Me llamó la atención un subtítulo sobre coronavirus: “En la Ciudad admiten que no pueden controlar a quienes se atienden por una obra social o prepaga” (Clarín, 14.06.20: 27). Más abajo menciona que, según el Observatorio de Deuda Social de la UCA, sólo el 13% de los porteños se atienden en hospitales públicos. El funcionario entrevistado informó que en ese momento había unos 8.000 pacientes activos de Covid-19 -descontando los 13.591 casos acumulados, entre recuperados y muertos-: 2.435 eran atendidos en nosocomios estatales y centros de aislamiento, por lo que unos 5.500 eran asistidos en efectores privados. Pero admitió que prepagas y obras sociales, que derivan sus pacientes a servicios privados, están fuera del alcance del Gobierno local, porque son controladas por la jurisdicción nacional.
En el impacto de la pandemia en nuestro país se superponen diversas variantes. Por un lado, la enorme contagiosidad del virus, su escasa sintomatología excepto en los casos agravados, la discreta variabilidad de su estructura molecular, que quizá determine los cambios de su comportamiento epidémico, y su mayor virulencia en poblaciones vulnerables. Por otro lado, la deficiencia de instrumentos defensivos, salvo el aislamiento y/o distanciamiento social, la protección con barbijos, el alcohol en gel y ciertas medidas precautorias para higienizar la ropa de calle. Los tratamientos ensayados no han sido suficientemente efectivos, pero aún siguen despertando expectativas: hidroxicloroquina, remdesivir y el plasma inmune de recuperados.
La disponibilidad de medios de diagnóstico es limitada -hisopado de fauces, PCR específico- y no permite chequeos masivos, por lo que es difícil establecer la extensión potencial por contagio de cada caso detectado. Los procedimientos se hacen con mediciones aleatorias de temperatura en concentraciones de público (estaciones de tren o paradas de colectivos), por seguimiento epidemiológico de contactos en los pacientes sintomáticos, operativos en áreas identificadas como vulnerables (geriátricos, barrios carenciados) o rastreos programados en barrios casa por casa. El propio Ministro de Salud reconoce que iniciaron los rastreos intensivos tardíamente, dado que priorizaban la adquisición de insumos -equipos de protección personal, respiradores, camas de internación- (La Nación, 14.06.20:15).
Con la evaluación cuantitativa del desarrollo de la campaña sanitaria, si bien se mostraron diversos indicadores de contagios, letalidad por grupo etario, probabilidad de diseminación epidémica, casos infectados, recuperado y muertes por unidad de población, hubo algunas contradicciones e imprecisiones que involucraron a funcionarios y al propio Presidente. El desenvolvimiento de la OMS tampoco fue satisfactorio: definiciones tardías, vacilaciones en medidas preventivas, difusión tardía de normas estadísticas y de procedimientos para el apoyo técnico a los países. Pero por sobre todos estos factores se evidenciaron diferentes estrategias para abordar la pandemia, para gestionar el confinamiento social, y mantener un equilibrio entre restricciones sanitarias y parálisis económica. No está totalmente definido que Noruega haya sido más exitosa que Suecia, por qué Nueva Zelanda superó la epidemia precozmente, o qué razones tuvo Guayaquil para sufrir una mortalidad masiva mayor que el resto de Ecuador. También ha influido la cantidad de testeos por millón de habitantes, donde se verificaron marcadas discrepancias: 40.000 en Chile, 14.700 en Uruguay, 9.000 en Colombia, 5.400 en Perú, 2.500 en México y 5.000 en la Argentina (La Nación, 14.06.20:15).
A este anárquico panorama, en la Argentina debe agregarse el alcance limitado de las autoridades sanitarias para conducir el Sistema de Salud, como admitía un funcionario del Gobierno de la Ciudad en el primer párrafo. Tenemos la presunción entre los sanitaristas que, en condiciones normales, al menos el 60% de la actividad asistencial registrada del país, circula entre los prestadores privados, dado que a ellos acuden los beneficiarios de obras sociales y prepagas. Este dato se acentúa en la Capital -donde predomina claramente población con cobertura-, dado que según el Observatorio de la UCA, sólo un 13% son usuarios de servicios públicos. La gravedad de este dato no es que coexistan efectores públicos y privados, así como habitantes con y sin cobertura -más allá de la extrema inequidad que evidencia-, lo dramático de este fenómeno es que los prestadores privados, las obras sociales y la medicina prepaga no rinden estadísticas a las autoridades sanitarias. Más aún, tampoco las obras sociales provinciales, que también son usuarias de prestadores privados, reportan sus datos al sistema estadístico nacional. Las autoridades sanitarias provinciales sólo cumplen en lo relativo a los servicios públicos, que están bajo su administración.
Solemos hablar de gobernanza, de rectoría, de integración entre jurisdicciones, de articulación de servicios públicos y privados, de participación de la comunidad y la sociedad civil en las medidas de prevención recomendadas con respaldo científico por las autoridades nacionales. ¿Pero admitimos un cumplimiento desigual en los actores del Sector Salud ante situaciones de extremo riesgo, como una pandemia que no podemos controlar?