La eficiencia de las políticas de salud está fuertemente articulada con la situación de la fuerza de trabajo, y la operatoria del sistema de salud descansa críticamente en las características de sus recursos humanos y en el modo en que ellos se coordinan y complementan para brindar cobertura a las necesidades de la población.
Más allá de la creciente incorporación de nuevas tecnologías en el tratamiento de la salud, el “saber médico” y la relación médico-paciente son pilares de cualquier estrategia sanitaria exitosa. La definición de las condiciones laborales de médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud debieran ocupar un papel central en la agenda política sectorial.
Hablar de condiciones laborales del recurso humano en salud involucra un conjunto de aspectos, dentro del cual es posible enumerar algunos de particular relevancia: la definición de una carrera profesional, los criterios de certificación, recertificación localización, capacitación continua y promoción, como también el conjunto de incentivos monetarios y no monetarios que estimula e incentiva el diseño de trayectorias laborales.
El tema va mucho más allá de los aplausos y la pretendida esencialidad durante la pandemia. Cabría preguntarse por qué en una sociedad que tiene una trascendente consideración sobre la responsabilidad que implica el trabajo del equipo de salud, esto no tiene un correlato en el reconocimiento económico de quienes los contratan en el sector que sea.
Parece que las prioridades de la dirigencia política, y de la sociedad fueran otras: el personal de Aerolíneas Argentinas durante más de 6 meses de la cuarentena no trabajó, cobró el 100% de sus salarios, y obtuvo además un 25% de aumento; cuando un médico asume la jefatura de un servicio, o la dirección de un hospital, trabaja con los recursos previos existentes, sin nombrar asesores, a diferencia de los diputados y senadores, que designan casi una pyme (el presupuesto del Senado de la Nación para 2021 fue de $ 13.909 millones con una dotación de empleados asignados a la Cámara Alta de 5.027 personas; en promedio, cada senador tiene 70 empleados), además no requieren de ningún concurso de antecedentes ni de oposición, a lo sumo han terminado la secundaria; en caso de equivocarse (aunque lo que voten sea una barbaridad) no tienen que demostrar el no haber cometido mala praxis.
Según lo confirman varios estudios, más del 80% de los médicos que se desempeñan en el sector público, tienen uno o más compromisos en el sector privado o de la seguridad social. Es hora de que el sistema de salud deje de sustentarse en el “heroísmo médico”; si el protagonismo dramático que adquirió el equipo de salud durante este episodio excepcional no genera un cambio de prioridades, la sociedad en su conjunto cometerá un acto de imperdonable injusticia.
La biblioteca del Congreso, con sus 1.396 empleados tiene un presupuesto total de $ 3.470 millones de los cuales 92% está destinado a gastos de personal. Tomando el tipo de cambio oficial se llega a un número final por el cual cada empleado de la biblioteca del Congreso le cuesta al contribuyente U$S 1.900 mensuales. En promedio un empleado de la biblioteca del Congreso gana unos $ 200.000 mensuales.
El Decreto 226, del 31 de marzo de 2021, aprueba la “estructura organizativa” de la Casa Patria Grande, Presidente Néstor Kirchner, como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, disponiendo, que “el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos presupuestarios asignados a la Jurisdicción 20-01-Secretaría General de la Presidencia de la Nación”, y cuyo objetivo es un organismo que tiene la misión de impulsar la promoción de la integración de los pueblos latinoamericanos en términos culturales, políticos, económicos y sociales construyendo un espacio especial para la juventud.
La noción de comunidad está en crisis. ¿Podrá la pandemia ser un impulso para mejorarla? La democracia convive con signos contradictorios. La lucha contra la corrupción sistémica puede servir para ganar elecciones, pero mucho menos para constituirse en la base de las transformaciones colectivas con un horizonte de sentido.
Lo que falta es resolver un largo itinerario de la sociedad argentina, su declinación.
La decadencia pesa sobre la vida colectiva de los argentinos, que esperan verdaderas políticas de cambio, con instituciones justas.
Tanto el gobierno anterior como el actual, no pudieron dar cuenta del rumbo histórico, de una comunidad de vida y de los destinos de la misma, que exige pegarse a lo concreto sin perder la perspectiva. Esa es la obligación de los gobernantes y no una retórica de cambio, del signo político que sea, que culmina en incumplidas promesas que solo alientan el desencanto.
Muchos recordaran la película “El salario del miedo”, protagonizada por Yves Montand, en que se convocaba a trabajadores para una tarea peligrosa, a cambio de un salario elevado. Los trabajadores de la salud en la Argentina responden a ese llamado, aunque con algo peor que aquel salario. Tal vez deban cambiar su elección por la biblioteca del Congreso o la Casa Patria Grande. Otra alternativa podría ser Aerolíneas Argentinas.
Las prioridades de la clase dirigente, en el país del futuro mejor que nunca llega, exhiben la desconexión entre gobernantes y gobernados.