Termina el año y los seres humanos tenemos la costumbre de hacer un balance sobre su resultado, es decir, qué tenemos en él debe y qué en el haber de nuestra vida personal y laboral.
En este artículo, no realizaremos una evaluación minuciosa de cada “entrada” o “salida” que se ha producido en la “contabilidad” del Sistema de Salud durante este período de tiempo, como si se tratara de asientos contables, pues en diversos números de esta revista fuimos volcando nuestra opinión acerca de cada una de las reformas normativas que fue emitiendo el gobierno nacional en esta materia.
En realidad, queremos, a grandes rasgos, conceptualizar los problemas que, -a nuestro humilde criterio- sufre el sistema referido; y, a su vez, elaborar propuestas que contengan soluciones.
Entendemos, pues ambos fuimos funcionarios públicos, que siempre es más fácil realizar análisis, elaborar propuestas y proyectos desde el llano que desde la propia responsabilidad oficial.
Como seguramente ocurre en otras áreas de la Administración Pública, las decisiones en los temas relacionados con la salud son difíciles de ejecutar. En ocasiones, estos proyectos tienen que ser acompañados por funcionarios de mayor jerarquía que no comparten nuestra visión; o tienen otras prioridades y, consecuentemente, demoran o directamente omiten tratarlos; o su concreción dependen de partidas presupuestarias que no son asignadas; o tienen que ser producto de una ley y conseguir el consenso necesario en el Congreso Nacional para lograrlo nunca es sencillo, etc., etc., etc.
Por ello, formularemos estas propuestas no desde el púlpito del saber; sino como un simple aporte al debate. Consideramos oportuno señalar que ninguna de estas cuestiones fue objeto de tratamiento en la profusa normativa que se emitió durante el 2024.

1°) Financiamiento. En numerosas ocasiones nos hemos referido al tema del financiamiento de las obras sociales nacionales desde distintos ángulos. Como todos sabemos, el financiamiento principal de dichas obras sociales está basado en una fuente contributiva; es decir, en la canalización del 3% del aporte del trabajador y del 6% de la contribución del empleador. Resulta sumamente dificultosa la administración de una entidad de salud basada en esta fuente de financiamiento. Lo primero que se nos ocurre para salvar esta situación es pedir un apoyo de los tributos que recauda el Tesoro Nacional. Y aquí nos encontramos en una situación paradojal. Ello así, pues nosotros queremos pedir ayuda tributaria para el financiamiento de las obras sociales; y, por otro lado, seguramente, tanto el Ministro de Economía de la Nación, como otras áreas de la Administración Pública, se opondrán o retacearán el envío de estos fondos, porque encontrarán otras prioridades, urgencias y compromisos. Más aún, en un país como el nuestro, en donde la crisis económico-financiera es prácticamente permanente, la disponibilidad de tributos para cubrir estos gastos resulta muy difícil. Si este obstáculo apareciere, como muy probablemente suceda, tenemos que encontrar otras variantes que aligeren la carga de las obras sociales. A continuación, enunciaremos algunas de ellas.

2°) Prestaciones de discapacidad. Entendemos que es casi unánime la opinión del sector, acerca de la necesidad de rediscutir el modo en que se deben financiar las prestaciones asistenciales de la discapacidad, básicamente educación y transporte. En la actualidad, el Mecanismo de Integración absorbe prácticamente la totalidad de la recaudación mensual del Fondo Solidario de Redistribución. De este modo, queda un saldo muy mínimo para el reintegro de prestaciones de alto precio. Con respecto a este tema, según afirmaron algunas voces periodísticas, el gobierno nacional tendría la intención de trasladar este costo a las provincias. No parece sencillo que las jurisdicciones acepten pacíficamente esta delegación. Existieron otros proyectos normativos en donde se trasladaba el costo del transporte y de la educación a los respectivos ministerios. Hasta el momento no pudo solucionarse este problema; y, entendemos, todos debemos colaborar en hacerlo.

3°) Fondo Solidario de Redistribución. Como dijimos en el numeral anterior, las prestaciones de discapacidad consumen casi la totalidad de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución. Por ello, creemos que debemos adoptar medidas para que el fondo pueda colaborar con el financiamiento de las prestaciones de alto precio que hoy deben abonar las obras sociales.

4°) Canasta de prestaciones. Tanto la creación como las actualizaciones que se fueron produciendo en el Programa Médico Obligatorio (en adelante, PMO) fueron realizadas por resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud. La naturaleza relativamente menor de lo que es una “resolución” dentro de la pirámide jurídica, la falta de actualización periódica del PMO y la falta de relación -en numerosas ocasiones- entre la prestación incluida en el programa y su financiamiento y desarrollo tecnológico en nuestro país, hace que la canasta de prestaciones carezca de confiabilidad tanto para los actores del Sistema, como para los propios jueces. Por ello, proponemos que es necesario que sea una ley la que consagre la obligación de brindar a la población amparada por el Sistema Nacional del Seguro de Salud una canasta mínima de prestaciones; y que, luego, por vía reglamentaria, se actualice integralmente transcurrido un período determinado de tiempo. Esta ley debe determinar un equilibrio entre los tres pilares en los que se basa todo sistema de salud basado en una canasta de prestaciones: a. prestación; b. financiamiento; c. tecnología. Como dijimos antes, sabemos que la obtención de la sanción de una ley en Argentina es sumamente dificultosa, más aún teniendo en cuenta el grado de consenso que se requiere para ello, frente a una sociedad -reflejada en el Parlamento- lamentablemente crispada. Aun así, creemos que son temas que tenemos que empezar a debatir para poder resolverlos.

5°) Medicamentos de alto precio. Existe una realidad mundial que indica que, el costo de las prestaciones de salud, sufren aumentos superiores a la propia inflación de los países. Además, cada vez más medicamentos de alto costo tienen valores que son imposible de afrontar por financiadores. Por ello, sugerimos que, como ocurre en otros países de Sudamérica, algunos de estos medicamentos sean financiados total o parcialmente por el Estado Nacional y, por otro lado, que el gobierno fomente el trabajo compartido con el sector privado para obtener productos útiles para la sociedad y a precios más accesibles.

6°) Jubilados. La situación de los jubilados que deben pasar a recibir prestaciones médico-asistenciales al PAMI y no desean hacerlo es uno de los temas más preocupantes del Sistema. Las estadísticas que se desprenden de la base de datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, demuestran que, en los últimos años, la principal causa de la judicialización de las cuestiones relacionadas con la salud, están vinculadas a esta situación. Estamos convencidos que también tenemos que rediscutir la atención de los jubilados por parte de las obras sociales. Desde el punto de vista del beneficiario, no parece razonable que después de haber permanecido durante años en determinada obra social, en el momento de la vida que más necesitamos atención médica nos veamos obligados a abandonarla y pasarnos a un financiador que no elegimos. A su vez, tampoco parecer razonable que la obra social tenga que afrontar un costo de atención desproporcionado con respecto a sus ingresos. Sugerimos que se le canaliza a cada obra social la cápita que cada jubilado tiene asignada por el PAMI. Así, las obras sociales podrían brindar esta cobertura y el beneficiario podría quedarse en la obra social de la que no se quiere ir.

Toda esta temática impacta directamente en una mejor cobertura médico-asistencial que recibirán los beneficiarios, quienes no han recibido, hasta ahora, medidas que impacten en una mejora de su situación asistencial; y que, además, se han visto sometidos al pago de cuotas más elevadas que el resultado anual del ajuste por inflación.
Sin la pretensión de ser taxativos, simplemente planteamos algunos temas que nos parecen importantes comenzar a debatir en nuestro Sistema Nacional de Obras Sociales.