En pleno desarrollo de las medidas de aislamiento social para enfrentar la pandemia, el Presidente contaba con la asistencia técnica de los más destacados infectólogos y epidemiólogos, y lograba públicos acuerdos con las dos jurisdicciones más pobladas: la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires. Respaldado por estos consensos, con resultados todavía alentadores y con la paciencia de una población aún no agotada, hacia mediados de junio Alberto Fernández afirmó entusiasmado: “éste es un Gobierno de científicos”. Esos apoyos se fueron extinguiendo, a medida que los resultados mostraban que otras estrategias menos agresivas, evitando paralizar la economía, lograban indicadores de incidencia y mortalidad equivalentes. La desazón aumentó con la visita de Luis Lacalle Pou, que logró mejores comportamientos en Uruguay, en base a principios de respeto a la libertad y la responsabilidad social de los ciudadanos. Asimismo, fue cuestionada la imprudencia diplomática de ciertas comparaciones con Suecia, Chile y Cataluña, que respondieron con claros fundamentos.
En su condición profesional de abogado, es probable que Alberto Fernández no haya alternado a menudo con científicos biológicos, en el ejercicio de sus responsabilidades como funcionario. Quizá como la mayoría de la gente los idealiza, suponiendo que son investigadores, que observan los hechos desde una visión neutral, descubriendo los secretos de la naturaleza y los fenómenos sociales. En el caso de los asesores de la Presidencia, además de haber participado en investigaciones -en general multicéntricas-, su perfil principal tal vez no sea el de investigadores, sino el de calificados especialistas, con prolongada experiencia asistencial. Esa formación teórico-práctica les brinda las mejores condiciones, para aconsejar las medidas de prevención más racionales, a fin de resolver los problemas científicos que les consultan.
La pregunta es si la Salud debe ser gobernada por la ciencia o por la política. Dicho de otro modo: ¿ciencia y política son dos disciplinas muy distintas? En los países anglosajones, la categoría académica de doctorado se denomina phylosofical doctor (PhD), porque se atribuye a la Filosofía el nivel superior del conocimiento. El enfoque científico más amplio, capaz de exceder los alcances de la disciplina de origen y encontrar los límites de sus propios criterios, en el concierto de otras disciplinas que sostienen diversos criterios. Los infectólogos y epidemiólogos que asesoraron ante las incertidumbres inherentes a la pandemia, recomendaron las mejores soluciones desde un enfoque especializado, pero no podía esperarse que opinaran acerca de la economía de las PyME’s, la balanza del comercio exterior, la educación escolar y la emisión de moneda. Esta visión holística corresponde a la política, que debería expresar principios doctrinarios desplegados en el tiempo y en el espacio, es decir, en la realidad. Pero la política está desprestigiada, porque los profesionales de la política no muestran otros criterios que mantenerse en cargos públicos, pagar lealtades con sueldos estatales, designar todos los empleados que sea posible y acceder a la mayor cantidad de privilegios disponibles en los diversos estamentos del Estado.
Sin aplicar otros planes políticos, que eliminar todo vestigio del gobierno anterior, potenciar el peso relativo del Estado como actor hegemónico de la economía, incrementar la presión tributaria sobre el sector privado, alentar el consumo mediante subsidios sin respaldo, y sobre todo eludir causas judiciales por corrupción, el Gobierno no encontró mejor argumento que atribuir las medidas adoptadas a las recomendaciones de los científicos. El Ministro de Salud nacional, Ginés González García, exhibió orgulloso las primeras etapas de la epidemia, pero fue desapareciendo de la escena a medida que las curvas de contagios iban ascendiendo en la escala comparativa con los países más afectados. Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, se expidieron con mayor dramatismo desde el comienzo, sin fundamentos consistentes. Mostraron alarmados la tendencia de los porteños a frecuentar parques y espacios abiertos, en cuanto se les permite ejercicios físicos. No mostraron el mismo empeño con las áreas comerciales del 2do y 3er cordón del Gran Buenos Aires, donde desde mediados de junio, la población circulaba sin protocolos de cuarentena para tareas cotidianas. Los comentarios alarmantes se fueron atenuando, a medida que la curva de incidencia se fue “amesetando”, con significativo descenso en CABA, mientras mantenía todo su vigor en el GBA.
A fines de setiembre anunciaron un hallazgo: cruzando datos de incidencia y defunciones del SIISA (1), del censo de camas ocupadas (incluyendo públicas y privadas) y de agencias del Registro Civil, encontraron un subregistro de más de 3.500 muertes por Covid-19. Recomendaron el mismo procedimiento para todo el país, a fin de consolidar las estadísticas. El ministro porteño, Fernán Quirós, respondió con solvencia que sus relevamientos ya garantizaban servicios públicos y privados. Para quienes se desempeñan en el Sector Salud, es notorio que los establecimientos privados, adonde concurren los usuarios con cobertura de obras sociales y prepagos, no reportan información estadística o lo hacen en forma irregular, cosa que seguramente se ha modificado ante la amenaza de epidemias superpuestas de coronavirus y dengue. Y precisamente en el subsector privado transcurre más del 60% de la actividad asistencial, por lo que el SIISA tiene el sesgo histórico de una marcada carencia de eventos en efectores privados. Los Registros Civiles tienen el más completo registro de nacimientos y defunciones, pero no son confiables en sus diagnósticos causales, como los efectores públicos.
La función de las autoridades sanitarias es traducir en acciones políticas la información científica. Las autoridades políticas deberían integrar esa información a los demás componentes de la agenda, para conducir armónicamente el desenvolvimiento de la economía y las condiciones sociales. Pareciera que los políticos, escudándose en los científicos, indujeron a que una parte de la sociedad y la opinión pública, hayan acusado a los especialistas de “infectadura”. Sin embargo, no tuvieron la misma firmeza en la necesidad indiscutible de intensificar la densidad de testeos y rastreos de contactos.

SIISA: Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina