El alza de los fármacos, que con oscilaciones se venía produciendo a lo largo del año, se agudizó luego de que el nuevo gobierno ratificará que se buscará avanzar hacia un esquema de mercado que permita ordenar los precios relativos, dejando de lado cualquier tipo de regulación de precios.
Particularmente, preocupa el destino de las acciones que se venían desarrollando a lo largo del tiempo con los medicamentos éticos que requieren prescripción médica para su expendio y venta, establecida oportunamente entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Comercio y las Cámaras que engloban a los laboratorios de especialidades medicinales en base a subas acordadas que no superaran el 1% del IPC.
Hasta su vencimiento, operado el 31 de octubre, los precios venían incrementándose a un ritmo acorde en términos generales al de la inflación. Posterior a tal fecha, se observa no sin preocupación que, solo si se toma el período que va desde noviembre a hoy, los medicamentos registran un alza en promedio del 85%. No existiendo -en principio- retrasos que lo justifiquen. Pero si superando significativamente la inflación de igual período.
Si bien los medicamentos históricamente se han movido por encima del índice de inflación (IPC) - que según el INDEC a noviembre de este año alcanzó una cifra del 148% - tomando en cuenta el mismo periodo lo han sobrepasado ampliamente, llegando al 308%.
En particular, la velocidad del incremento registrado post Ballotage presidencial no solo ha puesto en alerta a los financiado- res, sino que al mismo tiempo tal descontrol ha pasado a complicar la situación de pago directo por parte de los pacientes que los demandan.
Ya que no se trata de un bien económico de consumo habitual contra el que se puede elegir adquirir o sustituir, sino de un bien especial que frente a determinados tratamientos obliga a tener asegurado su acceso en el caso de solo poseer cobertura pública, o garantizar un precio medianamente accesible una vez aplicados los descuentos por parte de los aseguradores.
Los laboratorios farmacéuticos vienen argumentando que su volumen de ventas en el año ha venido cayendo al igual que su facturación, aunque paradójicamente para “compensarlo” aumenten los precios considerando la inelasticidad/precio de los medicamentos.
Pero lo que no parecen tener en cuenta es que, inde- pendientemente de lo que pueden cubrirles sus aseguradores (mínimo 40%), el salario o la jubilación y por ende los ingresos de los pacientes no aumentan a la par de la inflación, sino que tienden a depreciarse. Con lo cual enfrentan barreras a acceder a cada vez menos remedios desde su bolsillo, lo que pone en riesgo la adherencia necesaria de los tratamientos indicados.
Que a pesar de estas cuestiones las nuevas funciones para la Secretaría de Comercio no delimiten necesarias regulaciones en el campo de los medicamentos suena algo complejo. Per se, el Ministerio de Salud no parece tener suficiente poder de fuego para regular las fallas del mercado del medicamento y su natural opacidad.
Tampoco se conoce si se dará continuidad al Plan Remediar y su canasta de medicamentos para quienes solo pueden ser cubiertos por el subsector público, la cual debería al menor ser revisada en función de la oferta que posee y la necesidad de su eventual ampliación. O que ocurrirá con los listados positivos de cobertura 100% del PAMI y al menos la garantía de su sostenibilidad para aquellos tratamientos de enfermedades crónicas que no pueden ser discontinuados.
Menos aún, si se insistirá con la aplicación de la prescripción por nombre genérico de los medicamentos, y se la hará obligatoria para garantizar la sustitución por precio a igual calidad más allá del nombre de fantasía.
Lo que permitiría no solo estimular la competencia por precios (un principio de la lógica del mercado) sino concientizar al médico que, en tanto siga prescribiendo el medicamento más caro, seguirá siendo funcional al marketing de la industria al tiempo que vera cada vez menguados sus ingresos.
También debería desalentarse la aprobación de medicamentos marginalmente eficaces, con beneficios estadísticamente “significativos”, pero clínicamente sin importancia.
Una estrategia integral para facilitar una mejor prescripción y favorecer descuentos también puede ayudar a mejorar la eficiencia de la gestión asistencial y reducir sus elevados costos. Ya que la contracción de la economía hará que los recursos del sistema pasen a ser más finitos, y la lógica del mercado sanitario terminará deglutiendo a quien resulta el único que lo moviliza según la particularidad con que mueve su lapicera.
Por supuesto que la mayoría de estos cambios requieren modificaciones en leyes y regulaciones existentes, por lo cual los médicos y las organizaciones médicas, así como los financiadores deberían establecer alianzas estratégicas y abogar por ellos.
Resulta decepcionante que haya mucho reclamo sobre merma en los ingresos profesionales, y poca promoción respecto de cambios en los mecanismos del mercado sanitario que realmente puedan lograr un impacto significativo en revertir la crisis que atraviesa y reducir la puja distributiva.
Por ejemplo, generar pautas de tratamiento específicas que tengan en cuenta el valor además de los costos. Las actuales a menudo solo presentan una lista de opciones de tratamiento aceptables para una afección determinada, aunque sin recomendaciones claras que orienten a los pacientes y a los médicos a elegir la opción más rentable y efectiva.
Antes que una reforma que lleve a un cambio de rumbo, frente a una economía que requiere ser reconstruida y en el contexto de una lógica de mercado sobre la que aún no queda en claro cuál será su dinámica final, pequeñas cosas en la dinámica del sistema sanitario -y especialmente en el particular campo de la industria farmacéutica- pueden hacer mucho para avanzar en la garantía del derecho a la salud. O, al menos, de la igualdad de oportunidades.