Ante la desinformación general tanto en redes sociales como en medios de comunicación sobre la mal llamada “triangulación”, intentaré contribuir al debate destacando lo que a mi saber y entender son los aciertos, errores y contradicciones de las medidas tomadas el último año.
En diciembre de 2023 el DNU 70/23 habilitó a las prepagas para incorporarse al sistema de obras sociales en una categoría que se llamó “inciso i”. Eso les permitiría sumarse y obtener los aportes sin necesidad de contratar con una obra social.
Pese a no ser una prioridad en un sector tan necesitado de reformas estructurales, y en algunos aspectos considero que es muy discutible igualar derechos a entidades de distinta naturaleza como obras sociales y prepagas, considero que fue una decisión correcta tomando en cuenta el funcionamiento del sistema heredado. Hubo una ampliación y un avance de las libertades.
El 21 de febrero de 2024 mediante el decreto 171/24 se determina que la inscripción por parte de las Entidades de Medicina Prepaga (EMP) en el REGISTRO NACIONAL DE AGENTES DEL SEGURO (R.N.A.S.) era voluntaria. Bienvenida nuevamente la libertad.
En octubre de 2024 mediante la Resolución 3284/2024 (contradiciendo un decreto…) se obliga a que con vigencia 1/12/24 todas las prepagas estén inscriptas en el R.N.A.S. Vale aclarar que hasta ese momento muy pocas se habían anotado, entre otras razones porque muchas tienen acuerdos de complementación de coberturas con obras sociales. En muchos casos la obra social cubre la alta complejidad, cumpliendo un rol de “reasegurador”. Las prepagas llegan de esta manera a ofrecer planes más competitivos en coberturas y precios a sus afiliados. Esta obligación de inscripción fue un claro retroceso en las libertades.
Pese a que desde el 1 de diciembre de 2024 las prepagas libremente podían comercializar sus planes a empleados en relación de dependencia de manera directa o a través de una obra social, inesperadamente el 31 de enero de 2025 mediante la Resolución 1/2025 el gobierno interviene y pasa “de prepo” a más de un millón de titulares a la prepagas. El cambio se realiza de manera retroactiva al 1 de enero. A las obras sociales que durante el mes de enero otorgaron coberturas de alta complejidad como trasplantes, medicación oncológica, hemofilia, discapacidad, etc., se les quita los recursos para poder hacer frente a esas prestaciones. Un claro atropello a la libertad.
La Resolución 1/2025 publicada el 31 de enero de 2025 tiene groseros errores técnicos y su implementación está trayendo muchas dificultades a los beneficiarios del sistema, especialmente en los casos donde prepaga y obra social complementan la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO). Durante febrero miles de beneficiarios con patologías complejas no encontraban respuesta a sus urgencias ni en la prepaga ni en su obra social.
Impensada y contradictoria medida de un gobierno que se auto proclama liberal. Doctrina que abracé de joven leyendo a Ludwing von Mises, Guy Sorman y Alberto Benegas Lynch (h).
Me trajo el recuerdo de lo sucedido en el año 2008. Pese a que se podía optar libremente entre el sistema de jubilación privada de las AFJP o el sistema estatal de reparto, la ex- presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de economía Amado Boudou decidieron intervenir y pasar “de prepo” a todos los argentinos al sistema estatal. Con una salvedad, el instrumento utilizado fue una ley y no una resolución “floja de papeles” firmada por un funcionario de medio rango…
Uno de los principales argumentos de las medidas tomadas es quitar privilegios a la “casta sindical”. Esto no es cierto. Ninguno de los principales dirigentes sindicales “triangula” aportes y contribuciones con empresas de medicina prepaga.
Quien realmente hizo un cambio significativo en este aspecto fue el expresidente Menem en el año 1997 cuando terminó con el sistema de afiliados cautivos que tenían las obras sociales sindicales y decreta la libre elección.
Esa “desregulación” del sistema dio una mayor libertad y mejoró lo anterior, pero tuvo errores que requieren cambios estructurales. Es necesario incorporar al sistema un mayor componente solidario, como realizan los países desarrollados (a excepción de EE. UU.) y varios países de la región.
Otro argumento utilizado es que van a bajar las cuotas. Salvo que sean obligadas a hacerlo, lamentablemente no va a ocurrir. Por un lado, se ha generado una expectativa en la población de que así será y este cambio no rige para aquellos afiliados que contratan una prepaga de manera directa. Mi madre de 83 años me llamó contenta hace unos días que había leído en el diario que le iban a bajar la cuota…
Por el otro, en muchos casos las prepagas van a tener que absorber coberturas de alta complejidad que brindaba la obra social y que le cuesta más caro darla, especialmente a las pequeñas y medianas. También habrá un mayor costo por la antiselección que se espera.
Como me dijeron hace poco: “si era tan bueno el cambio, ¿por qué tuvieron que hacerlo por obligación?”. Volviendo al ejemplo de la jubilación, si el sistema de reparto era tanto mejor que el de las AFJP, ¿por qué fue necesario hacerlo “por obligación?”.
En el mercado de seguros de salud privado o de empresas de medicina prepaga rige la libre competencia. Las empresas intentan captar afiliados con las mejores ofertas de planes y precios posibles. Solo es cuestión de mirar las agresivas pro- mociones que muchas de estas realizan.
Ninguna empresa de medicina prepaga va a perder competitividad dejando dinero que no agregue valor en un intermediario.
Tampoco existe un nivel de concentración de mercado que requiera de este tipo de intervención. La concentración actual es muy similar al que tienen otras industrias de servicios como seguros, bancos y ART. Aunque lamentablemente estas medidas van a acelerar el proceso de concentración.
El sistema actual de libre elección requiere ser corregido. El valor por cápita que reciben obras sociales y prepagas no debiera ser individual dependiendo del valor del salario del trabajador y la composición de su grupo familiar. Como en otros sistemas de salud de la región y de los países desarrollados, a excepción de EE. UU., es imprescindible que con- temple un esquema mayor de solidaridad. Una opción es que el valor recibido por cápita sea el mismo para todos con un ajuste de riesgo por edad, sexo y localidad.
No muy distinto fue lo sucedido con la libertad de precios de las cuotas. En diciembre de 2023 en cadena nacional el presidente anunció que los precios serían libres. Se ejecuta la me- dida mediante el DNU 70/23.
Poco tiempo después, utilizando el argumento de la cartelización se vuelve para atrás y nuevamente se implementan controles de precios.
Los cambios de reglas de juego y regulaciones de los últimos años, especialmente en materia de libertad de precios, coberturas y contrataciones, no hacen más que ahuyentar inversiones en un sector dinámico de la economía. Los servicios que prestan las prepagas se deterioran año a año. No ingresan nuevas empresas y las existentes se concentran cada vez más intentando cumplir como pueden con las obligaciones comprometidas con afiliados, prestadores y empleados.

Esperemos que puedan revisarse y retrotraer las últimas medidas tomadas y como dice el actual presidente volver a abrazar las ideas de la libertad.


(*) Consultor de Entidades de Medicina Prepaga y Obras Sociales.