Recientemente la vicepresidente de la Nación manifestó la necesidad de una reforma al sistema de salud de nuestro país. De hecho, es la segunda ocasión en que lo hace en un corto plazo. Con esa afirmación tan genérica nadie puede estar en desacuerdo. El sistema de salud argentino está en crisis hace muchísimos años y requiere de cambios profundos. Es un sistema altamente ineficiente e inequitativo. A pesar del alto gasto en salud (un 9% del PBI) sus resultados son malos. O al menos no son todo lo bueno que pudiesen ser.
También se puede llegar a coincidir con varias de las afirmaciones realizadas en los documentos que están circulando y a los que se les asigna el marco conceptual de lo que se pretendería con esta reforma.
Sin embargo, al provenir esta propuesta desde las más altas esferas del Gobierno actual, debemos analizar que ha venido ocurriendo en la realidad teniendo en cuenta que es el mismo grupo político que viene gobernando el país desde 2002 a la fecha con una interrupción de los cuatro años de gobierno de la actual oposición.

¿QUÉ PASÓ CON EL SISTEMA DE SALUD DESDE 2002?

El sector salud entró en emergencia durante el año 2002 a partir de la sanción del decreto N° 486 /02. A pesar de las mejoras de la macroeconomía (2003-2008) permaneció en la emergencia con todas las excepcionalidades que esa situación tiene. Este decreto con algunas modificaciones fue prorrogado hasta 2018. En diciembre de 2019 durante el Gobierno de Alberto Fernández y su ministro Ginés González García, fue sancionado nuevamente el Estado de Emergencia Sanitaria mediante la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Esta ley tuvo grandes similitudes con aquel decreto fundamentalmente otorgando amplias potestades al ministerio para la compra de insumos en general y respecto al tema medicamentos.
En el año 2004 el Ministerio de Salud de la Nación aprueba el Plan Federal de Salud 2004–2007, al cual adhieren todas las provincias argentinas. Este plan proponía llevar a cabo un “sendero de reformas” a partir de la implementación de una serie de metas, las cuales podemos agrupar en dos: el primero de los grupos incluye a un conjunto de programas, iniciativas y metas en los niveles de salud de la población; el segundo agrupa acciones y metas destinadas a mejorar el sistema en cuanto a la cobertura explícita de la población sin protección formal (o si se quiere con cobertura exclusiva del Estado), a la implementación de nuevos modelos de financiamiento hacia las provincias, a nuevos modelos de atención, de accesibilidad a los medicamentos, de regulación y de gestión. Incluso se proponía metas para mejorar la performance de las obras sociales. Ninguna meta o proyecto referente a este segundo grupo de reformas del sistema se implementó (salvo alguna honrosa excepción). El sistema de salud siguió con su ineficiencia e inequidad crónica.
El equipo actual que conduce el Gobierno nacional pertenece al mismo grupo político técnico que el de aquel entonces. Sin embargo, las propuestas de reforma actual parecen venir de otro grupo interno del gobierno, quienes actualmente están conduciendo la salud en la Provincia de Buenos Aires. Entonces es conveniente ver que está pasando en la Provincia de los impulsores de la reforma actual.
Todos los indicadores de salud que se analicen en la provincia de Buenos Aires (extensivo a todo el país) nos muestran una enorme inequidad entre quienes tienen cobertura de la seguridad social y prepagas médicas y los que tienen cobertura exclusiva del Estado a favor de los primeros. Lo mismo ocurre con los indicadores de acceso y de calidad. Sin embargo, en la práctica no se está desarrollando ninguna actividad de reforma en el sector público. Sí se está avanzando silenciosamente en un cambio en el modelo de atención del IOMA (Obra Social de los estatales de la provincia) El IOMA es la segunda Obra Social en importancia después del PAMI.
Estos cambios que se vienen desarrollando apuntan a modificar el modelo de atención planteando efectores propios tanto de primer nivel como del segundo nivel, o sea un modelo integrado verticalmente al igual que el actual del sector público.
Esto se está realizando sin un plan preestablecido, ni metas concretas, ni explicitación de los objetivos perseguidos o los resultados en término de eficiencia, calidad o mejoras en la salud de los beneficiarios.
Llama aún más la atención que durante el año 2020, en donde las prestaciones cayeron en porcentajes muy altos producto de la pandemia y por ende el gasto del IOMA en prestaciones, esta obra social haya tenido un superávit financiero de 8.000 millones de pesos según un informe de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que integra el directorio, cifra que de haber sido volcada al sistema de salud hubiera mejorado mucho su performance.
Esta “reforma” del IOMA tiene un claro sesgo ideológico y político, sin un claro objetivo de mejorar la performance en la eficiencia o en la calidad de atención. Por el contrario, de seguir en ese camino se transformará al IOMA en una obra social ineficiente y con mala calidad de atención con población cautiva.

LA NECESIDAD DE UNA REFORMA

Está clara la necesidad de una reforma del sistema. Pero no queda muy claro qué tipo de reforma necesitamos. Las reformas en todo el mundo se han dado a fin de solucionar problemas concretos como lo son presiones en cuanto a cambios epidemiológicos y demográficos, inequidades en los niveles de salud, en el acceso, en la calidad, en la satisfacción de la población o en incrementos de costos a niveles de no hacer sostenible el sistema.
En el caso de los cambios propuestos en el IOMA surgen razones ideológicas y políticas en donde no se visualiza cuál es el objetivo central de éstos.
Debemos ser cuidadosos de apoyar cualquier tipo de reforma sólo por el hecho de hacerlo, ya que de no tener claro qué tipo de reforma necesitamos podemos estar peor que ahora y destruir lo poco que aún está quedando en pie de un sistema desbastado.

(*) Médico. Especialista en Salud Pública.