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Al momento de la edición de este ejemplar de la Revista,
estaremos orillando los primeros tres meses de la actual
gestión. Durante su transcurso, hemos escuchado y expresado un
sinfín de diagnósticos sectoriales, que describen el des-
financiamiento y consecuente apertura de mercado de la seguridad
social, el quiebre del FSR, el desmoronamiento del sistema
prestacional privado, la deserción por hastío, falta de
expectativas y míseras remuneraciones del recurso humano,
demoras inauditas en los turnos, incremento despiadado del
precio de los medicamentos, achicamiento y grave deterioro de
todo lo que alguna vez constituyó el orgullo de formar parte de
un colectivo asistencial, el incremento inclemente de las cuotas
de seguros privados sustitutivos de una calidad que la supuesta
cobertura universal no honra... Un listado cuya enumeración, por
reiterada, ya resulta innecesaria.
Sin embargo, mucho menos se ha hablado de la crisis del sector
público, que, con la particularidad de cada jurisdicción, y a
pesar de su supuesta universalidad, se financia exiguamente con
menos que el 30% del gasto total del sector, (que si se excluye
al gasto de Nación apenas excede el 20% del total) y que sin
embargo, por mandato constitucional, por último o por único
recurso posible es el receptor natural de la demanda de quienes
no cuentan con otra cobertura explícita, o de quienes acuden por
decantamiento, caída, urgencia, pérdida de acceso y oportunidad
(si alguna vez lo hubo) o simplemente por no encontrar otra
respuesta. Tributarios excluyentes de un sistema agotado y
agobiado, últimos y más sufridas víctimas del fracaso sectorial
transitan silentes por un sector público que día a día cuenta y
contará con menos recursos para hacer frente a una demanda cada
vez mayor y más compleja, y que no encuentra ni en los medios,
ni en los voceros sectoriales resonancias comparables. Ese
silencio, aturde.
Es aquí donde se deberían encender los focos más intensos de la
alarma global. En medio de las condiciones socio sanitarias más
adversas de las últimas décadas, los servicios asistenciales
públicos, más allá de la particularidad de cada jurisdicción, se
encuentran simultáneamente desbordados y desfinanciados.
Impedidos de toda mejora en términos de remuneración, de toda
reforma edilicia, actualización de equipamiento, inversión
pública, en definitiva, objeto y víctimas de las irrefutables
restricciones fiscales a las que el país se enfrenta, pero sin
que en su consideración aparezca ningún orden de prelación,
ninguna miramiento ético o solidario, o siquiera una evaluación
del costo -beneficio, medido en términos de eficiencia social.
Montados sobre las cenizas de una gestión que siguió el
derrotero de fracaso del gobierno al que pertenecía, bajo un
modelo de anomia y ausencia rectora vemos el agravamiento
cotidiano. Al principio de estos 100 días el sistema de salud
estaba desfinanciado, quebrado, artificialmente sostenido por
subsidios o transferencias discrecionales, con incrementos en
los precios de medicamentos muy encima del IPC, estragado por la
desarticulación de la estructura de costos, desmotivado,
subgestionado, segmentado según la capacidad de pago del
paciente, herido por la deserción o le emigración del recurso
humano... Y con excepción del mejoramiento relativo de los
precios de venta de los planes de EMP, todo el resto no hizo más
que empeorar desde entonces.
Durante estos meses hemos querido esperar que aparezca el
llamado a la reflexión, las definiciones que nuestra tradición
humanística pretendería escuchar. Pues no.
No estamos frente a un momento de indefinición o de
improvisación irreflexiva. Estamos ante una cosmovisión y un
programa de gobierno que tiene total claridad conceptual y que
por otra parte se ha expresado explícitamente. De allí que no
tenga caso reclamar otras definiciones ni abordajes diferentes
al ya explicitado.
Algunos párrafos escogidos del documento “Plan de Gobierno La
Libertad Avanza” sostienen:
“Queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de
salud posible es un sistema de salud privado donde cada
argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo
posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios...
“En los sistemas privados los ciudadanos obtienen un mejor
servicio” (Pág. 18).
“El modelo de la “salud pública”, es decir, que el Estado
financie a las instituciones que proveen salud no funciona. Hoy
la calidad de los sistemas de salud públicos es lamentable.
Existe una sobre oferta de ineficiencia de los servicios
asistenciales, mala asignación de recursos” (Pág 22).
A nivel provincias, que no han delegado la función salud (¿?) -
N del R -, incentivar, fortalecer y asistir al desarrollo de
seguros de salud provincial para población no asegurada, carente
y cautiva del hospital público (Pág.23).
Y es a la luz de estos postulados desde donde deben entenderse
los Decretos 170 – 171 y 172/24. Podemos acordar con todo o con
nada de ello. Lo que no es posible es esperar que de estos
fundamentos se desprendan otras acciones que las ya anunciadas o
en curso. Es necesario entender que el escenario sectorial
cambió drásticamente... Que “el río ya no es el río”. Asumir que
toda respuesta posible debe surgir de la comprensión de que
estamos frente a un plan racional, cuya ejecución es coherente
con sus axiomas y que se trata de un cambio cualitativo en
marcha.
Sin embargo... Si pensamos que otra historia es posible, es
todavía posible cambiar el rumbo... Solo por ejemplo...
Manteniendo los
preceptos constitucionales que definen a la salud como un
derecho inalienable y definiendo el alcance del ejercicio de ese
derecho ciudadano universal en términos de racionalidad técnica
y económica.
Sosteniendo,
como colectivo la equidad y la justicia de los acuerdos sociales
de un modo explícito e innegociable. Salud como un bien social,
y no como un logro individual, exclusivamente.
Proponiendo,
desarrollando y accediendo a consensos sectoriales que impulsen
medidas exigibles por fuerza y derecho de quienes las
peticionan.
Desandando
identidades y presiones corporativas en aras de un equilibrio
posible.
Comunicando en
nuestros sitios de trabajo y sumando a la población nuestras
consignas.
Puede sonar ingenuo… Pero ya sucedió. Ciertamente que, en otro
contexto, el sector salud en España supo encolumnar detrás de
justas reivindicaciones a toda una sociedad. Se llamó “Marea
Blanca”. Tal vez por aquello que antes, el poeta había anunciado
en el último verso de aquella canción, eso que decía “Padre,
deje Ud. de llorar, que nos han declarado la guerra”.
Bibliografía:
1- J. M. Serrat. 1973.
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