|
En el siglo XXI, el mundo atraviesa
una transformación demográfica sin
precedentes. Por primera vez en la
historia, en muchos países hay más
personas mayores de 65 años que
niños menores de 5. Este cambio
tiene consecuencias profundas en
todos los ámbitos de la vida social,
económica y sanitaria. Y aunque
parece un fenómeno lejano, en la
Argentina ya estamos viendo sus
efectos.
Un
modelo solidario que ya no se
sostiene
Los sistemas de salud solidarios,
como el argentino, se construyen
sobre el principio de equidad
intergeneracional: los trabajadores
activos financian, con sus aportes
al sistema, la atención médica de
quienes ya no están en edad
productiva, principalmente los
adultos mayores.
Este modelo funciona bajo la lógica
del seguro social, donde los aportes
obligatorios de empleados y
empleadores alimentan un fondo común
que permite sostener el acceso
universal a servicios de salud. Sin
embargo, su sostenibilidad depende
de una pirámide demográfica
saludable, con una mayoría de
población activa sosteniendo a una
minoría pasiva.
Cuando esa estructura se invierte,
como está ocurriendo en la
Argentina, el sistema entra en
tensión, ya que también debe
garantizar cobertura para la
población activa: controles de
salud, atención de enfermedades,
embarazos, accidentes laborales y
más.

Es decir, no solo se trata de
sostener a los adultos mayores, sino
de brindar atención integral a toda
la población aportante.
Hoy, esa pirámide se ha invertido.
La tasa de natalidad en la Argentina
cayó a 1,5 hijos por mujer en 2023
(cuando el reemplazo generacional
requiere al menos 2,1), mientras que
la expectativa de vida se acerca a
los 77 años y sigue en aumento.
Además, el avance de la medicina ha
hecho que enfermedades antes letales
se conviertan en crónicas, con altos
costos de tratamiento.
Un
sistema laboral informal y
fragmentado
Como si esto fuera poco, el sistema
argentino está altamente fragmentado
y depende del empleo formal para
financiarse. Pero solo el 50-60% de
la población económicamente activa
realiza aportes efectivos. La otra
mitad está en la informalidad,
monotributo o fuera del sistema.
Esto genera una base contributiva
insuficiente y volátil, incapaz de
sostener el crecimiento de la
demanda en el sector salud,
especialmente la demanda asociada al
envejecimiento.
En el marco de este envejecimiento
sostenido, uno de los mayores
desafíos es que el número de
personas mayores que requieren
atención crece a mayor velocidad que
los recursos disponibles para
financiarla.
Las instituciones responsables del
aseguramiento y la cobertura médica
para esta población deben afrontar
una creciente presión financiera,
producto de un mayor volumen de
beneficiarios y de la incorporación
constante de nuevas tecnologías,
medicamentos y tratamientos de alto
costo.
Sin un ajuste proporcional en los
esquemas de financiamiento y una
planificación estructural que
contemple esta nueva realidad
demográfica, la sostenibilidad del
sistema se verá cada vez más
comprometida.
Un
sistema sin previsión para la
longevidad
El sistema de salud argentino ha
mostrado históricamente una gran
dificultad para anticiparse a las
transformaciones demográficas. En
lugar de planificar y prevenir,
actúa en modo reactivo, resolviendo
sobre la marcha demandas que se
venían gestando desde hace tiempo.
Esta lógica de “apagar incendios” se
traduce en una baja inversión en
estrategias de prevención, en cui-
dados de largo plazo y en la
generación de políticas públicas
sostenidas que acompañen el proceso
de envejecimiento de la población.
La falta de redes de apoyo
domiciliario, de infraestructura
adaptada y de líneas de cuidado
integrales evidencia una mirada
cortoplacista que impide construir
soluciones sostenibles frente a un
fenómeno que, lejos de detenerse, se
profundiza año tras año.
En cambio, países como Japón,
Alemania o Canadá han adoptado
estrategias diversificadas y
sostenidas para afrontar el
envejecimiento de sus poblaciones.
Japón, por ejemplo, implementó un
sistema de cuidado a largo plazo
financiado a través de una
combinación de contribuciones
individuales y apoyo estatal, que
incluye cobertura para servicios
domiciliarios, centros de día y
cuidados institucionales.
Alemania estableció un seguro
obligatorio de dependencia (Pflegeversicherung),
con una lógica similar, que financia
prestaciones adaptadas a distintos
niveles de autonomía funcional. En
Canadá, algunas provincias
incorporaron mecanismos de
evaluación de tecnologías sanitarias
y modelos de atención integrada, y
están explorando el uso de
inteligencia artificial para
anticipar necesidades en poblaciones
longevas. Estos enfoques combinan
financiamiento diversificado,
planificación de largo plazo, y una
fuerte inversión en infraestructura
y prevención, lo que les permite
ofrecer cobertura digna y sostenible
sin comprometer la calidad del
sistema en su conjunto.
Cuatro
claves para una reforma posible
1. Desacoplar el
financiamiento del empleo
tradicional
Es urgente repensar de forma
estructural las fuentes de
financiamiento del sistema de salud.
Atar el acceso a servicios
esenciales a la formalidad laboral
implica excluir o precarizar la
cobertura de millones de personas en
un país donde cerca del 50% de la
población económicamente activa se
encuentra en condiciones de
informalidad, cuentapropismo o
empleo intermitente. El vínculo
entre empleo formal y cobertura de
salud fue funcional en contextos de
pleno empleo y crecimiento económico
sostenido, pero hoy resulta
insuficiente y desigual. La
creciente desconexión entre la
estructura del mercado laboral y la
arquitectura del sistema sanitario
está generando una brecha cada vez
mayor entre quienes tienen acceso y
quienes quedan fuera.
Es necesario avanzar hacia esquemas
mixtos y universales de
financiamiento, que incluyan aportes
contributivos y no contributivos,
con participación fiscal progresiva
y mecanismos solidarios de
redistribución. En este sentido,
también resulta oportuno incorporar
modalidades de copago regulado para
ciertos niveles de ingreso y para
prestaciones de baja complejidad,
como estrategia de
corresponsabilidad y uso racional de
los recursos.
Además, puede explorarse la
securitización de algunos productos
o servicios sanitarios -como
medicamentos de alto costo o
tratamientos prolongados- mediante
instrumentos financieros que
distribuyan el riesgo entre
múltiples actores y otorguen mayor
previsibilidad presupuestaria. Este
cambio permitiría garantizar el
derecho a la salud como bien
público, independientemente del tipo
de inserción laboral del individuo,
y daría mayor estabilidad financiera
al sistema frente a las
transformaciones del mundo del
trabajo y la evolución tecnológica.
2. Fortalecer el
financiamiento de la atención en la
vejez
En un contexto de cambio demográfico
acelerado, es indispensable revisar
y reforzar los mecanismos de
financiamiento para las prestaciones
vinculadas al envejecimiento. La
sostenibilidad del sistema dependerá
de la capacidad de distribuir los
costos de manera
equitativa, progresiva y racional
entre los distintos actores del
sistema, evitando que la carga
recaiga de forma desproporcionada
sobre las instituciones más
expuestas. Esto requiere no solo
recursos, sino también
planificación, acuerdos
interinstitucionales y una mirada de
largo plazo que anticipe las
necesidades crecientes de una
población cada vez más longeva.
3. Reordenar el sistema con
un Plan de Beneficios
Se necesita una canasta clara,
explícita y priorizada de
prestaciones que acompañe el ciclo
vital de las personas, con-
templando desde la prevención y
promoción de la salud en etapas
tempranas hasta el abordaje integral
de las enfermedades crónicas y los
cuidados en la vejez. Esta canasta
debe definirse en función de
criterios de valor en salud,
evidencia científica y
costo-efectividad, adaptados al
contexto local, y con una mirada
poblacional y no fragmentada.
Contar con un Plan de Beneficios
bien definido permitiría generar
previsibilidad financiera, mejorar
la asignación de recursos, disminuir
la discrecionalidad en las
coberturas y, fundamentalmente,
reducir la judicialización
creciente. Asimismo, facilitaría la
implementación de políticas de
priorización sanitaria,
transparencia en la toma de
decisiones, y diálogo técnico entre
financiadores, prestadores,
reguladores y ciudadanía.
Avanzar hacia un modelo basado en un
Plan de Beneficios implica también
revisar periódicamente su contenido,
incorporar procesos de evaluación de
tecnologías sanitarias, y asegurar
mecanismos de actualización dinámica
en función de las necesidades
sanitarias y la evolución
tecnológica.
4. Invertir en prevención y
cuidados
La sostenibilidad de un sistema de
salud en una sociedad que envejece
no puede depender únicamente de la
atención de la enfermedad una vez
instalada. Es necesario avanzar
hacia un modelo que priorice
activamente la prevención en todas
las etapas de la vida, desde la
promoción de hábitos saludables
hasta el diagnóstico precoz y el
control efectivo de enfermedades
crónicas. Esto implica fortalecer
los programas de salud comunitaria,
ampliar la cobertura de controles
periódicos y generar incentivos para
que las personas accedan a cuidados
preventivos antes de que surjan
complicaciones mayores.
Asimismo, es imprescindible el
desarrollo de una red de cuidados de
largo plazo que contemple servicios
domiciliarios, centros de día,
cuidadores formados y sistemas de
apoyo a familias, evitando
hospitalizaciones innecesarias y
descompensaciones que podrían
haberse evitado con seguimiento
adecuado. Estos cuidados no solo
alivian la presión sobre el sistema
hospitalario, sino que mejoran la
calidad de vida de las personas
mayores y de sus entornos. Sin una
estrategia clara y sostenida en esta
línea, el sistema continuará
operando de forma reactiva, con
altos costos financieros y humanos.
Un
futuro que ya llegó…
El envejecimiento poblacional no es
un problema del futuro: ya está
entre nosotros. Ignorarlo es
condenar al sistema de salud
argentino a una crisis de
sostenibilidad cada vez más
profunda. Innovar, planificar y
reformar no es opcional: es urgente.
La pregunta no es si podemos
afrontar este cambio, sino si
estamos dispuestos a hacerlo antes
de que sea demasiado tarde
|
(*)
Médico. Especialista en
Economía y Gestión en Salud.
Ex Viceministro de Salud de
la Nación. Ex Presidente del
Grupo Unión Personal. Ex
Gerente General de la
Superintendencia de
Servicios de Salud de la
Nación.
|
|