La Argentina vive uno de sus momentos socioeconómicos más críticos. La consecuencia de la pandemia y las acciones para mitigar sus efectos sanitarios, impactaron de lleno en la pobreza, el desempleo, la caída de la actividad económica y el déficit fiscal. Sin embargo, la caída ha sido más pronunciada, y las expectativas de recuperación son más lentas que en la mayoría de los países.
Esto se debe principalmente a las condiciones estructurales del país, como ser un piso de pobreza del 25% o el déficit fiscal crónico, donde apenas 12 de los últimos 60 años se logró tener superávit fiscal. Cuando se buscan soluciones, la mayoría de las voces apuntan a la generación de empleo genuino, y la herramienta elegida para la discusión, por una parte importante de estas voces, es la flexibilidad laboral.

UN POCO DE HISTORIA, LA DÉCADA DEL 90 Y LOS 2000

Bajo la doctrina del “Consenso de Washington”, la política laboral adoptada durante la década del 90 se centró en la reducción del costo laboral como estrategia para lograr eficiencia y competitividad. Se formularon decretos y normativas con los objetivos del control del salario y la reducción de las cargas sociales, la refuncionalización de los convenios colectivos y el rol de los sindicatos, y, con especial énfasis, en la flexibilización de los contratos de trabajo y de la indemnización por despido. Se incorporaron los períodos de prueba, horarios flexibles, sobre horarios, contratos por tiempo determinado y contratos a tiempo parcial.
Contrariamente a lo deseado, el resultado en la década fue el mayor índice de desempleo registrado en la historia moderna del país y la creación de empleo precario (inestable, mal remunerado, con jornadas laborales prolongadas (sobreexplotación) o reducidas (changas). Por un lado, como señal del deterioro del salario, originando la necesidad de aceptar las jornadas por más de 45 horas semanales, con extensión de hasta 60 horas. Por otro lado, como contraste un aumento considerable del número de trabajadores que se incorporaron al mercado laboral trabajando menos de 30 horas por semana (changas, trabajo a tiempo parcial, etc.). Otro efecto observado fue el crecimiento del desempleo de larga duración.
Luego de la crisis del 2001-2002, donde se alcanzó el máximo desempleo en el país, las tasas bajaron abruptamente acompañando el crecimiento de la economía hasta 2010, donde se estancó durante varios años para luego crecer sostenidamente desde 2014 hasta nuestros días. El dato más destacable de la década es que se generó empleo aun cuando se rigidizaron las normativas laborales. Se dio la mejora del salario y las condiciones laborales, incluida la doble indemnización desde 2002. También es necesario resaltar que el piso de desempleo fue de 7.1%, es decir, más de dos puntos por encima del piso de la década del ´80, dando a entender que el problema estructural se agravó, ya que es gente que permanentemente está fuera del sistema.

EL MERCADO LABORAL Y SU IMPACTO EN LA SALUD

La consecuencia inmediata, en el sector sanitario argentino, del desempleo, informalidad y pérdida adquisitiva de los salarios es la baja de recursos en el subsector de obras sociales y el aumento de población que depende de la asistencia del subsector público. A su vez, dicho subsector también tiene menos recursos dada la baja en la recaudación de impuestos por la consecuente caída del consumo.
Sin embargo, quiero destacar las consecuencias en la salud de las personas. Estudios de diversas universidades demuestran el impacto del desempleo en la salud como así también el impacto sobre la flexibilización laboral sobre los trabajadores. Algunos datos destacables son: el impacto en la tasa de mortalidad, donde las personas desempleadas tienen una tasa de mortalidad 20% más alta que las personas con empleo; la tasa de suicidios aumenta cuando aumenta el desempleo; y cuando la incertidumbre laboral crece aumenta la ansiedad, la depresión y el riesgo de enfermedades cardíacas. Según el investigador inglés Michael Marmot, el desempleo juvenil debería ser considerado una catástrofe sanitaria con efectos en las generaciones futuras.
En resumen, la consecuencia directa de los efectos de las caídas en el mercado laboral empeora las condiciones de salud de la población, siendo qué a la vez, reducen los ingresos al sector salud. Un combo complicado para un sistema de salud argentino que se encuentra en crisis de recursos.

UNA CONCLUSIÓN ABIERTA

La primera conclusión a la que arribo es la coincidencia con aquellas voces que indican que la salida a la crisis es la generación de empleo genuino. Tanto desde el impacto económico como sanitario, la generación de empleo es la respuesta adecuada.
Sin embargo, es necesario dar la discusión de como generar este empleo. Como lograr que las empresas tomen personal, bajo condiciones dignas, siendo a la vez competitivas y eficientes. Según las lecciones que se observan en la historia inmediata de nuestro país, el “costo” del trabajador no es el principal problema para la generación de empleo, sino el crecimiento económico y el aumento de la demanda (interna y externa).
Es necesario mejorar las condiciones económicas que incentiven el ingreso de capitales productivos. Tener un plan económico consistente con nuestra realidad, donde la lucha contra la inflación no esté centrada solamente en la microeconomía (los precios de venta en el mercado) sino en revertir condiciones macroeconómicas que den estabilidad a los mercados.
Esto no significa que las condiciones laborales actuales sean las adecuadas y que algunos cambios se puedan dar. Pero hay que generar el debate con evidencia sustentable sobre la generación del empleo. Es probable que la solución no sea la flexibilización laboral de los 90, pero si sea necesario mejorar aspectos en la normativa que impida que la industria del juicio crezca o protección para las Pymes.
Los extremos no sirven. En definitiva, uno de los grandes problemas de la Argentina es no tener puntos medios.

(*) Asociación de Economía de la Salud.