En el mes de diciembre, se dictó la ley 27.541 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, conocida como la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.(1)
En materia de emergencia sanitaria (Título X de la referida ley, artículos 64 a 85) y vinculado estrictamente con la seguridad social nacional (leyes 23.660 y 23.661) se incluye la suspensión –hasta el 31 de diciembre del año en curso– de las ejecuciones forzadas de créditos que tenga el Estado Nacional con los agentes del seguro de salud, incluyendo también a la Administración Federal de Ingresos Públicos.(2) Se mantiene la suspensión de los decretos 446/00, 1.140/00 y 1.305/00, relacionados con el ejercicio de la opción de cambio de obra social y la intervención de los privados en ella, así como la condición de dejar sin efecto los decretos 9/93 y 573/93, vinculada a las restricciones de contratar con los colegios profesionales.
En lo estrictamente sanitario, tiene diferencias con la emergencia dictada en el año 2002 (Decreto de Necesidad y Urgencia 486/2002), sostenida hasta fin del año pasado, ya que no se ha avanzado con normativas relativas al Programa Médico Obligatorio, con distribuciones vinculadas al Fondo Solidario de Redistribución ni cuestiones atinentes a las contrataciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
En lo que se refiere al Proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo Nacional y el texto final sancionado por el Congreso, hay dos artículos vinculados a la seguridad social que no han sido incluidos en la redacción aprobada: a) el artículo 74 del proyecto, que suspendía por trescientos sesenta (360) días la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas al PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), en el contexto de la Emergencia Sanitaria, con excepción de aquellas que probadamente contribuyeren a la disminución de los costos de atención de la salud o bien resultaren de extrema e impostergable necesidad sanitaria, y b) el artículo 81 del proyecto que modificaba el artículo 23 de la ley 26.682 (ley de medicina prepaga), en tanto compelía a los agentes del seguro de salud y a las empresas de medicina prepaga a abonar un porcentaje al Fondo Solidario de Redistribución a aplicar sobre las llamadas “diferencias de plan” o pagos de bolsillo por planes superadores.
Analizando la nota de elevación del Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional al Poder Legislativo, es oportuno señalar que en materia sanitaria la propuesta se fundamenta en “un Estado guiado por el principio de la ética de la solidaridad (que) debe instrumentar políticas de salud pública que atiendan al suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condición de alta vulnerabilidad social y el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y de enfermedades crónicas no transmisibles. También debe propender al pleno cumplimiento de la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación, con particular referencia a la situación de emergencia epidemiológica que atraviesa el país y la región, y procurar las prestaciones básicas de salud a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD”.
De la lectura de esos párrafos, entendemos que la calificación de “solidaridad social”, alcanza también a la emergencia sanitaria.
Por lo visto hasta el momento, el entendimiento de la situación de emergencia y la solidaridad social a la que nos hemos referido no ha tenido favorable acogimiento en el Poder Judicial. Si bien hemos transcurrido durante el mes de enero la feria judicial de verano, la cantidad de habilitaciones(3) dispuestas en el ámbito de los Tribunales Nacionales hacen pensar que la emergencia sanitaria no va a tener efectos en los reclamos individuales.
Hemos tenido conocimiento de procesos judiciales en los que se ha dispuesto la habilitación de feria (durante el mes de enero), por pedidos de cobertura y provisión de medicamentos que son de venta libre, prestadores fuera de la red de la obra social, afiliación de integrante del grupo familiar, mantenimiento de afiliación a un plan determinado (luego de dejar de pagar cuotas de plan superador), bajas por falseamiento de la declaración jurada, provisión de aceite de cannabis,(4) y las consabidas acciones para conservar la obra social al momento de jubilarse, de las que ya hemos efectuado referencias en otros números de esta revista.(5) Huelga aclarar que todas ellas, sí todas ellas, incluyen primordialmente una medida cautelar inaudita parte.
En este 2020, es el año donde más se ha solicitado (con éxito) la habilitación de feria judicial, y pareciera que la tendencia de reclamos en temas de salud irá in crescendo. Basta señalar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ha señalado, hasta el mes de octubre del año pasado, que casi el 50% de los reclamos que se presentan en ese fuero corresponden a temas de salud. Obsérvese que estamos, cronológicamente hablando, en el mes posterior a la entrada en vigencia de la ley 27.541.
Las razones que fundamentan la emergencia a la que alude la ley 27.541 y que incluyen a la emergencia sanitaria, ameritan profundizar el análisis del Poder Judicial de la Nación en el otorgamiento de las medidas cautelares.

1- Ley 27.541, Boletín Oficial del 23 de diciembre de 2019.
2- Tampoco se podrá ejecutar medidas cautelares sobre bienes de las obras sociales y/o del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
3- Las razones de urgencia que determinan la habilitación del feriado judicial son aquellas que entrañan para los litigantes riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos para cuya tutela se requiere protección jurisdiccional, pues la intervención de los tribunales de feria tiende, en principio, a asegurar únicamente el futuro ejercicio de un derecho o el cumplimiento de medidas ya decretadas, debiendo siempre concurrir alguno de los supuestos de excepción contemplados por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -art. 153-.
4- Por razones de secreto profesional no se denuncian los expedientes judiciales.
5- Revista Médicos N° 110, “Es momento de resolver de modo integral la atención de salud de nuestros jubilados”.