Seguramente este artículo estará desactualizado cuando se publique. Pero es interesante observar la “foto” del proceso decisorio al 11 de diciembre (en que fue enviado a la Editorial), para comprender la tendencia a abordar problemas de naturaleza científica, usando la lógica corriente de la política doméstica.

Por alguna razón difícil de interpretar, las autoridades argentinas tienen un comportamiento inadecuado ante decisiones de carácter científico, que pueden afectar en el futuro a toda la población. El objetivo de llevar a cabo una inmunización masiva contra cierta enfermedad es necesariamente de naturaleza político-sanitaria, sustentada en criterios epidemiológicos. La selección del producto a adquirir, la evaluación sobre su eficacia y seguridad, así como la planificación del proceso de adquisición, distribución e inoculación de la población prioritaria, son decisiones de carácter administrativo, basadas en requisitos científico-técnicos. En cada etapa deben actuar funcionarios diferentes, o los mismos decisores utilizarán distintos procedimientos, adecuados a la función que deben cumplir.
El presidente Alberto Fernández, que tiene la responsabilidad de dar ejemplos de disciplina, para que los ciudadanos cumplan los cuidados recomendados, se exhibe reiteradamente en abrazos sin barbijo, no respeta el distanciamiento social, acompañó a Evo Morales a La Quiaca el pasado 8 de noviembre, le ofreció una cena con parte de su gabinete, y luego tuvo que estar aislado por el contagio de uno de los participantes. Como gesto de audacia, al principio afirmó que iba a desistir de sus privilegios y sería el último en vacunarse; el 10 de diciembre en cambio, prometió que sería el primero para mostrar su confianza en la inminente vacuna rusa. Por el contrario, la salud del presidente es un problema de Estado, no de impulsos heroicos. En ese acto, acompañado por el ministro Ginés González García, anunció que había firmado un acuerdo con Rusia, para recibir 600.000 dosis de esa vacuna antes del 31 de diciembre, y 20 millones más hasta fines de febrero. El ministro comentó allí que, la única vacuna aprobada de emergencia por el Reino Unido era la de Oxford-AstraZeneca. Unos días antes había admitido que el país debería adquirir la que estuviera disponible. El mismo día 10, la Food and Drug Administration (FDA) informó la aprobación del producto de Pfizer-BioNTech por el más calificado grupo de expertos. También ese día la provincia de Corrientes informó que había adquirido 100.000 dosis de la vacuna rusa.
Un mes antes, el gobernador Axel Kicillof y el ministro Daniel Gollán de la Provincia de Buenos Aires, habían anunciado que se anticiparían a comprar un millón de dosis de la vacuna rusa, cuando la propia agencia de ese país (Centro Gamaleya) todavía no había dado por concluida la fase de prueba y tenía que responder a pedidos de al menos otros 25 países. La viceministra nacional Carla Vizzotti, acompañada por la esposa de Gollán, viajaron a Moscú, sin que se informaran en ese momento los objetivos. Presuntamente el sistema funciona mediante aportes de riesgo al Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, en inglés), dado que las autoridades rusas manifestaron que, para el mercado global, la vacuna sería producida por los socios internacionales del RDIF, en India, Brasil, China, Corea del Sur y otros. Todos los expertos consultados, expresaron sus reparos respecto a la vacuna rusa, por la falta de publicaciones y de evaluaciones internacionales por pares. ¿Alguno creerá que la inmunidad provista por la órbita socialista es más progresista que la proveniente de países capitalistas?
La Dra. Vizzotti primero dijo que la vacuna sería obligatoria y luego que sería voluntaria. El Dr. Gollán, que suele expresar posiciones extremas, dijo que sería “absolutamente” voluntaria, incluso firmando “consentimiento informado”. Los “consentimientos” se firman en situaciones experimentales, no para campañas de vacunación. Desde el Protomedicato del Virreinato, las vacunas son virtualmente obligatorias y forman parte de un calendario oficial. Naturalmente, no llevan a nadie a vacunarse por la fuerza, pero —definido el grupo de riesgo— es de alta prioridad para sus integrantes, sin firmar consentimiento, sólo emitiendo un certificado. Antes que se concrete la compra, deberá preverse la logística para la distribución: cadena de frío, centros de vacunación, población de riesgo y plazos de revacunación. El almacenamiento es fundamental: una heladera común tiene +4°C, un freezer hogareño -18°C; otras temperaturas van en contenedores de nieve carbónica o de nitrógeno líquido (inferiores a -70).
También habrá que definir la participación de los servicios públicos y privados. Quién se hará cargo del financiamiento: si lo hará solo el Estado, si tendrán participación las obras sociales y la medicina prepaga, o requerirá gastos de bolsillo; si se vacunará sólo en servicios públicos, o también privados; qué supervisión tendrán los organismos internacionales (OPS, OMS). Cómo se registrará la proporción de inmunizados y qué segmentos de la población deberán vacunarse sucesivamente. Como se sabe, la participación del sector privado en el sistema de salud es mayor que la del público, de modo que difícilmente pueda prescindirse de esos efectores en una campaña masiva. Deberían programarse estudios de seroprevalencia para evaluar la protección alcanzada (hasta el momento sólo efectuó uno el Gobierno de CABA), y un programa estadístico de población a vacunar y grado de cumplimiento. Tampoco se sabe si se podrán utilizar distintas vacunas, ya que tienen procesos de producción diferentes. ¿Inducirán respuestas orgánicas complementarias? ¿Qué plazo de protección brindarán?
Los países europeos, que están sufriendo una grave oleada de contagios, han declarado aislamientos, toques de queda y signos de verdadera alarma sanitaria. Sin embargo, han mantenido las actividades educativas en todos los niveles, incluyendo el inicial. En la Argentina, en cambio, el dirigente Roberto Baradel asumiendo una responsabilidad que no tiene, afirmó que “no habrá clases hasta que esté la vacuna”, sin que ningún juez haya iniciado un procesamiento de oficio. ¿Suponen que podremos prescindir del próximo ciclo lectivo?