzando juntamente con el Estado en la construcción de un sistema de salud eficiente, de calidad, accesible y equitativo.

(*) Médico, Máster en Economía y Ciencias Políticas. Gerente del Área Técnica de CA.DI.ME.