En varios artículos publicados en esta revista, hemos hecho referencia a distintos temas particulares vinculados con el financiamiento del Sistema de Salud en general y del Subsistema de la Seguridad Social en particular.
En este número, hablaremos del agotamiento del financiamiento exclusivamente basado en el Sistema Contributivo o “bismarckiano”.
Ya en el año 1942, con la presentación del informe “Beveridge” en Inglaterra, se había llegado a la conclusión que todo ciudadano en edad laboral debía pagar tributos, con el objetivo de poder establecer una serie de prestaciones en caso de enfermedad, desempleo, jubilación; pues de este modo se permitiría asegurar un nivel de vida mínimo por debajo del cual nadie debería caer (Sistema universalista).
En otras palabras, se entendía que el modelo estrictamente “bismarckiano” era insuficiente como para sostener un sistema de salud.
En la República Argentina, desde el momento que se considera como de creación de la seguridad social nacional -ley 18.610 sancionada en el año 1970-, el financiamiento de este subsistema (denominado Sistema Nacional del Seguro de Salud, por la ley 23.660), se basa casi exclusivamente en el modelo contributivo.
En la actualidad, es muy difícil que en distintos países del mundo, se aplique algunos de los dos sistemas vistos hasta aquí –contributivo y universalista- en estado puro.
Las desventajas que cada uno de los sistemas produce; por ejemplo, la limitación que contienen los sistemas contributivos respecto de la aplicación personal, al basarse principalmente en los trabajadores formales por cuenta ajena; y, a su vez, la escasa relevancia que los sistemas universales le conceden a los trabajadores profesionales, hizo que los países trataran de extraer las características más favorables de cada uno de estos dos sistemas y adoptaran regímenes mixtos de financiamiento.

Las principales características de la combinación de los dos sistemas puros de financiamiento de la seguridad social son las siguientes:

I. Atender las necesidades de la mayor cantidad posible de personas, colocando un énfasis mayor en la población de mayores necesidades.
II. Los ordenamientos basados en los sistemas universales adoptan criterios de protección para la pérdida de renta de los trabajadores, por ejemplo, con el otorgamiento de prestaciones para cubrir riesgos profesionales.

El Sistema Nacional del Seguro de Salud basa su financiamiento en los aportes de los trabajadores y en las contribuciones de los empleadores directos y en el aporte que brinda al Fondo Solidario de Redistribución.
La realidad indica que el alto costo de la salud -índice de aumento de precios en salud superior al Índice de Precios al Consumidor, valores siderales de determinados medicamentos, disminución del empleo formal que impacta en la menor recaudación por vía del sistema contributivo, costo de determinados insumos en moneda extranjera, amplia cobertura prestacional- hace que la fuente contributiva de financiamiento sea inequívocamente insuficiente como para solventar un Sistema de calidad.
Para poder cumplir con el derecho constitucional a la salud, debemos contar con recursos económicos sustentables, para no tornar ese derecho en una ilusión. La solución a esta situación no puede consistir en el cercenamiento de derechos, ni de coberturas; sino la obtención de fuentes de financiamiento adecuadas.
Somos conscientes que nuestro país viene atravesando, desde hace varios años, una crisis económica que dificulta la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento para atender las necesidades del Sistema de Salud, por afuera de las existentes. No obstante ello, estamos convencidos que el modo de sustentabilidad del Sistema de Salud es un tema que debe ser discutido por toda la sociedad, por vía de sus representantes como en todo país republicano, a efectos de determinar cuál es la prioridad de las necesidades y decidir cómo afrontarlas.
A solo título enunciativo, proponemos las siguientes medidas para mejorar el financiamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud:

1.- Control del gasto.
2.- Optimizar el sistema de subsidios.
3.- Reformular el gasto en materia de discapacidad.
4.- Asignar recursos del Tesoro Nacional al pago de determinados medicamentos de muy alto costo.
5.- Articular compras conjuntas de medicamentos de alto costo entre los financiadores del Sistema de Salud.
6.- Modificar el sistema de aportes de los monotributistas al Sistema Nacional del Seguro de Salud.