El año 2020 es ya un hito en la historia mundial y particularmente en la de nuestro país. En medio de una crisis ya crónica, descontrolada desde el 2019, los meses de aislamiento obligatorio dejaron a gran parte de la Argentina en la pobreza extrema y a la mayoría de la clase media al límite. Desempleo masivo, cierre de pymes, éxodo de grandes empresas y al sistema de salud pendiendo de los ATP y las compensaciones por la caída de aportes.
En este contexto, sólo queda acelerar cambios profundos, estructurales, porque el status quo sólo lleva al fracaso.
La Cámara de Entidades de Medicina Privada participó junto a la UAS en cada una de las reuniones con el Gobierno para generar las acciones y medidas necesarias para sostener la capacidad de respuesta del sistema sanitario durante la pandemia.
También presentamos diversas propuestas acerca de los cambios que creemos necesario implementar en forma urgente para reconstruir el sistema de salud en la pospandemia y prepararlo para nuevos desafíos que se avizoran, como el impacto de las enfermedades derivadas del envejecimiento de la población, la resistencia antimicrobiana y la posibilidad de nuevas epidemias y pandemias.
En ese sentido, dentro de CEMPRA se crearon comisiones de trabajo en diversas áreas: tecnología, médicos auditores, abogados y contadores para aprovechar el capital humano de especialistas con que cuentan las entidades que integran la Cámara para generar cambios concretos que permitan corregir distorsiones en el sistema, en la legislación vigente, impulsar proyectos y lograr una evolución sobre la situación actual.
Así, la comisión de médicos auditores está analizando estudios científicos internacionales sobre diversos tratamientos de alto costo para generar recomendaciones de protocolos basadas en la evidencia, tomando como ejemplo el caso de éxito del Fondo Nacional de Recursos de Uruguay.
En el 2021 tiene como objetivo trabajar también en un Nomenclador Nacional que permita la homogeneización de los tratamientos disponibles.
Por su parte, las comisiones de abogados y contadores trabajan en la revisión de la legislación que rige al sector para abordar los vacíos legales y las distorsiones que incentivan la industria del juicio en detrimento de los aportes y la calidad de atención de la masa de afiliados a las obras sociales y prepagas.
La meta es generar un marco jurídico que reconozca los derechos individuales de los beneficiarios, pero a la vez permita la sustentabilidad de las obras sociales, empresas de medicina privada y mutuales, protegiendo así los derechos del colectivo de beneficiarios.
Resulta fundamental una revisión del Programa Médico Obligatorio, a partir de un Nomenclador Nacional, para establecer la canasta de prestaciones, con un orden y límites definidos a la cobertura.
Es necesario generar un acuerdo entre todos los sectores para la sustentabilidad del sistema sanitario. Tender los puentes entre el Gobierno, sociedades científicas, economistas académicos, todo el sector salud y también legisladores y jueces, a fin de evitar, por ejemplo, el dictado de nuevas leyes por enfermedad, sin un estudio previo de su impacto presupuestario en los financiadores, así como las sentencias sin información sobre la evidencia de los nuevos tratamientos de alto costo y sin tener en cuenta el impacto que el costo desmedido de esos tratamientos tiene en el recorte de prestaciones y calidad de atención que recibe el resto de los usuarios de prepagas y obras sociales que progresivamente van desfinanciando.
Deberán acordar todos los sectores cómo se financiará el alto costo para hacer posible continuar incorporando nuevas tecnologías cada vez más caras.
Entre las alternativas, está la posibilidad de generar un reaseguro mixto o que sea el Estado (a través de fondos mixtos) el que unifique y brinde las prestaciones, así como la medicación. Esto permitiría el establecimiento de protocolos unificados, la realización de compras conjuntas y la planificación para disminuir los costos y lograr mayor acceso a los tratamientos.
Finalmente, otra medida necesaria es la revisión de la carga tributaria que tienen los usuarios del sistema privado, que resulta injusta teniendo en cuenta que estos ciudadanos están renunciando a atenderse en el sistema público -evitando así su desborde-. Y en caso de atenderse, las obras sociales y prepagas abonan el arancel correspondiente por esas prestaciones. Así, los usuarios de la Seguridad Social y el sistema privado sostienen con sus impuestos al hospital público y a la vez deben pagar diversas tasas nacionales y provinciales en la cuota de su cobertura. La migración de usuarios del sistema privado a las obras sociales o al sistema público sólo genera desequilibrio.
Se debe analizar la política sanitaria sin prejuicios ideológicos acerca de lo público y privado, entendiendo que el sistema es uno solo, que el sistema público sólo no da abasto para atender a toda la población, sino que se deben articular todos los subsectores para lograr un sistema sólido, con capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos sanitarios.

(*) Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina.