Cada final y comienzo de año se convierte en un ejercicio catártico y reflexivo que, aunque valioso, a menudo se queda en la mera constatación de lo ocurrido. El estado de la salud no puede limitarse a resúmenes retrospectivos; el diagnóstico es conocido, el hoy demanda proyectos integrales, estrategias que apunten a cambios reales y sostenibles en un sistema que ha demostrado estar en constante tensión.
Llevamos un año de un nuevo gobierno, es indispensable reconocer que el sistema de salud está marcado por deudas que van desde mucho más atrás, y que los vaivenes económicos o la volatilidad de la inflación solo agudizaron una larga enfermedad crónica por inacción. La salud arrastra una crisis estructural que se extiende por más tiempo del que permiten las fluctuaciones económicas, y es justamente esa persistencia la que exige una transformación urgente mediante planes concretos.
La situación económica del país ha condicionado que las políticas de salud se hayan visto muchas veces subordinadas a la necesidad de estabilizar la economía. El entorno de inflación incontenible y de incertidumbre ha relegado a la salud a un segundo plano, esperando el momento en que la macroeconomía permita implementar cambios profundos. No obstante, este enfoque de “esperar lo estable” ha dejado al sistema en un estado de vulnerabilidad, en el que las medidas aisladas no han logrado encaminar al sector hacia mejoras sustanciales.
El desafío, luego de que empecemos a vislumbrar un mayor estabilidad, consiste en articular políticas que, aun en tiempos económicos complejos, impulsen resultados concretos: la optimización de recursos, la mejora de la cobertura asistencial y la consolidación de un sistema que responda a las demandas actuales. Es preciso, por tanto, diseñar planes estratégicos que permitan anticipar y resolver problemas, en lugar de simplemente documentarlos.
Durante décadas, el sistema ha mostrado un patrón de fragmentación y falta de planificación que afecta tanto a usuarios como a profesionales. La desconexión entre las diversas instancias –municipales, provinciales y nacional– ha impedido el desarrollo de soluciones integradas. La falta de un enfoque estratégico ha propiciado que los cambios sean, en el mejor de los casos, paliativos y, en el peor, insignificantes frente a las necesidades reales de la población.
En este contexto, la salud merece, sin discusión, una reforma profunda. La situación actual nos obliga a repensar la manera en que se organizan y financian los servicios de salud, adoptando medidas que no se limiten a respuestas temporales, sino que apunten a una transformación estructural. Durante este año se han adoptado algunas decisiones en ámbitos puntuales, tales como la operatoria de las prepagas, la prescripción de medicamentos y la cobertura de los mismos. Estas medidas, aunque importantes, han resultado fragmentarias y reactivas, sin constituir un plan central que ordene el sistema de salud en su conjunto.
La falta de una política integral se hace patente: se han sumado iniciativas aisladas que, a pesar de sus beneficios parciales, no logran dar respuesta a las carencias estructurales que aquejan al sistema. Esperamos que en el corto plazo conozcamos un plan maestro que articule las distintas medidas; de lo contrario, se corre el riesgo de caer en la trampa de lo meramente correctivo.
Uno de los problemas más evidentes es la falta de articulación entre los diferentes niveles del sistema público. Esta desconexión organizacional repercute directamente en la experiencia del usuario, generando inequidades que deberían ser abordadas con urgencia. El subsector público se encuentra, además, afectado por la precariedad salarial y la insuficiencia de cobertura en áreas críticas.
El personal que labora en el ámbito de la salud sufre las consecuencias de una estructura que no solo carece de planificación, sino que también está sometida a limitaciones presupuestarias que afectan la continuidad y calidad de los servicios. Frente a este panorama, resulta imperativo que se diseñen planes que prioricen la integración y la mejora de las condiciones laborales, elementos esenciales para garantizar una atención de calidad.
La seguridad social continúa siendo uno de los pilares del sistema, pero también uno de los eslabones más débiles. La multitud de obras sociales, en lugar de representar una red complementaria, evidencian una fragmentación que dificulta el equilibrio entre la demanda de prestaciones y la capacidad de financiamiento. Muchas de estas entidades operan por debajo del punto de equilibrio, lo que repercute en la calidad de la atención que brindan y en la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.
Además, los incrementos en los valores de pago a prestadores han resultado insuficientes frente a la inflación. Tanto en honorarios profesionales como en el gasto sanitario, la falta de ajuste ha profundizado la crisis del sector privado, sumado a la pérdida de los subsidios otorgados durante la pandemia. La ausencia de reglas organizativas claras y la multiplicidad de normas generan un escenario en el que las expectativas de cobertura y atención superan las posibilidades reales de financiación.
El desarrollo del capital humano en salud es un proceso continuo que se lleva a cabo en nuestras universidades públicas y privadas. Sin embargo, la inversión en este sector ha disminuido considerablemente, con un desfinanciamiento que se aproxima al 30%. Esta reducción de recursos afecta directamente la calidad de la formación, se traduce en tasas de graduación bajas y limita las posibilidades de innovación y mejora en la práctica clínica.
El sistema de formación de posgrado, si bien cuenta con iniciativas relevantes como el Examen Único organizado por el Ministerio de Salud, enfrenta desafíos significativos. La permanencia de este examen a lo largo de cambios de gobierno ha sido un punto positivo, pero su carácter no obligatorio en las residencias y la alta tasa de vacantes sin cubrir en especialidades prioritarias son señales de que se requiere un replanteamiento.
El sistema de residencias, con toda la experiencia acumulada, tiene la capacidad de autoevaluarse y generar respuestas basadas en sus propios datos; sin embargo, el aumento en la oferta de vacantes debe ir acompañado de medidas complementarias que aseguren la calidad y pertinencia de la formación. Es necesario que las universidades se integren de manera más activa en el sistema de residencias. Propuestas como la implementación de un examen de admisión similar al MIR español, basado en evidencia, podrían ampliar la cobertura y asegurar que el recurso humano esté alineado con las necesidades reales del sistema.
En 2025, el horizonte ideal es aquel en el que la macroeconomía, aunque aún desafiante, deje de ser el obstáculo principal para avanzar en reformas urgentes. Es momento de pasar a la acción concertada, y de apostar por proyectos que generen mejoras palpables en la calidad de vida de los argentinos. El desafío que tenemos por delante requiere liderazgo de las autoridades, pero también usuarios y prestadores profesionales e institucionales deben comprometerse. Debemos entender que el cambio profundo que requiere el sistema cambiará las reglas de juego.
La construcción de un sistema de salud robusto requiere no solo de recursos y de políticas bien pensadas, sino también de un compromiso colectivo: de profesionales, gestores y usuarios que entiendan que el cambio debe ser monumental y que un sistema de salud que alcance a todos y satisfaga a quienes dan el servicio se basa en el principio de solidaridad a ambos lados, en el que antes de que cada uno consiga lo que quiere, lo importante es que todos consigan lo que necesiten en la medida de la disponibilidad de recursos.