En este último año tanto los profesionales del equipo de salud como la población en general hemos estado recibiendo enorme cantidad de información y datos referidos a la pandemia, en sus múltiples aspectos, incluyendo cuestiones técnicas y, mayormente, de gran relevancia, impacto social y potenciales consecuencias sobre la salud pública.
Buena parte de esa información nos llega cotidianamente mediada por expertos (o, al menos anunciados como tales en los medios y las redes sociales, lo cual no es un tema menor) y organizaciones de carácter profesional o académico, supuestamente ajenas a cualquier otra consideración que no sea la del bien común (que no es, como es clásico aclarar, la suma de lo que es bueno para cada uno).
También, claro, nos llegan informaciones y análisis a través de fuentes políticas, tales como el Gobierno o los representantes de diversas facciones u organizaciones -no todas de índole partidaria- alineadas en concepciones ideológicas explícitas. Respecto de éstas, y sobre todo en un país profundamente dividido por la política partidaria, en general estamos todos más advertidos, y es, para muchos, una elección explícita creer o rebatir a unos u otros. En la Argentina, todo es “militable”.
Pero hoy me quiero referir a los expertos y a las organizaciones que, casi siempre invocando a la ciencia, promueven análisis, conclusiones o recomendaciones que calan muy hondo en una sociedad golpeada y sensibilizada por las múltiples consecuencias de la pandemia; las actuales y las previsibles.
Y es respecto de ellos que no hemos escuchado sobre los conflictos de interés.
Los conflictos de interés son un problema serio en la medicina, y absolutamente ignorado en la difusión pública de información sobre la pandemia.
Un dato de color: una búsqueda rápida en Pubmed (“conflict of interest”) arroja hoy 685.367 resultados (el primero, de 1962). De ellos, 190.967 corresponden a publicaciones de 2020, y 30.273 a los dos primeros meses de este año.
Es llamativo que, en el contexto de un mercado multibillonario de equipamientos, insumos y particularmente vacunas, y la repercusión política y social mundial y doméstica de la pandemia no reparemos en los juegos de intereses mediados tanto por funcionarios “capturados” (en términos de la economía política) por aquellos a quienes deben controlar, y el papel de los expertos, muchos de los cuales son los denominados por la industria farmacéutica “líderes de opinión” (o KOL: key opinion leaders).
Los KOL ocupan un lugar importantísimo en las estrategias de comercialización de la industria farmacéutica. La Sociedad Argentina de Marketing Farmacéutico explica en su página web que las funciones más importantes de los KOL son “Diseminar información brindada para la compañía. Influir sobre la opinión de sus pares. Mejorar la percepción de las ventajas de los medicamentos. Obtener y transmitir feedback valioso sobre las opiniones y conductas de sus colegas. Influir sobre la conducta de sus pares incrementando de la prescripción de un fármaco”. (1)
De manera que convendría no asumir que muchos de los pronunciamientos, recomendaciones o sugerencias que se difunden provienen de la mirada aséptica de profesionales y organizaciones que habitualmente mantienen vínculos con empresas o grupos de interés en muchos casos muy comprometidos con la economía o la política del mundo en pandemia.
Justamente, la definición de conflicto de interés hace referencia a la posible confrontación entre el interés (beneficio) público y el interés (beneficio) personal. Es por lo menos ingenuo ignorar esta tensión. En términos de la Ley de Ética pública, aplicable a los funcionarios del Estado, para que exista conflicto de interés no importan las intenciones de la persona, ni si finalmente ha obtenido o ha podido obtener algún beneficio concreto. El conflicto de interés debe ser gestionado apartándose de aquellos temas en los cuales tenga o haya tenido intereses personales en el último tiempo.
En la medicina, lo indicado es explicitar el posible conflicto. Lo que en la práctica significa informar al auditorio si el experto ha recibido o recibe algún tipo de remuneración, honorario o beneficio, económico o no, de algún grupo interesado en el tema en el cual ha desarrollado su expertise.
Este criterio podría ampliarse a organizaciones profesionales o académicas que también reciben financiamiento o colaboración material de, por ejemplo, la industria farmacéutica. No es malo mantener vínculos comerciales con grupos económicos dispuestos a promover o apoyar actividades de investigación o mejoramiento de capacidades institucionales. De hecho, es muy bueno, y en muchas ocasiones imprescindible. El problema es no explicitar esos vínculos.

Como decía mi abuela, ser y parecer.


http://www.samf.com.ar/node54#:~:text=Los%20l%C3%ADderes%20de%20opini%C3%B3n%20o,la%20 conducta%20de%20sus%20colega

(*) Médico. Master en Economía y Cs. Políticas.