El filósofo Oscar Terán acuñó la idea del pluralismo negativo: espacio donde todos hablan, y nadie se escucha, cada uno dice su discurso y el otro aguanta hasta largar el suyo. Cada uno presenta datos, pero nada sirve para hacer síntesis, llegar a conclusiones o avanzar, aunque sea un paso en el camino de la interlocución.
Sucede en todas las esferas de nuestra sociedad, y en salud a veces de manera extrema, porque es un tema con el que se puede invocar valores morales, el bien de los otros, y reivindicar la necesidad del sacrificio y el esfuerzo. Es un mundo fértil para cultivar posiciones épicas sostenidas en verdades inapelables.
No hay que engañarse, ese heroísmo encubre una lista de intereses individuales y corporativos que se contabilizan en cargos, privilegios y contratos. Cuando un grupo de intereses ejerce alguna acción política, construye inmediatamente una versión catastrófica de lo que sucede y genera un clima de los que se defienden del despiadado ajuste que llevan adelante los ricos indiferentes.
Se invaden las redes con versiones de una fórmula que garantiza el éxito: los intereses dañados siempre son los de los pobres vulnerados y la interpretación es siempre emocional, de modo que es imposible anteponer datos, alegar conveniencia o racionalidad, lo que se juega se entiende sólo con el corazón.
El mundo de la salud está lleno de defensores del bien que hacen imposible el diálogo en un tema tan crucial para nuestra sociedad. Están escondidos en las redes, protagonizan encuentros académicos y diálogos televisivos y radiales.
Mientras transcurre una realidad dolorosa para los argentinos: desde los 70, la pobreza mundial disminuyó a la mitad, aquí se multiplicó por 4 (entre 1974 y 1982, lapso que incluye la dictadura, la tasa de pobreza osciló entre 8% y 10%; 34 años después, 13 millones de personas viven en situación de pobreza, y de ellos, 2,5 millones son indigentes).
Nuestro país fue incapaz de atraer las inversiones productivas necesarias y generar suficiente empleo de calidad (es difícil disimular esa triste realidad: según la EPH, entre el cuarto trimestre de 2017 y el de 2016, se crearon 694.000 puestos de trabajo: 27% correspondió a asalariados formales, 32% a asalariados en negro y 41% a cuentapropistas: hay más empleo, pero es más precario y el trabajo informal trepó al 34,2%, 6 décimas por encima del año anterior; el aumento de la tasa de empleo fue impulsado por el cuentapropismo y el trabajo en negro), y el Estado brindó empleo y subsidios para compensar las falencias de la economía.
El proceso se aceleró tras la crisis de principios de este siglo. Los 2.300.000 empleados públicos del año 2001 en nación, provincias y municipios se convirtieron en 3.600.000 en 2016 (el número de empleados públicos provinciales cada mil habitantes pasaron de 36 a 52 entre 2001 y 2016).
En esos 15 años, el empleo público aumentó más del 56%, mientras la población creció menos del 20%.
Los distintos Gobiernos, se endeudaron para financiar esa administración pública gigantesca e ineficiente, que es necesario reformar. Hay limitaciones políticas para encarar esa reforma; la principal, la resistencia de buena parte de la dirigencia política a abandonar definitivamente ciertas recetas, convertidas en parte de la cultura política argentina.
Mediante una reciente ley de compromiso fiscal, los gobernadores se habían comprometido a que, el gasto público de sus distritos no se incrementará en proporción mayor a la inflación y a que el empleo público provincial no creciera más que el aumento de la tasa poblacional. Hoy está en duda.
En los próximos años, la Argentina requiere transferir de manera gradual pero sostenida un millón de empleados del sector público al privado, incorporar un millón de jóvenes al mercado laboral y blanquear 2 de los 5 millones de trabajadores del sector informal, lo cual permitiría reducir los planes sociales.
Para eso, es necesario crear un millón de empleos por año. Ello requiere una educación que mejore la exclusión, no la actual, que no permite que aquellos expulsados de la fuerza laboral, y no tienen un empleo productivo, lo alcancen y difícilmente lo tengan, aunque la demanda laboral crezca (6 de cada 10 alumnos que llegan al último año del secundario y pertenecen a niveles socioeconómicos más bajos no pueden leer un texto simple y 9 de esos 10 son incapaces de resolver un ejercicio sencillo de matemáticas).
La ley de educación de 2006 puso como meta que: “las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa”, e incrementó la inversión en educación, para “lograr que, por lo menos el 30% de los alumnos de educación básica tuvieran acceso a escuelas de jornada completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas”.
Según el Ministerio de Educación, en 2018 sólo el 13,9% de los niños accedían a jornada extendida en el país, y en el conurbano bonaerense apenas el 6,3%, a pesar de que allí reside el mayor núcleo de la pobreza y la exclusión social. Entre 2003 y 2017 el nivel primario de gestión estatal perdió 263.099 alumnos y ganó 6.624 cargos docentes (un cargo cada 12 alumnos, y en algunas provincias, como Catamarca 1 cada 6. Australia, Japón, Holanda y Corea del Sur tienen un cargo cada 17 alumnos, Gran Bretaña y Francia 1 cada 20.
Nadie podía ignorar la inquietante brecha social, no es igual la percepción del problema, así sea muy clara, que tener su medida: la estadística es insumo clave en la definición de las políticas públicas. Se trata de un escandaloso retroceso colectivo, del cual todos los sectores políticos manifiestan dolor e indignación, aunque eluden proponer soluciones racionales basadas en presupuestos públicos.
Sería injusto endilgar la responsabilidad únicamente a las clases dirigentes, de una sociedad y un país al que le cuesta acoplarse, por falta de comprensión, o por permanecer anclado en el imaginario de un mundo que hace mucho dejó de existir.
Igualmente revela el fracaso de una dirigencia que prefiere navegar entre el silencio, la sorpresa y la indignación, sin hacerse cargo de la parte que le corresponde por tamaña decepción. Es consciente de que un país sólo se puede poner de pie si se persigue una visión de largo plazo, basada en un plan estratégico de desarrollo integral.
Nadie se opone a este axioma, pero, siguen pasando décadas sin que este recorrido siquiera comience con la aquiescencia de esa dirigencia, que hoy esta consternada por las muertes de niños salteños: la encuesta Materno Infantil de Pueblos Originarios del Plan Nacer, de 2010, decía: “el 81,3% de las madres de menores de 6 años afirmó que sus hijos ingieren sólo una comida diaria. En Chaco, el 62% de los niños es pobre. En Salta el 56%”.
La información es atroz, La dirigencia busca culpables y dona pozos. Nos alejamos cada vez más de la idea de justicia social. Los planes sociales son soluciones de corto plazo cuando la pobreza es estructural… los pozos también. Salve Oscar.