En el campo de la atención del cuidado de la salud, la prestación tanto por parte de los médicos cuanto, del resto de los miembros del equipo de salud, está cambiando a medida que continúa la pandemia de Covid-19, lo que crea presiones adicionales para mantener la seguridad del paciente. En mi visión, ella pasa por las conductas y el conocimiento médico. Dicha presión puede dar forma a nuevos riesgos de responsabilidad profesional médica tanto para las instituciones prestadoras, como para los miembros del equipo de salud.
Lo que hoy está ocurriendo, y tal vez pase inadvertido para los aseguradores y asegurados del riesgo de RC Médica, sea en lo inmediato, el nuevo repertorio de temas para promover reclamos económicos. Comprender cómo se están desarrollando estos nuevos riesgos y cómo se podrían evaluar los eventos adversos en el campo judicial (peritos y jueces) que también está y estará, bajo presión, ya sea en el ámbito del Derecho Civil cuanto, en el Derecho de Consumo, es el primer paso para hablar de medidas de protección, tanto de los asegurados como de los aseguradores del riesgo de praxis médica.

¿Qué tipo de demandas se podría esperar vinculadas a la pandemia?

Circunstancias extraordinarias y un flujo constante de directivas (y revisiones de las mismas) de los Gobiernos nacionales, provinciales y municipales podrían haber puesto a los prestadores institucionales públicos y privados, y a los médicos y resto del equipo de salud en ambos escenarios, para que practiquen la medicina como nunca antes lo habían hecho, o para no practicarla, cuando ciertas formas programadas de atención hubieran sido suspendidas por acción del Gobierno o decisión del proveedor o del financiador, a menudo para conservar el EPP (equipo de protección personal) y otros recursos, y abaratar costos.
A pesar de los esfuerzos razonables en condiciones difíciles, es probable que algunos eventos adversos se remonten a esos momentos, y no se hayan advertido, o no se hayan evaluado convenientemente, o quizás hasta se hayan subestimado o subestimen. Es importante señalar que “programado” en este contexto no significa que la suspensión se haya efectuado por entenderlo innecesario u opcional. Incluye procedimientos importantes de detección, no sólo del Covid-19, sino también de diagnósticos como colonoscopias, algunas cirugías cardíacas y de cáncer y la mayoría de los procedimientos dentales. La “pérdida de chance de curación”, de “sobrevida en mejores condiciones” o de “oportunidades”, pueden estar agazapados, camuflados y esperando en la “gatera” del reclamo.
La demora de los procedimientos programados puede ser una fuente de mayor litigio: muchas biopsias de cáncer, por ejemplo, se han retrasado últimamente, y si la “demora en el diagnóstico” o el “sin diagnóstico”, o el “error de diagnóstico” ya era una de las áreas de litigio de difícil defensa y alto costo del acuerdo extrajudicial o de la sentencia antes del Covid-19, con mayor razón lo será por la circunstancia actual. Otros retrasos en la atención pueden estar relacionados con problemas de acceso al cuidado de la salud, en patologías “no Covid-19”, y hasta en el agotamiento de las áreas administrativas, que deberían y deben ser rápidamente advertidos y corregidos.
La “Telemedicina” ha sido un salvavidas para muchos proveedores durante esta crisis, pero algunos pacientes vulnerables, o consumidores de “vulnerabilidad agravada”, pudieron no haber tenido acceso a ella. Es que la infraestructura informática de la población también puede representar una barrera para la atención, ya que algunos no tienen suficiente ancho de banda de internet para las consultas por video. Además, las circunstancias han obligado a los médicos a utilizar está herramienta de acuerdo con formas en las que normalmente no lo hacen.
La telemedicina es ideal y complementaria a la atención en persona y, por lo tanto, no es la mejor opción para una primera visita con un nuevo paciente, pero durante el pico de riesgo de infección, se hicieron excepciones, y quizás algunas instrucciones y limitaciones de la “Buena Práctica” establecida por asociaciones médicas y hasta por aseguradores del riesgo, no hayan sido oídas. Entre las nada frecuentes reclamaciones en la Argentina ni siquiera antes del Covid-19, el diagnóstico erróneo puede ser la principal alegación, y no puedo imaginar que el riesgo de un diagnóstico erróneo haya disminuido, dado el aumento en el uso en condiciones no óptimas.
En este sentido, para los aseguradores del riesgo de praxis puede vislumbrarse otro reclamo originado por el propio asegurado, médico, que bien puede no estar enterado de la inclusión o exclusión de la cobertura de ese tipo de prestación, y mucho menos en caso de que el consultante hubiera sido residente en jurisdicción diferente a la del domicilio del profesional, y este último transformarse en un “consumidor de vulnerabilidad agravada” por defectos de información del asegurador, alentado a reclamarle a su asegurador por la vía del derecho del consumo.
Además, anticipo que algunos casos relacionados con reclamos por Covid-19 podrían estar fundados en la escasez de EPP; esas reclamaciones pueden provenir tanto de pacientes como de empleados o profesionales no necesariamente bajo relación de dependencia, y en los ámbitos público y privado.

Los proveedores brindan atención de manera diferente durante el Covid-19. ¿Podrán disminuir o aumentar los riesgos por estos cambios?

En el agitado mundo de la gestión de una crisis de salud pública, muchos establecimientos médicos, públicos y privados, han tenido que tomar medidas temporales que afectan la seguridad del paciente. Algunas de estas medidas mitigan ciertos riesgos, pero pudieron amplificar otros. Los proveedores de atención médica en las zonas afectadas por los contactos manuales están trabajando más horas, a veces con un equipo de protección personal insuficiente, a veces en especies de grandes tiendas de campaña instaladas en estacionamientos u otros lugares desbordados.
En lugares físicos destinados a la atención de la emergencia, el personal de otros departamentos puede estar atendiendo en el departamento de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos; esto podría aumentar el riesgo de brechas en las comunicaciones. Todas estas medidas de ampliación de recursos, tomadas en conjunto, pueden sumarse a un perfil de riesgo que es más que la suma de sus partes,
Mientras se responde a las directivas de salud gubernamentales de cualquier nivel, así como a las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras fuentes confiables, como explicara el Ministerio de Salud, el establecimiento médico y las prácticas continuarán experimentando retrasos inevitables en el tratamiento de todos los pacientes. Los retrasos en las pruebas no ayudan. Además, debido a las preferencias de los pacientes, se han retrasado muchos controles y pruebas de rutina. Los eventos adversos relacionados con estos retrasos podrían afectar la responsabilidad del médico.

¿Qué puede hacer el médico o el establecimiento para protegerse?

La documentación concienzuda una vez más se convierte en el más experto testigo para el médico en un juicio o en las negociaciones afiebradas para resolver un entuerto en un proceso de mediación prejudicial. En la era de Covid-19, las prácticas pueden beneficiarse de documentar no solo las interacciones con los pacientes individuales, sino también, cómo la práctica sigue las pautas de control de infecciones y las recomendaciones de las autoridades de salud gubernamentales y de las sociedades médicas, en momentos específicos. Esto podría ser tan simple como escribir una nota diaria en un calendario electrónico.

¿Cómo los cambios en un proceso de mediación durante la pandemia desafían a los equipos de defensa?

En un reclamo prejudicial reciente por negligencia médica, un médico asegurado en una aseguradora de praxis, con la asistencia de un abogado y un médico, obtuvo un acuerdo rápido a pesar de muchos cambios en el entorno de un reclamo que podría haber planteado problemas mayores si no hubiera estado respaldado por una sólida documentación.
Hemos visto recientemente cómo los abogados que realizan una “audiencia” de mediación prejudicial durante el Covid-19 necesitan un equipo médico que esté preparado para los cambios en los análisis del caso, que esté bien dispuesto para respaldar tratativas rápidas. Hoy día estas reuniones de mediación se pueden completar por video, con múltiples pantallas para los abogados, las partes y las pruebas.
Estoy convencido que en este campo - el de la liquidación del siniestro de praxis médica - tiene que haber grandes cambios, y rápido. Un juicio de mala praxis no puede “tardar” 15 años en resolverse.

El estrés de los litigios supone una carga para los médicos en cualquier momento. ¿En qué se diferencia esto durante la pandemia?

Los juicios propiamente dichos contra médicos individuales y establecimientos médicos están tomando cada vez más tiempo de duración, lo que agrava la situación patrimonial de todos, incluido el asegurador del riesgo, pues el largo plazo convierte en insuficientes las sumas aseguradas para todos los involucrados, más allá de que el tiempo procesal mantiene al médico en una incógnita casi inconsciente de ello.
Con un solo juicio abierto, los médicos pasan más del 10% de sus carreras viviendo bajo la sombra de una reclamación abierta por negligencia, que no es bueno para su salud mental. La situación de la pandemia en nada lo ha cambiado, por ello es deseable no llevarse ningún reclamo en la mochila de este año, y mucho menos un evento potencialmente compensable no detectado que pueda llegar en el futuro inmediato
 

(*) Consultor Externo de TPC Compañía de Seguros S.A. CEO de RiskOut. Consultora Especializada en Responsabilidad Profesional Médica. Gestión de Riesgos y Seguridad del Paciente.