La mortalidad infantil y materna son dos indicadores claves de la salud en un país. La tasa de mortalidad materna a nivel nacional aumentó de 3 a 4,1 por cada 10 mil nacidos vivos. El gobierno explica esto por la pandemia.
Tal vez se requiera un análisis más profundo para confirmar esa afirmación o analizar otros determinantes. Si es claro que es inaceptablemente alta, y una de las deudas de la salud por resolver.
Las causas reconocidas se vinculan a complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de estas son prevenibles o tratables. Las soluciones también son conocidas.
Fundamentalmente se requiere accesibilidad a la atención durante la gestación y el parto, así como apoyo y atención en las primeras semanas posteriores.
La accesibilidad es uno de los mayores déficits de nuestro sistema, que se precia de universal en cobertura sin garantizar una atención efectiva en el lugar en el que es necesaria.
El rol profesional de la obstetricia es clave en esos procesos y el estado de situación de esta profesión no siempre reconocida. Algunos estudios estiman que la necesidad con funciones de guardia para la asistencia de los partos es de 2.150 y unas 6.000 para cumplir funciones en atención primaria. Estamos lejos de poder alcanzar esas cantidades.
En la Argentina la Carrera de Licenciatura en Obstetricia se dicta en 15 universidades, mayoritariamente en el centro del país. Sólo una titula en el nivel técnico y queda alguna provincia que forma técnicos en su sistema educativo no universitario.
Si comparamos con las más de 50 carreras de medicina es clara que la salud materna ha sido medicalizada. Esto no resulta sorprendente si analizamos la larga historia de esta profesión en los dos últimos siglos.
Para sus inicios hay remontarse a 1821 con la creación del departamento de medicina de la Universidad de Buenos Aires, ya entonces se hablaba de la Escuela de Parteras. Hasta la década de 1960, se realizaba ejercicio liberal de la profesión, pero con el aumento del número de partos institucionalizados y el fuerte desarrollo corporativo médico, esto se limita.
Es en este contexto que se sanciona en 1967 la ley 17132 que restringe el ejercicio liberal de la obstetricia y configura el ejercicio de su profesión como actividad de colaboración de la medicina y continua vigente aún hoy.
Numerosos proyectos se han presentado sin mayor éxito, en busca de recuperar la autonomía profesional y modernizar la práctica dándoles un rol más activo. La más reciente en 2019 logro la media sanción en diputados, pero quedó varada en senadores.
Cierta reticencia en algunos temas y la pandemia demoraron su tratamiento.
De acuerdo con el marco regulatorio vigente, el actual ejercicio profesional es potestad de la autoridad sanitaria de cada jurisdicción. En algunos casos delegadas en Colegios profesionales. Algunas provincias como la de Buenos Aires (2015) han modernizado la práctica autorizando, por ejemplo: la colocación de DIU.
En síntesis, hoy nos encontramos en un punto de inflexión- luego del estancamiento e incluso reducción en la formación desde los´70 en el que comienzan a aparecer nuevos proyectos formativos como el de la Universidad Nacional del Litoral con un modelo descentralizado, y un proyecto de Ley buscando ver la luz.
Debemos además torcer la tendencia de baja graduación de la carrera, que con unos 200 a 300 egresos anuales no lograr superar el 30% de las inscripciones. Debemos asimismo repensar el número de residencias que no llega al centenar, incentivando la formación de postgrado.
Resulta clave la presencia de la obstetricia en todos los niveles del sistema de salud, está probado que esto reduce el número de cesáreas y la mortalidad materna. La aprobación de la Ley permitiría un acceso más equitativo a la salud reproductiva y la prevención.

Dejemos de invisibilizar el problema.