Hemos naturalizado hasta tal punto la crisis sectorial que parece que constituye un paisaje que no conmueve. Pero, aun así, se profundiza día a día.
En medio de una fiscalidad destruida, el sector público recibe una demanda creciente de población desplazada de otros sistemas de cobertura, en un escenario de agravamiento de las condiciones sanitarias de la población. 12 millones de personas en pobreza, dos millones en indigencia (entiéndase bien: hambre) suponen un determinante absoluto para generar y agravar las condiciones por las que enfermar y morir.
Como consecuencia de la caída de la masa salarial, la mora en los aportes y el incremento de los costos de la canasta de salud, la seguridad social se encuentra literalmente quebrada. Se es- tima que el valor capitario del PMO oscilaría en unos $ 15 - 18.000, y con esos valores, entre el 70 y el 80% de las entidades que integran el seguro social no alcanzan a cubrirlo.
Fuentes de redistribución como el propio FSR han perdido capacidad de soporte financiero y subsisten como complementos marginales de un modelo que perdura gracias a transferencias discrecionales no contributivas por parte del Tesoro.
Un sistema que se estima que en 2020 gastó el 10.8 % de su PBI en salud (Ministerio de Salud. 2022) pero que desde entonces ve decrecer su participación relativa en el gasto público social, y lo que es igualmente de grave, va perdiendo paulatinamente la gratuidad en el punto de atención, con lo cual, aquel decremento se compensa con gasto de bolsillo, llevando a un modelo más inequitativo e injusto.
Un País en el que el desfinanciamiento del recurso profesional ha generado que impere la deserción, la decepción y la desatención. En el que la reemergencia de enfermedades como consecuencia de la caída de acciones preventivas terapéuticas y de rehabilitación, modula un nuevo paradigma epidemiológico que nos retrocede en la historia e impactará sobre la morbimortalidad cardiovascular, la incidencia y gravedad del resto de las ENT, la expectativa y la calidad de vida. En el que mueren 49 mujeres cada 100.000 nacimientos.
En el que ante la falta de provisión de insumos y el déficit de recurso humano se pierde el sentido de la oportunidad e incluso el de la calidad de la asistencia. En el que se reesteriliza forzadamente por carencia de insumos. En el que el precio de los medicamentos escala aún por encima de un IPC espiralizado limitando o llevando al abandono de tratamientos. Se entiende… entre la adherencia a un tratamiento, o a un plato de comida, la elección es obvia.
Un País que en estos días está definiendo qué País será en los próximos tiempos...
Sin embargo, la rectoría del sistema pareciera vivir en otro País. O mejor dicho en otro PAIS. (¿O quizás sería mejor enunciarlo como otro PAISS?). Que ante una crisis terminal como la expuesta responde con una declamación afirmando que “La Salud Pública es un derecho fundamental que debe garantizar el Estado” (04/10/23).
En un País en el que el financiamiento del insostenible seguro de salud para la tercera edad se hace a expensas de otro PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), establecido como consecuencia de una restricción necesariamente distorsiva en tanto no diferencia por capacidad contributiva ni por finalidad del gasto, y que está destinado a desaparecer como consecuencia de la insostenibilidad de la brecha cambiaria que el mismo tributo colaboró a generar.
En un País en el que a dos meses de finalizar la gestión dispone la creación de un PAISS a través de una Resolución ministerial que pretende instalar un sendero de convergencia de programas y financiamientos en curso a través de una Resolución que, de un modo similar al que la asimilable 518/2019 de la entonces Secretaría de Salud denominó PACES, es tan frágil y derogable como aquella.
Un País en el que el PAISS presentado por una gestión que termina, tras sesenta (60!) considerandos, establece un PAISS-PS: Plan Argentino Integrado de Servicios de Salud-Plan de Servicios de “uso obligatorio para todo el Sistema de Salud”, asumiendo que permitirá “dar respuesta a las demandas de la población y que, en tal sentido y con la finalidad de lograr el cumplimiento de los lineamientos dispuestos por el Señor Presidente de la Nación Argentina, corresponde establecer un Programa Nacional que permita la concreción de los mismos y establezca mecanismos para el financiamiento de la salud consolidados e institucionalizados”.
Un País que a dos meses de finalizar la gestión de un Ministerio sordo a los dramas y reclamos cotidianos, anuncia que el financiamiento del PAISS, y en particular del Fondo Nacional de Equidad en Salud (FONES) (Res.518/2019 y 1507/2020) - a cargo de “cubrir las brechas de cobertura, acceso y calidad existentes en las jurisdicciones participantes respecto de las prestaciones específicas de alta complejidad, baja incidencia y alto precio correspondientes a líneas de cuidado de salud definidas en el Plan de Servicios de Salud” se financiará con el 4% del valor capitario de un programa preexistente (!), por aportes eventuales (!) del Tesoro, de las Obras Sociales y Provincias que adhieran (!) y de recursos residuales preexistentes, pero disponiendo en la reglamentación una compleja polinómica que determina en definitiva un devengado sujeto a disponibilidad y no a demanda de recursos.
Un País en el que, el flujo de recursos requerido para la necesaria integración del sistema, se basa en un stock de financiamiento por vía de endeudamiento externo, y es, por tanto, limitado, finito y condicionado (línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N° AR-O0021 y el Contrato de Préstamo BID N° 5744/OC-AR).
Un País en el que la oportunidad de un decreto crepuscular se relaciona más con la necesidad de dar cumplimiento a los acuerdos contractuales que tal préstamo dispone, que al establecimiento de un consenso sectorial que pavimente el camino de dicha integración.
En un País que sigue sin pensar un sistema de salud para el País. Que reclama imperiosamente seriedad, compromiso, racionalidad y destino.
Lo que nos falta