El subsistema de OOSS, tanto las incluidas en las leyes 23.660 y 23.661 como las OSP, las universitarias, de FFAA y de seguridad, etc., han vivido y viven en permanente desafío. Las condiciones del contexto las impactan desde tres ángulos principales: el financiamiento, la demanda, y las imposiciones de nuevas prestaciones. Esto no es demasiado novedoso, pero en este año 2020 que finaliza, se ha sumado un inesperado factor de distorsión que ha sido la pandemia de Covid-19.
En cierto modo, la pandemia ha tenido un efecto paradojal: por un lado, la disminución de aportes y contribuciones por caída de cartera (léase disminución de puestos de trabajo formales) vino a sumarse a los crónicos problemas de financiamiento, pero por otro, la baja de la producción de servicios (como consecuencia de la disminución de la demanda) podría haber contribuido a la diminución relativa de los gastos. El subsistema prestador privado al ver menguados sus ingresos por la retracción de la demanda, ha tratado de mejorarlos por la vía de requerir mayores precios para ellos.
Con el esperado dominio de la enfermedad por la vacuna o al menos la disminución de su impacto sanitario, la tan esperada reactivación vendría a sumar recursos al subsistema para que no solo pueda mejorar su financiamiento si no su desempeño. Sin embargo, muchos creen que la desocupación será mayor en 2021 o que aumentará la informalidad.
La tasa de desocupación actual casi duplica la de los últimos 5 años mientras la de ocupación se ubica en el orden del 34%. La diferencia estaría expresando buena parte del trabajo informal. En este segmento se ubicaría una cantidad importante de la población de beneficiarios monotributistas, cuya contribución al financiamiento de la seguridad social es hoy día menor a la de casi totalidad del resto del universo de aportantes, pero su nivel de demanda es superior al de aquellos, como muestra la evidencia. La solución a este desfasaje -uno entre tantos- parece obvia: equiparar el aporte de los MT al de la media de los restantes beneficiarios del sistema.
La pandemia desquició casi todos los aspectos de la vida, no sólo en nuestro país si no en el mundo entero. A pesar de todos los problemas históricos del sistema de OOSS, más los que la pandemia le sumó, el sistema sobrevive. La conversión de la pandemia en ENDEMIA ofrece una oportunidad que se debe saber aprovechar. Creemos que en esto está la clave. Podría ser una oportunidad no solo para sincerar el aporte de los monotributistas sino para asumir otras medidas, tales como revalorar la racionalidad de la incorporación de prestaciones al PMO sin un financiamiento razonablemente asegurado, o, peor, evitar aquellas incorporaciones que podrían obedecer a grupos de presión u otras causales semejantes. Una medida audaz pero coherente, sería derivar el financiamiento de las prestaciones educativas para personas con CUD al Ministerio de Educación.
El Superintendente de Servicios de Salud anunció públicamente que se espera establecer en el 2021 una canasta de prestaciones, que en la práctica reemplazaría al PMO. De ser así, también debería evaluarse la posibilidad de establecer precios de referencia para los ítems de esa canasta, si no a todos, al menos aquellos que tengan mayor impacto en la utilización y gasto. Sin necesidad de reeditar el viejo nomenclador nacional, sino con un criterio basado en costos reales y no en presiones corporativas. A la manera, por ejemplo, del nomenclador del Hospital Público de gestión descentralizada y de otros nomencladores oficiales, cuyo valor es fijado por los diferentes estados: nacional, provincial o municipal.
Los medicamentos encabezan el ranking de los rubros de mayores costos en salud, disputando el lugar con el valor o precio o costo de la internación de pacientes. Alguna vez existió una regulación de aquellos precios y la industria farmacéutica no se desmoronó. Serán importantes las compras conjuntas, de las que ya hay ejemplos.
La pandemia, a pesar de su baja tasa de letalidad (en términos relativos), puso al borde de una crisis sin precedente a la modalidad de internación en unidades de cuidados intensivos, en especial por la importante cantidad de días que consume cada paciente internado, con el consecuente bajo giro de pacientes. En ciertas partes del mundo se desbordaron muchos de estos servicios y todos hemos sido testigos de los dramas que visibilizaron los medios de comunicación audiovisual. No se puede dejar que esto se repita.
Nuestro sistema de OOSS resistió, como ya dijimos, pero sería tentar a la suerte no aprovechar la oportunidad que nos da la amenaza de un rebrote.
A la autoridad política le corresponde crear las condiciones del contexto (reactivación económica y por ende la actividad laboral), a la autoridad sanitaria desarrollar políticas en conjunto, tal como impulsar la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias con dictámenes vinculantes para financiadores y de referencia obligada para el Poder Judicial, y adecuar aspectos operativos (como el ya citado cálculo indicativo de precios de una canasta o del PMO) y determinadas condiciones de financiamiento; y al de OOSS nos corresponde gestionar con eficacia y eficiencia aquellas herramientas. Ninguna de estas tres fracciones podrá por sí sola.
Es relativamente sencillo ser eficaz, pero se torna muy complicado ser al mismo tiempo eficaz y eficiente. Y la característica de un sistema sanitario es que sus usuarios (pacientes y proveedores de servicios) priorizan la eficacia por sobre la eficiencia, mientras que los financiadores estamos pensando a la inversa. El desafío pospandemia va a pasar por esto, pero será imprescindible concretar pactos sociales y políticos entre todos los actores. Las OOSS podemos ser eficaces y eficientes, pero ello no depende sólo de su gestión interna sino de la puesta en marcha de al menos esos cambios que hemos esbozado a lo largo de este artículo.

(*) Obra Social del Personal de la Construcción – OSPeCon.