El primer año de la actual gestión en salud finaliza con la consolidación de un nuevo modelo asentado sobre cambios estructurales que probablemente lo modifiquen sustancial y sostenidamente. El nuevo clima de época, sintetizado en la Resolución 3284/24 impone el nuevo paradigma: un sistema de aseguramiento mixto a través de la concurrencia desigual del sector de la seguridad social nacional y el privado bajo un modelo de competencia regulada como ámbito de protección en salud para población bajo empleo privado formal y/o capacidad de pago de bolsillo, a través de aseguradoras de diferente procedencia.
Para aquellas que provienen del mundo sindical, otorgándoles permanencia -aunque precaria - a cambio de disciplinamiento y paz social. Para las que lo hacen desde el ámbito privado, libertad de fijación de precios y beneficios regulatorios explícitos. Un mercado de alrededor de 18 millones de personas, en el que las reglas difieren según el tipo de aseguradora que se trate, donde la competencia no es pareja, la calidad de la atención no está siquiera mencionada y los resultados sanitarios no cuentan.
Por fuera de ese segmento quedan - por el momento - los sectores públicos provinciales, contributivos o no, y el INSSJP, que en lo estructural atenúa su inviabilidad ajustando beneficios, prestadores y presupuestos. En el margen, un grupo de aseguradoras “especiales”, con normativa propia.
Un sistema similar al de Chile, con algunas diferencias menores (el PAMI, centralmente) y una mayor: al ser salud potestad provincial (Arts. 121 y 41 CN) no existe la posibilidades de un sistema para la población sin cobertura, (como Fonasa, en Chile) sino que ésta se atomiza y queda librada a las posibilidad, disponibilidad y voluntad de cada una de las 24 jurisdicciones, en un contexto en el que dada la drástica interrupción de flujos no cabe otro horizonte que el de la restricción, con independencia de la situación de salud de sus beneficiarios.
Para quienes creemos que el Estado debe promover políticas públicas que garanticen el derecho al acceso efectivo y equitativo a servicios de salud de calidad, y el mejor nivel de vida y bienestar de todos los ciudadanos, el panorama, es sombrío. Y, aun así, en ese paisaje instalado, aparecen dudas significativas, en cuanto a su viabilidad.
La primera y la más importante: el modelo, así como está planteado deja afuera al 50% de la población, la que no cuenta con empleo formal o capacidad de pago. No reconoce externalidades, imperfecciones de mercado, ni criterios mínimos de equidad distributiva. Pero también ignora u omite que no existe ningún antecedente que avale la idea que el libre juego del mercado pueda organizar un sistema de salud y simultáneamente promover el bienestar humano. Ni tampoco ninguna sociedad que lo acepte pasiva y sostenidamente.
Y, aun así, hay otras: por un lado, la aludida Resolución 3284/24, que habilita y obliga a las entidades de medicina prepaga a “ofrecer planes de salud, siempre y cuando, cumplan con los requisitos establecidos en las Leyes Nros. 23.660, 23.661, 26.682, sus modificatorias y reglamentarias” ¿Cuál de ellas? Porque, como ya fue comentado en esta misma columna, sus disposiciones son contradictorias entre sí.
Y así como nada se ha dicho acerca del destino de los recursos ahorrados por el cese del peaje hasta ahora institucionalizado, tampoco se sabe por qué motivo alguien habría de migrar voluntariamente de una OO.SS a una EMP sin incentivos de por medio. Va de suyo que, aun así, esta disposición apunta centralmente a las franjas de mayor ingreso salarial formal. De hecho, la modificación de los decretos 504/98 y 1/2010 con la consecuente creación del Registro de Agentes del Seguro de salud para la cobertura médico asistencial de pequeños contribuyentes así lo atestigua.
La finalización de la Emergencia Sanitaria (Decreto 70/23 y Resolución 17/24) y la vigencia hasta el 31/12/24 de la Resolución 617/24 que dispone a partir de allí el inicio de los juicios de ejecución fiscal y el cese de la traba de medidas cautelares para los contribuyentes pertenecientes al sector de salud. Si bien existe una moratoria en curso, su implementación conlleva necesariamente al quebranto masivo de efectores, objetivamente incapaces de afrontar el pago de los stocks adeudados durante más de veinte años y los flujos de las obligaciones corrientes.
El tema hasta el presente cierne como una inminencia que se agrava por el antecedente que establecería una condonación. Y a pesar de que la reiterada propuesta de consolidación de la deuda fiscal de prestadores con sus reclamados créditos IVA espera su tratamiento en Comisiones en Diputados, el proyecto ni siquiera pasó de esa instancia y estamos a días de la fecha señalada por la norma.
La terminación del Impuesto PAIS el 24/12/24. El PAMI recibe el 28% de la recaudación total del gravamen, que en el año 2024 representó el 6,1% de los ingresos tributarios totales, y que por ende constituye una de sus fuentes principales de financiamiento. No existe mención hasta el momento de fuente alternativa, pero el INSSJP lleva adelante una política de reducción de gastos que suprimió la bonificación al 100% de la medicación crónica a toda la población cuyos haberes sean superiores a 1,4 haberes previsionales ($ 398.000).
La eliminación del subsidio, sin mediar racionalidad de la política prescriptiva y en una población pauperizada a partir de la licuación de sus ingresos, logró transformar un bien inelástico en uno elástico. La caída del consumo medida en unidades, da cuenta de ello. Las consecuencias, que no hacen más que agravar las deficiencias del modelo de atención, son previsibles.
La espiralización de costos de los medicamentos. Un incremento del 349% entre el 1er trimestre 2023 y el de 2024 y dentro de ellos los monoclonales no biosimilares en un 413%. El peso relativo del medicamento en la estructura de costos de financiadores y prestadores se incrementa por encima del IPC en un marco de libre fijación de precios y sin otra farmacopolítica que la recategorización de éticos a OTC (venta libre), la libre oferta y exhibición de éstos en las farmacias, y la venta de analgésicos y antiácidos (entre otros) fuera de éstas. Medicamentos disponibles para el mero alivio sintomático de enfermedades que a las que no se les puede dar respuesta efectiva por las barreras económicas impuestas al acceso cierto a las moléculas prescriptas.
Y finalmente, la crisis terminal de nuestro recurso humano. El agotamiento, los magros ingresos, el multiempleo y el desmoronamiento de la expectativa de un futuro posible, que se traducen en desmotivación, deserción e incluso, emigración.
Después de muchos años sin conducción sectorial, hoy existe un rumbo claro. Una rectoría del laissez faire que ordena el tablero para que cada actor se desempeñe en el marco de las nuevas reglas, del modo que sus recursos y su posición relativa se lo permitan. Un neodarwinismo que cristaliza la inequidad que venimos profundizando desde hace décadas y que camina a contramano de lo que la mayoría de los países centrales proponen. Un paradigma éticamente inaceptable en el que en un contexto de 50% de pobreza cada uno labre su propio destino individual de acuerdo con sus posibilidades, con prescindencia de aquello que alguna vez fue el otro, el prójimo, el semejante.

Va a ser cuestión de tratar de juntar los pedazos y construir algo mejor. Tal vez el 2025 sea una oportunidad para ello.