Es un consenso general que el Sistema de Salud enfrenta una de las peores crisis en su historia, afectando a todos los actores involucrados, ya sean financiadores o prestadores. Ante esta difícil realidad, la Federación Argentina de Obras Sociales para el Personal de Dirección (FAOSDIR) ha trabajado intensamente para analizar y proponer soluciones a los distintos problemas que afectan al sector.
El resultado de este esfuerzo es un documento estratégico que identifica las principales dificultades del sistema, en especial aquellas que afectan su equidad y sostenibilidad, y propone reformas para abordar cada una de estas problemáticas.
Se acompaña al final del presente el enlace al Documento Estratégico de FAOSDIR (1) que permite analizar el trabajo realizado juntamente con las distintas mesas técnicas de nuestra organización y que contempla también propuestas para que sirvan de disparado- res en el camino hacia una reforma que garantice la sustentabilidad sin perder los principios de equidad y solidaridad dentro del marco de la seguridad social.
Dentro de este escenario, la judicialización de la salud emerge como una de las causas que erosionan los recursos financieros y amenazan la equidad del sistema. La proliferación de amparos, que no solo aumentan los costos institucionales, sino que también distorsionan la cobertura, plantea la necesidad de reflexionar sobre el papel de la justicia en relación con las normativas y su impacto presupuestario.
Es fundamental cuestionar si los jueces deben ceñirse estrictamente a las normas priorizando la celeridad en el caso de los recursos de amparo, o si deben considerar el impacto de sus decisiones en todo el sistema, incluyendo las fundamentaciones científicas y evidencias técnicas como también las implicaciones presupuestarias vinculadas a la eficiencia de las tecnologías y tratamientos reclamados.
La judicialización, al desviar recursos, amenaza la equidad del sistema, especialmente afectando a los sectores más vulnerables y con mayores necesidades de atención médica.
La reforma constitucional de 1994 elevó el derecho a la salud al nivel de un derecho fundamental, respaldado por diversas vías legales. Sin embargo, la judicialización ha introducido desafíos, poniendo de manifiesto la necesidad de un equilibrio entre el derecho legítimo a reclamar y la responsabilidad de garantizar la eficacia y seguridad de los tratamientos.
Para abordar esta problemática, se ha implementado el Registro de Amparos de Medicamentos de Alto Precio, dependiente del Ministerio de Salud, desde el año 2020, analizando los procedimientos judicializados para evaluar la demanda de tecnologías de salud.
Los informes generados proporcionan información crucial sobre la distribución geográfica y etaria de los pacientes, costos y otros datos relevantes.
Según el registro, más del 60% de las prestaciones otorgadas por este medio corresponden a enfermedades poco frecuentes, con- centrándose el 90% de los costos en solo 10 medicamentos. Este instrumento resulta crucial para comprender la desfinanciación generada por la judicialización y la concentración de los reclamos en áreas urbanas.
La creación de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (CONETEC) en 2018 y, posteriormente, de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Excelencia Clínica (CONETEC) en 2023, ha sido un paso importan- te para revertir la desnaturalización de la prestación de salud a través de litigios. Estas comisiones se centran en evaluar la eficiencia de medicamentos y tecnologías, considerando aspectos éticos, médicos, económicos y sociales.
Dentro de este contexto se ha creado un nuevo mecanismo de participación de las instituciones en los procesos judiciales. El Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud (CATPROS), creado mediante Decreto 468/23 bajo el ámbito del Ministerio de Salud, significa un importante hito en este transitar hacia el equilibro entre la necesidad y el derecho.
Brinda asesoramiento técnico en casos de reclamos por medicamentos, tratamientos innovadores y tecnologías sanitarias. Este Consejo, integrado por profesionales de la salud, actúa en conjunto con la CONETEC para proporcionar información técnica al Poder Judicial sobre la pertinencia y conveniencia de la utilización de tecnologías sanitarias en todo tipo de procesos, incluso los amparos.
La normativa establece que los informes emitidos por estas entidades son no vinculantes, pero su peso radicara en la evidencia científica y la experiencia, respaldando la conveniencia de una indicación profesional sin desmedro de la sustentabilidad del sistema y la calidad de la atención. Aunque es facultativo para los jueces someterse a este criterio, el prestigio y la imparcialidad de las instituciones que lo integren pueden fomentar su uso como herramienta procesal antes de dictar sentencias.
Reconocemos la importancia de proteger el derecho a la salud y garantizar servicios y tecnologías de calidad para toda la población.
La legislación se encuentra avanzado hacia la mitigación de la judicialización, entendiendo la necesidad de equilibrar el garantismo con la defensa de intereses legítimos.
En esta transformación hacia una modificación sustentable, la creación de organismos especializados y la implementación de herramientas judiciales más informadas son pasos cruciales para superar la crisis actual del Sistema de Salud. La nueva normativa crea una ventana legal para utilizarla en todos los expedientes en los que seamos parte.
Debemos como gestores activos desde nuestras cámaras y organizaciones aprovechar esta oportunidad motivando la actuación de nuestros profesionales proponiendo su incorporación a todos los procesos, y desde nuestros cuerpos técnicos ingresar en las mesas de trabajo de estos nuevos organismos para garantizar su eficiencia.

El cambio depende también de nosotros