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Según el Nobel de economía 1973, Theodore Schultz, con
la acumulación de capital humano, en inversiones en
salud y educación, los países avanzan en productividad,
hacen más sustentable su crecimiento y elaboran su
desarrollo.
Pero nuestras condiciones macroeconómicas están en
graves dificultades, con reducción de los niveles de
ingreso de la población, aumento de la informalidad y la
consecuente dificultad para acceder a servicios de salud
por medio de la seguridad social.
Esto debería llevar a una redefinición de las fuentes de
re- cursos: hasta hace unos años la tendencia era la
incorporación de cotizaciones sociales basadas en el
trabajo, hoy la tendencia es abandonar esa fuente de
financiación de la salud con el trabajo (total o
parcialmente) y su reemplazo por otras fuentes.
Teléfono para un Estado, que auténtico garante del
derecho a la salud, no figura entre sus principales
financiadores.
Así, el desafío de nuestro sistema de salud para
extender la cobertura real garantizando una calidad
homogénea en los servicios, genera discusión entre
abocarse a una reforma, aumentar el gasto público
sectorial, o aplicar “parches” para acallar “estallidos”
coyunturales.
Esta última alternativa ha sido la más habitualmente
elegida por las autoridades sanitarias. En los cuarenta
años de democracia no se logró disminuir una inequidad,
que resulta inaceptable para un régimen de estas
características, y que dificulta alcanzar un crecimiento
sostenido.
Los resultados dan cuenta, de ineficacias en las
políticas y servicios, e irracionalidades que se
manifiestan elocuentemente cuando otros sistemas
consiguen más salud con el mismo, o menos dinero.
Todo sistema de salud tiene un modelo de gestión, su
componente político, que define los valores que lo
sostienen, sus prioridades, la función a desempeñar por
el Estado (incluyendo la definición de los servicios a
prestar por él y aquellos que se dejarán en manos del
sector privado), y los límites de su poder de rectoría;
un modelo de financiamiento, que define de dónde vienen
los recursos, su asignación y (especialmente en un
sistema federal como el nuestro), los mecanismos de
transferencia desde los niveles centrales a los locales;
y un modelo de atención, que establece la organización
del trabajo (específicamente cómo y dónde se prestan los
servicios).
Aunque resulta un error abordar el análisis del sistema
de salud solo desde la perspectiva del financiamiento,
los problemas de fondo preexistentes del sistema
encubiertos durante la pandemia con aportes
extraordinarios y menor consumo prestacional, y antes de
ella con auxilios circunstanciales, se manifiestan hoy
magnificados.
La discusión enunciada más arriba entre adoptar un
cambio de rumbo o la aplicación de medidas coyunturales
resulta indiferente en nuestra situación actual (y me
atrevería a decir, que en todas las anteriores): deben
aplicarse una serie de medidas coyunturales, pero con un
claro sentido de cambio del rumbo.
Cabe mencionar el caso de la seguridad social nacional,
donde la recaudación mensual promedio alcanza solo el
85% del costo del PMO, tomando en cuenta solo los
aportes y contribuciones, pero solo el 29% de los
agentes recauda lo suficiente para la cobertura del
mismo, y contiene al 22% (poco más de 3 de los 14
millones de beneficiarios).
El llamado Fondo Solidario de Redistribución desmiente
su condición de solidario y redistributivo, pues
aplicados sus recursos, solo el 42% de los agentes
alcanza a cubrir el PMO, cobijando a menos de 6, de los
14 millones de beneficiarios del sistema.
Se debieran corregir subsidios distorsivos como el SUMA,
que otorga más fondos per cápita a beneficiarios de
obras sociales con ingresos medios tres o cuatro veces
superiores, que, a otras, que reciben menos, aun a
igualdad del número de beneficiarios. O que
increíblemente sostiene con subsidios per cápita cinco o
más veces superiores a obras sociales de menos de mil
beneficiarios, cuya capacidad de cobertura y
sostenibilidad es inexistente.
Si las prestaciones de discapacidad se trasladaran al
auténtico responsable de estas (el Estado nacional), que
posee una agencia destinada al efecto, sin afectar
ninguno de los derechos garantizados en la ley 24.901, y
el alto costo pasara a ser cubierto por un fondo único y
común para todos los ciudadanos (sin tomar en cuenta su
cobertura), el 84% de las obras sociales, y el 80% de
sus beneficiarios (12 millones) podrían cubrir el PMO.
Esta última medida contribuiría además a dirimir el
dilema de asignación de recursos entre la equidad y la
incorporación de tecnología innovadora: pues cuando se
prioriza lograr condiciones de acceso, financiamiento y
resultados de salud similares para todos; los recursos
no alcanzan para incorporar nuevas tecnologías; y cuando
se busca favorecer la excelencia de la respuesta, es muy
difícil lograr su disponibilidad para toda la población.
Una cobertura de estas características contribuiría a
despejar esta intolerable inequidad. Es imprescindible
optimizar el sector estatal, responsable de la atención
de más del 35% de la población, ordenarlo para trabajar
coordinadamente sectores provinciales, municipales, OOSS
provinciales, y participar en esquemas de articulación
público-privada.
Cabría discutir además si resulta justificable tener
delegaciones provinciales de PAMI y de la
Superintendencia, con funciones que perfectamente
podrían coordinarse. O si deben cubrirse al 100%
medicamentos de dudosa efectividad, y a todos los
beneficiarios de un subsistema… o sólo aquellos de
imprescindible necesidad y a aquellos beneficiarios con
dificultades ciertas de acceso.
Durante la pandemia se revalorizó entre la población en
general y en el propio sector el rol de la salud
pública, y se consiguió una buena integración
público-privada, funcionando en redes mixtas que
minimizaron temporalmente las fuertes inequidades.
Pero todo quedó en la historia. La equidad implica
lograr que todos los argentinos tengan respuestas
equivalentes en calidad y efectividad. O en términos
ético-democráticos: no tolerar unos servicios de salud
para pobres y otros para ricos.
Aliento la esperanza de que no quede en la historia
| (*) Presidente del
Instituto de Política, Economía y Gestión en
Salud (IPEGSA). |
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