Introducción

No cabe duda alguna de que la salud es un derecho humano fundamental de primer orden, reconocido como tal en nuestra Carta Magna y en el plexo normativo internacional. El mismo lo establece como uno de los cimientos que dan base para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población.
Pero que reconozcamos que la salud es un derecho de tal magnitud no significa que no debamos cuantificar y cualificar los recursos que se necesitan para garantizarlo.
Y a partir de allí surgen definiciones sobre las fuentes de su financiamiento, la eficacia del gasto y la capacidad de gestión de esos recursos. Todo esto con el propósito de lograr la sustentabilidad del sistema sea este público o privado.

Financiamiento de las Obras Sociales

Hay varios hechos relacionados con el financiamiento que actualmente inciden negativamente en la sustentabilidad del sistema de las obras sociales, entre ellos podemos mencionar:

 El tener como fuente casi exclusiva las cotizaciones sobre las remuneraciones aportadas por el trabajador y el empleador.

Esta característica organizacional permite una alianza entre el mundo del trabajo y la cobertura sanitaria de la fuerza laboral y su familia. Por lo tanto, los vaivenes en el espacio de la estructura del empleo impactan directamente en el sistema. Esto sumado al incesante aumento de los costos en las prestaciones médicas forman un peligroso marco de inestabilidad.
Por lo expuesto sería interesante explorar otras alternativas como por ejemplo seguros y ordenamiento de actuales partidas presupuestarias de la Nación hoy mal direccionadas ej. las destinadas a educación y/o transporte.

 Las prestaciones que constantemente son legisladas como obligatorias e incluidas dentro del Programa Médico Obligatorio, en adelante PMO, sin asignación de fuentes de financiamiento.

El Programa médico obligatorio (PMO) se encuentra establecido en el Decreto N° 492/95, y constituye la canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las obras sociales.
Con el correr de los años se les fue sumando distintas patologías que han sido incluidas en las prestaciones obligatorias mediante leyes especiales, ampliando la cobertura y consecuentemente el gasto prestacional, pero sin especificar el origen de su financiamiento.

 La judicialización

El notable y constante aumento consecuencia de acciones de amparo cuando las redes prestacionales de atención a la salud rechazaban el otorgamiento de dichas prestaciones.
Las consecuencias de la judicialización sin el asesoramiento de cuadros médicos solo incluyen presiones financieras en el sistema de salud y también contribuyen a generar desigualdades en el acceso a la atención médica.
De esta forma el Poder Judicial se convierte en un poder decisivo más de las políticas sanitarias a través de sus decisorios.

 La carga impositiva es otro de los claros sobrecostos del sistema provocando el desvió de los recursos hacia otros fines de los establecidos en la normativa de su creación (asistencia medico asistencial a sus beneficiarios). El impuesto a los débitos y créditos bancarios, ingresos brutos, IVA son no solo distorsivos sino también discriminatorio máxime en las organizaciones dependientes de la seguridad social.

Por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, impuesto al valor agregado sobre medicamentos importados, material descartable y cuotas de los planes de afiliados que voluntariamente acceden al sistema, son algunos de los gravámenes que distorsionan la finalidad de las cotizaciones que ingresan los afiliados para hacer frente a las distintas contingencias de origen patológico.
La salud no debería estar gravada con impuestos de índole alguna, ya que se considera que la prestación médica asistencial no debe ni puede asimilarse al consumo comercial común.

Solidaridad del sistema Derecho individual vs. Derecho colectivo

Las consecuencias de algunos de los ítems mencionados no solo incluyen presiones financieras en el sistema de salud, sino que también contribuyen a desigualdades en el acceso a la atención médica.
Se plantea la compleja cuestión del derecho individual frente al derecho colectivo del resto de la población beneficiaria, que ve disminuido los recursos del prestador de salud al tener que afrontar gastos que podrían considerarse fuera del alcance contractual.
Esto está íntimamente ligado a la solidaridad del sector de la seguridad social, pero el punto radica en hasta donde es justo que se acceda a todas las prestaciones que se requieren si el sistema está siendo desfinanciado y con el acceso de unos pocos, muchos se ven perjudicados.
Si bien es cierto que la solidaridad es un principio fundamental que implica que los que pueden contribuir más financien el sistema para que todos tengan acceso a servicios y prestaciones esenciales, la sostenibilidad financiera del sistema puede verse afectada si no se gestionan adecuadamente las demandas y los recursos disponibles
En línea con ello es crucial administrar eficientemente los recursos. La relación entre la solidaridad y la equidad en el acceso a prestaciones es un tema complejo y ético.

Desafío actual

El gran desafío actual del sistema de salud en la Argentina es garantizar su sostenibilidad financiera conciliando la protección de los derechos fundamentales de los individuos con la necesidad de asignar recursos de manera eficaz y equitativa evitando el gasto innecesario.
En este sentido, se requiere un diálogo continuo entre profesionales de la salud, prestadores y financiadores con los tres poderes del Estado para encontrar soluciones equitativas y sostenibles que permitan la implementación de medidas en forma conjunta para el funcionamiento del sistema.