A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia número 70/2023 denominado BASES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA del 20 de diciembre y del proyecto de Ley Ómnibus, el Poder Ejecutivo Nacional propone introducir cambios importantes dentro del sistema de salud.
Efectivamente, de quedar firme el DNU 70/23 se modificará el marco de regulación de la medicina prepaga y de las obras sociales, se profundizará la implementación de la receta digital y se habilitará la venta de antiácidos y analgésicos (de venta libre) por fuera de las farmacias entre otras cuestiones.

Las reformas planteadas

El DNU establece que se liberarán las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga a fin de aumentar la competitividad del sistema, según argumenta. Previo al DNU, los precios que las prepagas podían cobrar a los afiliados estaban regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud quien además autorizaba los montos mínimos a pagar a los prestadores.
Ambos montos (de los aranceles a los afiliados y a los prestadores) se incrementaban en cuotas escalonadas mensuales. A partir del DNU lo único que seguirá regulado en términos de precios es la existencia de aranceles diferenciales para planes prestacionales según franjas etarias (con una variación máxima de 3 veces entre el precio de la primera y la última franja etaria). Es decir, los adultos mayores seguirán pagando cuotas mayores que las personas más jóvenes.
Teniendo en cuenta que los aumentos de las cuotas venían rezagados respecto al IPC, todos los actores del sistema preveían un impacto importante en los bolsillos de los usuarios y, en efecto, al momento de escribir este artículo, esta medida ya impactó en un fuerte aumento de las cuotas de las prepagas a los afiliados, pero en menor medida a los aumentos de los aranceles a los prestadores. Más allá de esto, el Programa Médico Obligatorio sigue vigente, así como otras funciones de la SSSalud.
El DNU también establece que el afiliado a una obra social podrá elegir libremente entre cualquier obra social o prepaga que se inscriba y sus aportes se destinarán a esa nueva aseguradora, sin pasar por las obras sociales en el caso que se elija una prepaga. En este sentido se elimina la intermediación de las obras sociales.
Las prepagas que deseen competir deberán inscribirse en un registro en la SSSalud y aportar un 20 % al Fondo Solidario de Redistribución, algo que claramente puede funcionar como una barrera importante.
Por otro lado, se desarticula el sistema de Hospitales de Gestión Descentralizadas (Hospitales de Autogestión) en el sentido del cobro automático a las obras sociales, debiendo ahora cada hospital gestionar sus propios convenios con cada financiador.
Respecto a los medicamentos, el DNU en principio habilitaba la venta de medicamentos de venta libre en la vía pública, los kioscos, y cualquier otro comercio. Sin embargo, la reglamentación del DNU aclara que en los establecimientos que no sean habilitados como farmacias, la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre estará limitada a los antiácidos y analgésicos y se exigen una serie de condiciones que restringen mucho la posibilidad de su venta en cualquier kiosco.
En el DNU se estipula la prescripción de medicamentos exclusivamente por su nombre genérico, sin poder sugerir marcas comerciales. La reglamentación dio marcha atrás en este punto y ahora los médicos deberán consignar el nombre genérico o denominación común internacional del medicamento en la receta, pudiendo también sugerir una marca comercial. También el DNU establece la receta digital como exclusiva para la prescripción de medicamentos.
Otra de las medidas adoptadas es el cierre de la ANLAP, Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, órgano que intentaba generar rectoría, coordinar y fortalecer la producción pública de medicamentos.
A su vez el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el PEN al Congreso propone modificaciones a la Ley N° 27.611, conocida como Ley de Mil Días, de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, e introduce un cambio a la 27.499, llamada Ley Micaela.
El proyecto de Ley Ómnibus especifica que la atención de los niños en situación de vulnerabilidad comienza “desde su concepción”. Además, elimina el término “niñas”, para referirse solamente a “niños” y se enfoca exclusivamente en las “madres”, apartándose de las expresiones “mujeres” y “personas gestantes” presentes en la ley actual.
El artículo 504 del proyecto propone reemplazar el artículo 1° de la Ley de Mil Días. La nueva redacción busca fortalecer el cuidado de las madres vulnerables y los niños desde su concepción hasta los tres años, con el objetivo de reducir la morbimortalidad materno-infantil y la malnutrición, además de fomentar el desarrollo emocional y físico.
El proyecto de Ley Ómnibus plantea también cambios en ocho artículos de la ley de salud mental, entre ellos las inter- naciones involuntarias, la existencia de hospitales especializados o la actuación del órgano de revisión.
Mantiene la excepcionalidad de la internación como recurso terapéutico, pero la iniciativa aclara que procede, previa evaluación médica y del equipo interdisciplinario en casos específicos, por ejemplo, cuando la persona no logre adherencia a los abordajes ambulatorios y presente una falta de conciencia de enfermedad que afecte su capacidad de discernimiento, implique un riesgo para sí o para terceros o se trate de un menor de edad que padece adicción a sustancias psicoactivas que comprometan gravemente su salud integral, entre otros. A su vez el órgano de revisión estará compuesto por un equipo multidisciplinario.

Algunas consideraciones

Los cambios propuestos no representan una reforma en el sentido cabal de la palabra. No introducen eficiencia ni equidad al sistema, dos de los grandes problemas de nuestro sistema. No plantean superar la fragmentación ni la segmentación, ni mejora la calidad de la atención. Tampoco intenta resolver problemas graves como el de los recursos humanos. Por el contrario, las medidas adoptadas pueden, en algunos casos. profundizar estos problemas.
En un país con casi la mitad de su población por debajo o al límite de la pobreza, la salud debería representar una política que tienda a contribuir a mejorar esa situación. Efectivamente tanto el rubro de medicamentos como el costo de la atención de la salud impactan fuertemente en el bolsillo de la población.
El aumento desmedido de los medicamentos y prepagas, así como de los costos en general de los servicios como consultas médicas, exámenes complementarios, etc., que se observan luego de estas medidas golpea fuertemente a grandes sectores de la población. Tampoco son medidas que introduzcan competencia a fin de que en el mediano y largo plazo tiendan a bajar los precios. Por el contrario, toda la evidencia sugiere que seguirán en aumento. El mercado de la salud es imperfecto y la competencia no se dará de la misma manera que en otros mercados.
Desde el punto de vista sanitario, y si bien se morigeró mucho lo dictado por el DNU a través de su reglamentación, se abre una puerta peligrosa en la dispensa de medicamentos por fuera de las farmacias, algo que no generará ningún impacto positivo, por el contrario, puede resultar muy peligroso.
El cierre de la ANLAP es un mensaje negativo en el mercado de los medicamentos. Si bien la incidencia de la producción pública en ese mercado es muy baja, siempre es una herramienta que puede constituirse en importante, especialmente en épocas de crisis como la actual.
También resulta contraproducente la eliminación de la facturación y cobro a la seguridad social y prepagas en forma automática por parte de los hospitales de autogestión. Resultará muy difícil que cada hospital pueda negociar individualmente con cada uno de los cientos de entidades financiadoras que existan. Los financiadores al no verse obligados a firmar estos convenios utilizarán al hospital público como una válvula de escape financiero sabiendo que los hospitales no rechazarán esa demanda.
Nada se planteó respecto al sistema público de salud. Se deja librado exclusivamente a lo que cada provincia pueda y quiera hacer. Como muchas otras veces solo se quiere reformar el sector de la seguridad social y prepagas, paradójicamente el sector que presenta los mejores indicadores de salud. El sector público que atiende a la población más vulnerable y en donde impactan más fuertemente las medidas de ajuste brilla por la ausencia de anuncios de medidas.
Esperemos que en un futuro no muy lejano se comiencen a establecer políticas públicas dirigidas a reformar el sector en forma integral, incluyendo fundamentalmente al subsector público, el cual debe ser prioridad absoluta de cualquier gobierno independientemente de su signo político y de su ideología.
 

(*) Médico Especialista en Salud Pública - Secretario general del Grupo PAIS