Quienes adviertan en estos días las dificultades financieras del Sistema de Salud, observando los medios de difusión masiva, pueden llegar a suponer que las empresas de Medicina Prepaga (EMP’s) ocupan el núcleo central de la organización sanitaria del país.
La realidad no es así: sólo unos 6,8 millones de habitantes tenían cobertura privada a través de estas empresas en 2021, y dos tercios de esos seguros provenían de la tercerización de los afiliados de mayores ingresos de las obras sociales (OS’s) sindicales, pagando una cuota adicional.
En el resto del mundo -salvo en EE. UU., donde las HMO’s (Health Maintenance Organizations) efectivamente son la base del sistema- a los prepagos se los denomina “seguros privados”, porque en lugar de competir con la Seguridad Social (SeS) institucional, suelen complementar y/o perfeccionar la cobertura oficial.
Las primeras EMP’s surgieron en la década del 60, en un escenario dominado por la creciente expansión de las OS’s sindicales, que estaban adquiriendo un papel protagónico, a partir de su incorporación a los convenios colectivos de trabajo (Ley 14.250).
El modelo de cobertura que brindaban las aseguradoras gremiales, inspiradas en las antiguas mutuales de inmigrantes de inspiración solidaria, era el de “protección integral” de la salud, incluyendo los riesgos laborales. El predominio de la cobertura de riesgos, por encima de los recursos para financiarlos, determinó que se caracterizara la orientación de esta etapa, como “asistencialista”.
En ese escenario de protección tan amplia, las EMP’s, constituidas en base a inversores de origen médico -no aseguradores profesionales-, debieron abrirse espacio comprometiendo una cobertura igualmente amplia de “alta gama”. En tales condiciones, los prepagos actuaban como OS’s, ofreciendo servicios más “suntuarios” (hotelería, atención privada), junto con la protección integral.
La configuración descripta de los inicios de la Medicina Prepaga fue la causa principal de que los especialistas en seguros, los aseguradores de bienes materiales (automotores, viviendas, producción), declinaran la oportunidad de insertarse en ese naciente segmento de negocios.
Donde los riesgos actuariales quedaban subsumidos por la necesidad de competir en un mercado dominado por OS’s corporativas, dominadas por sindicatos, con mayor poder político que en el resto de América. En efecto, a diferencia de Brasil, Colombia y EE. UU., en la Argentina las compañías aseguradoras se autoexcluyeron de cubrir servicios sociales.
En Brasil y EE. UU. las principales coberturas de salud provienen de seguros comerciales. En Argentina, salvo algunos planes menores (MAPFRE, entre otros) de compañías aseguradoras, los capitales de la Medicina Prepaga provienen de inversores del campo de la salud. Incluso algunos sindicalistas -devenidos empresarios-, aprovecharon las experiencias de las OS’s corporativas, compartiendo como capitalistas la conducción de EMP’s y de establecimientos asistenciales privados, con alta disponibilidad tecnológica.
Esta breve historia tuvo dos hitos significativos a principios de la década del 90. OSDE (Obra Social de Ejecutivos), que había sido fundada en 1971 como la OS de la UIA, fue creciendo durante dos décadas a expensas de tercerizar la administración de sus servicios -y también los riesgos-, a pequeñas EMP’s, que pasaron a ser “OSDE- dependientes”. En 1991 inició el programa “OSDE Binario” (Organización de Servicios Directos Empresarios), que en realidad implicaba emigrar a la modalidad de contrataciones directas.
En el mismo año se inauguró la Maternidad Suizo-Argentina, piedra fundamental del Swiss Medical Group, basado en inversiones externas. Este holding, a diferencia de OSDE, se expandió mediante contrataciones de tercerización con empresas, y la adquisición de EMP’s con diversas dificultades financieras. Ambos fenómenos determinaron una abrupta concentración de capitales, por parte de las dos empresas que alcanzaron la mayor población cubierta.
Si admitimos que dos tercios de la población con cobertura privada proviene de la derivación de los afiliados de mayores ingresos de las OS’s sindicales, resulta necesario explicar las razones de este proceso de acceso indirecto, en lugar de la afiliación directa a una EMP.
El propósito principal de los sindicatos fue no resignar la titularidad de la recaudación prevista por el Sistema Nacional del Seguro de Salud (Leyes 23.660 y 23.661), manteniendo su cartera sectorial cautiva (por tributación obligatoria), dado que forman parte de los privilegios adquiridos en sus primitivas negociaciones con el Gobierno Militar de 1970.
La libertad de elección de OS establecida por Carlos Menem (Decreto 9/93), no logró sin embargo disolver el principio de pertenencia gremial, defendido por el sindicalismo desde los orígenes de estas organizaciones sociales.
Excediendo los límites de legitimidad de sus facultades, muchos sindicatos lograron que todos los trabajadores de cada empresa aportaran “solidariamente” la cuota sindical (que es voluntaria), aunque no tuvieran interés en afiliarse. Para mantener el vínculo entre la OS del sector y la EMP, que el afiliado pretendía en función del poder adquisitivo de sus ingresos, se extendió la modalidad de acceder a servicios de “alta gama” por tercerización, sin que el sindicato sectorial perdiera entonces el poder de recaudación.
El objetivo del Gobierno actual de habilitar la afiliación directa a las EMP’s, sin el paso intermedio de acceder a través de las OS’s del respectivo sector, junto con la amenaza de impedir la adhesión compulsiva a la cuota sindical (DNU N° 70/2023), significaba un daño vital al núcleo de las fuentes de sostenimiento del poder sindical. Se explica así que aceleradamente la CGT respondiera con medidas de fuerza, respecto a agravios mayores que recibieron de gobiernos anteriores.
No parece que sean “ideológicas” las razones de estas decisiones. Tampoco tuvieron respuestas mayores en la década del 90, cuando el Gobierno suscribió un acuerdo con el FMI, para llevar a cabo un proceso que se caracterizó como “desregulación de OS’s”.
Simplemente fue demorándose esa decisión mediante presiones políticas, hasta que se sancionara una ley que regulara a las Medicina Prepaga (Ley 26.682/11). De este modo ganaron tiempo y se prepararon para desarrollar el amplio proceso de “tercerización”, que explica la acelerada expansión de las EMP’s, una vez entrado el Siglo XXI.
En estas condiciones los prepagos quedaron en el centro de la escena, como responsables de la crisis del Sistema de Salud, aunque sólo se ocupan de la cobertura de menos de 7 millones de habitantes, pero los de mayores ingresos. Pero los restantes 40 millones de argentinos dependen de múltiples OS’s -sindicales, provinciales, PAMI- y de servicios públicos.