Los prestadores médicos privados tienen históricamente dos precios rectores en su actividad. Uno es el salario de convenio que debe pagar como mínimo a sus trabajadores y el otro es el arancel que cobra por los servicios médicos que otorga.
El salario es un precio central porque la actividad de producir atención médica es altamente demandante del factor humano que, además, es muy calificado. En la estructura de costos de los centros sin internación el 55% corresponde a las remuneraciones de los recursos y en las clínicas y sanatorios este porcentaje asciende al 74%. (1)
Asimismo, la calidad del servicio médico depende fuertemente de la motivación que tengan los médicos, las enfermeras y el personal de apoyo. Es muy difícil dar calidad médica con el personal desmotivado y en este sentido la remuneración es un factor, no el único, pero sí decisivo.
El otro precio central es el valor que se cobra por los servicios médicos brindados. A diferencia de otros mercados, en la atención médica en general al precio no lo paga el consumidor (paciente) sino que hay un tercer pagador, que puede ser una obra social o una prepaga. Esto hace que los pacientes desconozcan totalmente las condiciones en las que los prestadores médicos tienen que lidiar con sus pagadores.
La otra particularidad de la medicina privada es que, tanto el salario como el arancel, se determinan en mercados que operan en regímenes muy limitados de competencia, mientras que los prestadores médicos sí operan en ámbitos de mucha competencia. Esto hace que los prestadores médicos tengan muy poco poder de negociación en la determinación de los salarios y los aranceles. De esta interrelación surge que los prestadores médicos son tomadores de precios en sus precios rectores: los salarios y los aranceles.
En este marco, cuando sobreviene una crisis, los prestadores médicos son los que sufren la presión al alza de los salarios que pagan y a la baja de los aranceles que reciben. Esto es lo que está colocando en un creciente estrés financiero a las instituciones médicas privadas de la salud.

Observando el gráfico 1 se concluye que todos los actores del sector privado de la salud están perdiendo contra la inflación. (2) El salario de convenio, por su parte, es el ingreso que menos cae en términos reales. Muestra un comportamiento de serrucho producto de que en un momento del año (marzo) se actualiza con las cláusulas de revisión, aunque de manera insuficiente, por eso su tendencia es a la caída. Esta tendencia es producto de la aceleración inflacionaria y del hecho de que los otros ingresos (cuotas de prepagas y aranceles médicos) caen todavía mucho más que lo que cae el salario de convenio.
Lo otro que se observa es que el ingreso más castigado es el arancel médico. Esto responde, en parte, a la aceleración inflacionaria y, por otra parte, a la puja distributiva con los financiadores en donde el prestador siempre lleva las de perder. Como se comentó anteriormente, los financiadores y el sindicato tienen posiciones monopólicas (un sindicato, un PAMI, seis grandes prepagas) y los prestadores son una gran cantidad con competencia entre ellos. Por esta imperfección de los mercados, se necesita una intervención del Estado para proteger a la parte más débil que son los que están en competencia a los fines de evitar su depredación.
En 2019, debido al atraso de aranceles, el anterior gobierno decidió en agosto de ese año establecer para la medicina privada un mínimo no imponible para las contribuciones patronales de $ 17.500. Asimismo, cuando comenzó el confinamiento por la pandemia se dio un segundo auxilio financiero: el decreto 300, que implica una exención a las contribuciones patronales con destino al sistema previsional. El tercer auxilio se corresponde con la no remuneratividad de los aumentos de convenio desde la paritaria de junio 2019.

Por último, se encuentran los subsidios al salario que nacieron con el confinamiento 2020, bajo el nombre de ATP y se extendieron durante el 2021 con el nombre de REPRO. Este auxilio consiste en el subsidio de una parte del salario, pero no a todos los prestadores sino a un conjunto reducido de aquellos que no aumentan su facturación por encima de la inflación (48% de los asociados de ADECRA+CEDIM).
Los impactos que estos auxilios tienen en el costo laboral de los prestadores con internación se presentan en los cuadros 1 y 2.
En el 2020, los ATP llegaron a representar una reducción del costo laboral del 45%. Sumado al 15% de los tres auxilios sectoriales, los que recibieron ATP en el 2020 tuvieron un alivio del 60% del costo laboral.
En el 2021, con el REPRO este porcentaje de ayuda disminuye (3), con lo cual el nuevo impacto es una reducción del 21% del costo laboral. Sumado al 13% de los auxilios sectoriales, los que están recibiendo REPRO tienen un alivio del 34% del costo laboral.
A pesar de todas estas restricciones presupuestarias, el esfuerzo por parte de los prestadores médicos en brindar atención médica de calidad fue en aumento. Según las Encuestas de Satisfacción del Paciente de Adecra+Cedim llevadas adelante desde 2015 y dirigidas a pacientes internados (excluye obstetricia y cirugías ambulatorias) la valoración de los pacientes por los servicios recibidos durante la internación es, en general, elevada.

REFERENCIAS

1) La pandemia modificó los precios relativos y las cantidades consumidas de muchos de los demás componentes de la canasta que compone al costo operativo total. Este tema es abordado en profundidad en el Informe 18 de Adecra+Cedim.
2) El análisis exhaustivo de este gráfico puede encontrarse en el Informe 18 de Adecra+Cedim.
3) Es necesario recordar que el programa Repro baja su peso en el total del costo laboral, ya que, además de tratarse de una suma fija, el tope de salario bruto a partir del cual no corresponde el beneficio no se actualiza desde octubre de 2020 (tomándose el monto nominal del antiguo ATP).

(*) Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina.