Estamos una vez más ante la disyuntiva de si se va a patear el tablero o se va a construir sobre lo realizado, expuestos ante la permanente crisis de la Salud, y frente a la incertidumbre que plantea una conducción con distinto signo político y filosófico.
Durante la pandemia, desde CEMPRA, como coordinador de la Comisión de Asuntos Legales, y Avalian, elaboramos algunas propuestas para la reforma del sistema de salud. Trabajamos sobre la base de tres principios rectores.
El primero de ellos era el de la sustentabilidad, que necesariamente implicaba una reconfiguración de unas cuantas variables del mercado. El segundo procuraba la escalabilidad de las reformas, esto es su materialización en el corto plazo, pro- curando al mismo tiempo ser herramientas que permitan el desarrollo de otras reformas de mayor envergadura o sean modificatorias algunos paradigmas del Sistema. El tercero, tenía que ver con que se encuentren comprendidos todos los sectores del Sistema, bajo la premisa de que no son viables las reformas que involucran solamente a algunos actores.
Sucintamente, aquellas propuestas abarcaban algunas reformas sustanciales, como la creación de un fondo para el alto costo con las premisas de universalidad y escalabilidad, mediante la adhesión de las distintas jurisdicciones; y la reforma del IVA, con sus distintas variables. Respecto del fondo, la propuesta solamente abarcaba la posibilidad de sumar distintos actores (Estado Nacional y Provincial, EMP, Institutos de OOSS) a un sistema vigente, aportando financiación mediante una cotización previa, sin analizar los alcances de la cobertura, ni su perfil, ni tampoco la ardua discusión acerca de qué prestaciones o patologías deberían cubrirse.
A su vez, se analizaron reformas menos pretensiosas, pero más operativas, como ser la instrumentación de los Planes de Cobertura Parcial, y con las herramientas de un Nomenclador y un Padrón Único, diseñar la articulación de coberturas integrales y parciales, de acuerdo con la capacidad contributiva de cada individuo, en procura de evitar los subsidios cruzados, mejorar la accesibilidad y zanjar la segmentación y la fragmentación del Sistema.
Subyace en todas ellas, sin embargo, la imagen empoderada post pandemia de un Ministerio de Salud Nacional que a fuerza de consensos con las provincias puede avanzar hacia estos objetivos.
El escenario actual y el inminente, se configura de manera diferente, en lo que bien podría constituir un cambio de paradigma.
Desde hace algunas semanas viene resonando en el sector el concepto de la desregulación como única respuesta a los problemas que lo aquejan.
Sobre el particular, y puntualmente en lo que concierne a la desregulación de los precios de la EMP, cabe adelantar que su instrumentación es acertada. Razones jurídicas y económicas lo avalan. Jurídicamente, la propia redacción de la Ley establece un procedimiento individual y un mecanismo de presentaciones y notificaciones que distan de aquellos previstos para los mercados expresamente regulados.
La Medicina Prepaga es la única actividad privada regulada de hecho para controlar la inflación, pese a su baja incidencia en sus variables. Por otro lado, desde el punto de vista económico no es un servicio público o esencial de aquellos que generan una posición monopólica u oligopólica en el mercado, ni es una actividad con excesivas barreras para el ingreso, lo que justificaría una regulación de precios.
Ahora bien, como vimos, la mal denominada desregulación de precios ha generado una inercia sobre algunos aspectos sobre los que corresponde detenerse. El primero de ellos, tiene que ver con la interrelación de las EMP con el Sector Prestador -vínculo hoy particularmente resentido- y que fue ilegalmente alcanzado por la regulación (normativa y de precios), excediendo las competencias de la autoridad de control. Ciertamente, la práctica habrá generado una inercia cuyos efectos se verán a poco que se liberen los precios, pero cuya magnitud es difícil de vislumbrar frente a las distintas situaciones de los prestadores según su ubicación geográfica, y la de los colegios médicos.
En segundo lugar, preocupa la eventual concentración del mercado, y la canibalización de los precios. Sin dudas, en función del alcance que contenga la desregulación de precios, es posible que haga falta una capa regulatoria – normativa – referida a las intervenciones que preparen el terreno para un mercado desregulado. A modo de ejemplo, el Sistema de Salud de Brasil establece mecanismos específicos para los casos de fusión o absorción de las entidades que brindan coberturas privadas, desde la perspectiva de los usuarios.
Probablemente, se articulen mecanismos de autoregulación a través de la concertación de las entidades en las cámaras del sector, en los que además de los precios se discuta también el traslado a los prestadores. El mercado de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) es un posible ejemplo de ello.
En el mismo sentido, debe traerse a colación el efectivo alcance de la desregulación acerca de si involucrará solamente a las cuotas de la EMP, o abarcará algunas otras modalidades como productos y otros controles de la SSSalud. Más aún, cabe preguntarse si habrá de regularse la Cobertura Universal para el Sistema Público.
Es posible que asistamos a un salto de paradigma, en cuya complejidad se debaten dos modelos de Estado.
Brevemente hemos querido compartir la visión y las inquietudes que hoy tenemos como operadores del Sistema de Salud. Desde las empresas que conformamos CEMPRA con- fiamos en tener la posibilidad de dar nuestra visión federal y contribuir a que se puedan realizar algunos pequeños ajustes en el Sistema, como los que describimos, y bregamos por la instauración del concepto de la escalabilidad en cada una de las políticas que se instrumenten.

(*) Gerente de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales - Avalian Cobertura Médica- Miembro de la Cámara de Entidades de Medicina Privada (CEMPRA).