En la Argentina, los recursos humanos en salud enfrentan serios problemas desde hace tiempo, agravados luego de la pandemia. La distribución geográfica desigual dificulta el acceso equitativo a la atención médica.
La escasez de especialistas clave, como cuidados críticos y atención primaria, agudiza esta disparidad. La falta de cobertura de vacantes en programas de residencia perpetúa la carencia de personal en esas especialidades claves. La fragmentación de subsectores y la baja remuneración, especialmente en especialidades de primera línea, como la atención primaria, son preocupaciones adicionales. La sobreespecialización agrava la inequidad en la distribución de recursos. Estos desbalances persisten a pesar de asignar aproximadamente el 10% del PBI al sector de salud.
Las primeras medidas del nuevo gobierno tienen su capítulo sanitario. La que logró ver la luz fue la desregulación con la admisión completa de las empresas de medicina prepaga al sistema de seguridad social, que refleja una estrategia que, aunque busca ampliar el acceso a la atención médica, no modifica los problemas subyacentes del sistema de salud en relación con el capital humano.
Al permitir la entrada de prepagas al sistema, se espera una mayor competencia y una potencial mejora en la calidad de los servicios. Sin embargo, esta medida no atiende la desigualdad en la distribución geográfica de recursos humanos ni la escasez de especialidades clave como cuidados críticos y atención primaria.
Tampoco se mejora el pago de los profesionales, ya que, aunque los honorarios puedan ser ligeramente mayores en las empresas de medicina prepaga, la masa de afiliados no necesariamente aumentará, incluso algunos predicen por aumento de las cuotas disminuirían.
Los trabajadores cuyos aportes obligatorios son suficientes para pagar los valores requeridos por la medicina prepaga ya tomaron esa opción. Además, es posible que algunos que no alcancen los nuevos valores vuelvan al sistema de seguridad social sindical.
Por otra parte, la desaparición de la tercerización no modificará las condiciones para afiliados o profesionales, ya que es poco probable que el ahorro empresarial se traduzca en una reducción de cuotas o un aumento de honorarios.
Por otra parte, las propuestas presentadas en la Ley Ómnibus, que abarcaban aspectos relacionados con la educación y regulación del ejercicio médico, tampoco parecen ofrecer soluciones concretas para fortalecer el capital humano en el sector de la salud.
Las modificaciones propuestas en la educación no parecen dirigirse específicamente a mejorar la formación de profesionales de la salud en grado, ni a abordar la necesidad de especialidades faltantes mediante intervenciones en el modelo de postgrado.
Un enfoque de cambios tan radicales como los propuestos bien podría haber introducido medidas como la residencia obligatoria y la necesidad de una formación especializada para la atención de pacientes.
Elementos que no implican gasto adicional, ya que hoy en día se financian más cargos de residencia que el número de graduados médicos anuales, y redundan en una mejora en la calidad de atención, como prueban las experiencias en otros países.
En cuanto al ejercicio profesional, solo se han planteado cambios en la prescripción de medicamentos relacionados con la ley de ejercicio de la medicina, los cuales podrían contribuir a mejorar la calidad de atención y la seguridad del paciente, pero no influyen en las condiciones del capital humano en salud.
En síntesis, las medidas propuestas promueven modificaciones marginales en el sistema de salud en general, y en el capital humano en salud en particular. Es necesario un enfoque más integral que aborde la necesidad de incentivar la formación y retención de profesionales en áreas críticas de la salud.
Abordar estas problemáticas requiere políticas que promuevan una distribución equitativa de recursos, incentivos para especialidades clave y una mejora en las condiciones laborales y salariales para el personal sanitario.
Dado el carácter federal de la salud, cualquier solución a estos problemas debe venir de la mano de acuerdos con las provincias, lo que parece lejos de la agenda oficial.
La imperiosa necesidad de reforma que define el mandato de esta nueva administración podría encontrar dificultades si al perder de vista los detalles, las reformas descuidan aspectos cruciales.
Es importancia mantener la calma y la precisión, incluso en momentos de urgencia. La prisa excesiva puede conducir a errores graves y pasos en falso, que podrían socavar los objetivos mismos que se buscan alcanzar con celeridad. A veces el mercado solo no resuelve todo