Hemos visto el modo que, en estos meses, se ha cambiado nuestra relación con las instituciones, con las personas jurídicas y con las personas humanas en los tiempos de pandemia. Las limitaciones impuestas por el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) ha tenido como efecto la transformación de los vínculos antes cercanos, por lazos virtuales.
Muchas de esas conversiones ya eran reclamadas con anterioridad, especialmente las vinculadas con el Poder Judicial de la Nación y los tribunales Provinciales. Otras, las relacionadas con las administraciones públicas (Nacional, Provincial o Municipal) dependen (dependieron) de las voluntades de esos estados en cuanto al grado de avance de la “informatización” de sus trámites.
En el caso de la Superintendencia de Servicios de Salud, desde hace algún tiempo ya existen varios trámites que se pueden hacer a través de la plataforma virtual. El uso del FTP (fail transfer protocol) ya tiene varios años de funcionamiento, y el acceso a la información de modo remoto ya está al alcance de los usuarios institucionales (obras sociales y empresas de medicina prepaga) y también para los usuarios del sistema nacional del seguro de salud (persona humana).
Lo cierto es que la virtualidad, como mecanismo de vinculación, llegó para quedarse. Compramos por la web, contratamos vía internet, nos acreditamos y verificamos identidad a través de los métodos de acceso virtual y desde todos los estamentos públicos y privados se fomenta su uso.
En materia de opción de cambio de obra social, las normativas que le han dado inicio en el año 1998 todavía siguen vigentes sin modificaciones. El decreto 504/98 sólo sufrió un cambio en el año 2001, para permitir que los usuarios optaran desde el inicio de la relación laboral y no debieran permanecer un año (como mínimo) en la obra social de la actividad. (1)
Distintas han sido las propuestas para modificar el ejercicio de este derecho, ya se trate de quienes consideran sentirse “perjudicados” por sus consecuencias, o de aquellos que pretenden avanzar en suprimir requisitos para su práctica, entendiendo que estos tienden a dificultar su ejercicio. Los resultados del llamado “descreme” (2) no han sido abordados hasta ahora, aunque los mecanismos de subsidios -con los reparos que hemos expuesto en notas anteriores- tienden a morigerar sus perjuicios, por lo menos desde el punto de vista económico.
En las propuestas de las que hablábamos en el párrafo precedente y en artículos que hemos escrito en notas anteriores, expusimos la cantidad de opciones de cambio que se ejercen mensualmente. En el cuadro se puede apreciar el detalle global de las opciones de cambio ejercidas este año, hasta el mes de junio inclusive.
Lo cierto es que más allá de la discusión sobre las herramientas que pueden ayudar (o no) al ejercicio del derecho de opción de cambio, las transformaciones causadas por la pandemia ameritan avanzar en instrumentos que permitan a los usuarios tener más herramientas para el ejercicio de ese derecho.
Sin perjuicio de lo expuesto, una de las características que ha llevado a permanente reclamo, es la vinculada a la identidad de las personas y su reconocimiento de haber ejercido el derecho. Sucesivas normas han exigido que la firma se encuentre certificada por autoridad competente, con el objetivo de evitar los cuestionamientos posteriores sobre el desconocimiento de la firma, que se han multiplicado con el correr de los tiempos.
Pareciera entonces, que la pandemia nos brinda la oportunidad de avanzar sobre el ejercicio “a distancia” de este derecho, que bien puede ejercerse por vía de las plataformas que hoy nos permiten la realización de los trámites y, fundamentalmente, la validación de la identidad. El decreto 504/98 dispone que la opción de cambio debe ejercerse en forma “personal” ante la obra social elegida. Reza textualmente el artículo:

Art. 3º-La opción a la que hace mención el artículo primero deberá ejercerse en forma personal ante la Obra Social elegida, la que deberá enviar semanalmente los formularios y la nómina de las opciones recibidas, en soporte magnético, a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, la que a su vez lo comunicará:

a) a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para su procesamiento y actualización del padrón de beneficiarios;

b) a la Obra Social de origen;
c) a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, quien dentro del plazo de QUINCE (15) días informará a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD sobre los aportes y contribuciones efectuados en los últimos DOCE (12) meses a la Obra Social de origen.

La solicitud de opción de cambio se efectuará mediante formularios numerados cuyo texto será aprobado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y será registrada en la Obra Social en un libro especial rubricado por la Autoridad de Aplicación.

Siguiendo estos lineamientos normativos que surgen del decreto, corresponde interpretar cuál es la actualidad del término “personal”. Es evidente que, en todo este tiempo transcurrido desde el dictado de esa norma, quienes trabajamos en este sistema hemos interpretado la calificación de personal, como sinónimo de presencial. Hoy en día, todos realizamos trámites personales que no son presenciales, como lo hemos dicho al principio de este artículo.
Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS hoy permite realizar la casi totalidad de los trámites del contribuyente a través de su página web y con la respectiva clave fiscal.
Validar la identidad por medios electrónicos aparece hoy tan seguro como la actividad presencial. La interacción personal de manera virtual con los organismos públicos, como el caso descripto en el párrafo anterior, aparece como normal y corriente.
Es por ello que no vemos impedimento en la actualidad para avanzar en la posibilidad que los usuarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud ejerzan su derecho de opción de cambio por la vía electrónica.
El actual Superintendente de Servicios de Salud, Lic. Eugenio Zanarini, en una charla que ha brindado en la Diplomatura en Análisis y Gestión de Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga de la Universidad ISALUD que los autores dirigimos en conjunto, señaló que la posibilidad de ejercer la opción de cambio “a distancia” estaba entre los objetivos de su gestión y que podría llegar a implementarse antes de fin de año.
Restará establecer las condiciones técnicas para ese ejercicio, ya sea con la clave fiscal, ya sea a través de la aplicación Mi Argentina (3) para validar la identidad del optante. Pero también deberán establecerse los mecanismos informáticos para que las personas puedan interactuar con la obra social elegida, procurando que ambas relaciones (la del usuario con la obra social, en lo que hace al ejercicio del derecho, y la de la obra social con la autoridad de aplicación, en lo vinculado al procesamiento de la opción) se desarrollen con la mayor seguridad posible y en los tiempos adecuados para completar los plazos previstos en las normas vigentes.

1) El decreto 1400/01 modificó el artículo 13 del decreto 504/98 que quedó redactado de la siguiente manera: Los trabajadores podrán ejercer el derecho de opción desde el momento mismo del inicio de la relación laboral.
2) Entendemos por “descreme” la consecuencia de la salida -vía opción de cambio- de las personas con mayores salarios, las más jóvenes, las de menores cargas de familia y los sanos (sin patologías) hacia determinadas obras sociales, quedando en las otras (generalmente las más grandes en números de afiliados sindicales) los que perciben salarios más bajos, los mayores de edad, los que tienen mucha carga de familia y los enfermos.
3) https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/mi-argentina