La reciente medida del gobierno nacional que liberaliza la comercialización de ciertos medicamentos obliga a una rediscusión profunda sobre uno de los elementos del universo sanitario, que lo ubique en su importancia relativa y que eche luz al conjunto del que forma parte. Para ello, proponemos diferenciar la condición, la situación, la posición y el contexto.
La condición de la medida, o en términos más amplios, de las medidas de política sanitaria del gobierno, refieren a su especificidad; pero la misma no existe en el vacío, sino en una situación estructural determinada. Asimismo, existen distintas posiciones sociales (gradaciones de poder en sus diversas variantes) en dicha situación; y, por último, existe un contexto más acotado (coyuntural) en el cual se desenvuelve.
El tema no debe ser banalizado desde su contexto reducido, como si fuera un contrapunto Cristina-Milei o como si se tratara de una “payada”, ya que el mismo demanda un urgente tratamiento científico-tecnológico con visión y misión socioeconómica-cultural, que se ajuste a nuestra realidad sanitaria y viabilidad financiera. Téngase en cuenta que los medicamentos tienen un valor importante, desde ya, pero en un lugar subordinado en el marco de una estructura sanitaria amplia (se reduce a uno de los elementos aportados por el componente proveedor de insumos al sistema).
La situación de indefensión sanitaria está opacamente instalada en nuestro país y se hace fundamental reconocerla y calibrarla adecuadamente en su totalidad. Lo habíamos advertido con claridad señalando la tríada de negligencia, ignorancia e impericia, puesta de manifiesto en el manejo de la pandemia (mejor conceptualizada con el término de sindemia, que advierte sobre la inseparabilidad de la amenaza viral con las condiciones sociales, ambientales, económicas, como así también las estructuras del sistema de salud y el contexto cultural). Además del desmanejo en su momento, también es notoria la ausencia de tareas de evaluación crítica y planificación de recuperación posterior. Hoy, a esta falta de planificación estratégica y de consistencia en la gobernanza en el área, se suma una medida de una magnitud negativa imponderable en sus efectos desencadenantes.
Claro que si sólo se analizaran estas variables se pasaría por alto la importancia del conflicto de las distintas posiciones en juego: laboratorios privados versus laboratorios estatales, entre otros; que no debe confundirse con la dicotomía “regulación” versus “libre mercado”. Pero las propuestas enunciadas periodísticamente y en la propia disputa política son una clara muestra de desconocimiento del concepto de salud como “bien en red” y sus interacciones en el tejido socioeconómico y cultural actual. Vulneran además el concepto mismo de comunidad, entendida por Giovanni Sartori como “un compartir que de alguna manera une”, como así también la irrenunciable responsabilidad estatal.
Primero hay que tener conciencia y conocimiento de qué es un medicamento, siguiendo el valor de la experiencia de su empleo y, a partir de ahí, reconocer la complejidad del tema y los intereses en éste involucrados. Donde la salud debe ser la prioridad planteada en una modelización de sistemas complejos, los cuales, siguiendo a René Thom, no pueden comprenderse por medio de variables de estado, sino que deben ser monitoreados estudiando las variables de control (es decir las que limitan la dinámica del sistema).
Se argumenta que el mayor acceso a medicamentos esenciales como analgésicos o antihistamínicos, especialmente en comunidades alejadas o con escaso acceso a farmacias, permite sobrellevar urgencias específicas. Pero la medida no puede evaluarse por los casos excepcionales o minoritarios, sino por la norma. La puerta a la automedicación inadecuada se abre de par en par. El uso sin supervisión profesional puede derivar en sobredosis, efectos adversos o interacciones negativas con otros medicamentos.
Entonces, ¿está el Estado protegiendo el bienestar de la población al permitir una comercialización más amplia, o delegando su obligación de garantizar un uso seguro? Existe el riesgo de que el medicamento deje de percibirse como una herramienta para cuidar la salud y se vea como un producto de consumo más. El Estado tiene la irrenunciable obligación de proteger la salud de sus ciudadanos, y desregular la venta implica una erosión en dicha responsabilidad. En todo caso, se impondría complementar la medida con una alfabetización en salud y una regulación estricta de la publicidad.
Es conocida la legislación sobre medicamentos del gobierno de Arturo Illia (1963-1966) que puso en jaque su presidencia. Se trató de un proyecto de ley orientado a poner en discusión a los medicamentos como bienes sociales, lo cual implicaba correrlos de la categorización de bienes meramente económicos. Se trataba de una estrategia para abrir un debate necesario y garantizar el acceso a medicamentos a toda la población (“regular y efectuar el control del aumento de los precios de los medicamentos tanto en su etapa de producción como de comercialización”). Luego de meses de intensos debates, fueron promulgadas las leyes N° 16.462 y 16.463. A partir de su reglamentación, el paquete de leyes conocido como “Ley Oñativia”, en referencia al ministro de Salud Arturo Oñativia, detonó un período de tensiones con el que el gobierno debió convivir a partir de agosto de 1964, y que no cejaron hasta que fuera destituido en el golpe de 1966.
Como cita Juan Carlos Veronelli en Los orígenes institucionales de la Salud Pública en la Argentina, el ministro Oñativia estaba convencido desde 1957, cuando se sacó de la jurisdicción del Ministerio el Laboratorio de Investigaciones Farmacológicas, y sobre todo desde 1959, cuando se eliminó todo respaldo legal ministerial, de que “el organismo rector de la sanidad nacional no fue más que un simple espectador de la deformación permanente del mercado y de la estructuración de vicios que fueron alterándolo en profundidad en todos sus aspectos (…) Las medidas reglamentarias de ambas leyes son el punto de partida de un complejo proceso en el que juegan intereses que dificultan su necesaria regulación”.
Se trata de un problema estructural (no precisamente nuevo, pero en una situación y contexto determinada) que requiere una planificación estratégica global del sistema sanitario. Por ello, en una situación de emergencia sanitaria, a la solidaridad debe sumarse racionalidad y capacidad de gestión de los recursos existentes. Desde el punto de vista científico se debe racionalizar la prescripción y el manejo del medicamento. Se hace necesario, por otra parte, configurar un perfil epidemiológico del país y de las necesidades farmacológicas relacionadas, que abarque también: fiabilidad del diagnóstico, criterio terapéutico y aspectos económicos. Para ello hay que reforzar la concepción del medicamento como bien social y de consumo preferente, sin la cual quedaría abierta la posibilidad a la aparición de imitaciones de menor calidad y distinta acción clínica.
El estadio de desgarramiento (disloque socioeconómico-cultural) y falta de normas claras respecto a la participación orientativa en investigación, desarrollo e innovación del campo científico-tecnológico obliga a maximizar los recursos de toda el área sanitaria mediante una integración (y no fusión) del sistema de salud. Que mantenga en el centro la salud de los pacientes, es decir, la vida y dignidad de las personas.
Por todo esto, debemos reivindicar el rol del Estado como garante responsable con la correspondiente idoneidad institucional y articulación eficiente de sus órganos específicos (Ministerio de Salud, COFESA, ANMAT) para ubicarnos en la perspectiva de un Sistema Federal Integrado de Salud (SFIS).

(*) Doctor en Medicina por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Director Académico de la Especialización en “Gestión Estratégica en organizaciones de Salud”, Universidad Nacional del Centro - UNICEN; Director Académico de la Maestría de Salud Pública y Seguridad Social de la Universidad del Aconcagua - Mendoza; Coautor junto al Dr. Vicente Mazzáfero de “Por una reconfiguración sanitaria pos-pandémica: epidemiología y gobernanza” (2020). Autor de “Una vida plena para los adultos mayores” (2024) “La Salud que no tenemos” (2019); “Argentina Hospital, el rostro oscuro de la salud” (2018); “Claves jurídicas y Asistenciales para la conformación de un Sistema Federal Integrado de Salud” (2012); “En búsqueda de la salud perdida” (2009); “La Fórmula Sanitaria” (2003).