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Opinión


DEMOGRAFÍA EN REVERSA: CÓMO EL DESCENSO DE LA NATALIDAD Y EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL PONEN EN JAQUE A LOS SISTEMAS DE SALUD SOLIDARIOS

Por el Dr. David Aruachan (*)

En el siglo XXI, el mundo atraviesa una transformación demográfica sin precedentes. Por primera vez en la historia, en muchos países hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5. Este cambio tiene consecuencias profundas en todos los ámbitos de la vida social, económica y sanitaria. Y aunque parece un fenómeno lejano, en la Argentina ya estamos viendo sus efectos.

Un modelo solidario que ya no se sostiene

Los sistemas de salud solidarios, como el argentino, se construyen sobre el principio de equidad intergeneracional: los trabajadores activos financian, con sus aportes al sistema, la atención médica de quienes ya no están en edad productiva, principalmente los adultos mayores.
Este modelo funciona bajo la lógica del seguro social, donde los aportes obligatorios de empleados y empleadores alimentan un fondo común que permite sostener el acceso universal a servicios de salud. Sin embargo, su sostenibilidad depende de una pirámide demográfica saludable, con una mayoría de población activa sosteniendo a una minoría pasiva.
Cuando esa estructura se invierte, como está ocurriendo en la Argentina, el sistema entra en tensión, ya que también debe garantizar cobertura para la población activa: controles de salud, atención de enfermedades, embarazos, accidentes laborales y más.

Es decir, no solo se trata de sostener a los adultos mayores, sino de brindar atención integral a toda la población aportante.
Hoy, esa pirámide se ha invertido. La tasa de natalidad en la Argentina cayó a 1,5 hijos por mujer en 2023 (cuando el reemplazo generacional requiere al menos 2,1), mientras que la expectativa de vida se acerca a los 77 años y sigue en aumento. Además, el avance de la medicina ha hecho que enfermedades antes letales se conviertan en crónicas, con altos costos de tratamiento.

Un sistema laboral informal y fragmentado

Como si esto fuera poco, el sistema argentino está altamente fragmentado y depende del empleo formal para financiarse. Pero solo el 50-60% de la población económicamente activa realiza aportes efectivos. La otra mitad está en la informalidad, monotributo o fuera del sistema. Esto genera una base contributiva insuficiente y volátil, incapaz de sostener el crecimiento de la demanda en el sector salud, especialmente la demanda asociada al envejecimiento.
En el marco de este envejecimiento sostenido, uno de los mayores desafíos es que el número de personas mayores que requieren atención crece a mayor velocidad que los recursos disponibles para financiarla.
Las instituciones responsables del aseguramiento y la cobertura médica para esta población deben afrontar una creciente presión financiera, producto de un mayor volumen de beneficiarios y de la incorporación constante de nuevas tecnologías, medicamentos y tratamientos de alto costo.
Sin un ajuste proporcional en los esquemas de financiamiento y una planificación estructural que contemple esta nueva realidad demográfica, la sostenibilidad del sistema se verá cada vez más comprometida.

Un sistema sin previsión para la longevidad

El sistema de salud argentino ha mostrado históricamente una gran dificultad para anticiparse a las transformaciones demográficas. En lugar de planificar y prevenir, actúa en modo reactivo, resolviendo sobre la marcha demandas que se venían gestando desde hace tiempo. Esta lógica de “apagar incendios” se traduce en una baja inversión en estrategias de prevención, en cui- dados de largo plazo y en la generación de políticas públicas sostenidas que acompañen el proceso de envejecimiento de la población.
La falta de redes de apoyo domiciliario, de infraestructura adaptada y de líneas de cuidado integrales evidencia una mirada cortoplacista que impide construir soluciones sostenibles frente a un fenómeno que, lejos de detenerse, se profundiza año tras año.
En cambio, países como Japón, Alemania o Canadá han adoptado estrategias diversificadas y sostenidas para afrontar el envejecimiento de sus poblaciones. Japón, por ejemplo, implementó un sistema de cuidado a largo plazo financiado a través de una combinación de contribuciones individuales y apoyo estatal, que incluye cobertura para servicios domiciliarios, centros de día y cuidados institucionales.
Alemania estableció un seguro obligatorio de dependencia (Pflegeversicherung), con una lógica similar, que financia prestaciones adaptadas a distintos niveles de autonomía funcional. En Canadá, algunas provincias incorporaron mecanismos de evaluación de tecnologías sanitarias y modelos de atención integrada, y están explorando el uso de inteligencia artificial para anticipar necesidades en poblaciones longevas. Estos enfoques combinan financiamiento diversificado, planificación de largo plazo, y una fuerte inversión en infraestructura y prevención, lo que les permite ofrecer cobertura digna y sostenible sin comprometer la calidad del sistema en su conjunto.

Cuatro claves para una reforma posible

1. Desacoplar el financiamiento del empleo tradicional
Es urgente repensar de forma estructural las fuentes de financiamiento del sistema de salud. Atar el acceso a servicios esenciales a la formalidad laboral implica excluir o precarizar la cobertura de millones de personas en un país donde cerca del 50% de la población económicamente activa se encuentra en condiciones de informalidad, cuentapropismo o empleo intermitente. El vínculo entre empleo formal y cobertura de salud fue funcional en contextos de pleno empleo y crecimiento económico sostenido, pero hoy resulta insuficiente y desigual. La creciente desconexión entre la estructura del mercado laboral y la arquitectura del sistema sanitario está generando una brecha cada vez mayor entre quienes tienen acceso y quienes quedan fuera.
Es necesario avanzar hacia esquemas mixtos y universales de financiamiento, que incluyan aportes contributivos y no contributivos, con participación fiscal progresiva y mecanismos solidarios de redistribución. En este sentido, también resulta oportuno incorporar modalidades de copago regulado para ciertos niveles de ingreso y para prestaciones de baja complejidad, como estrategia de corresponsabilidad y uso racional de los recursos.
Además, puede explorarse la securitización de algunos productos o servicios sanitarios -como medicamentos de alto costo o tratamientos prolongados- mediante instrumentos financieros que distribuyan el riesgo entre múltiples actores y otorguen mayor previsibilidad presupuestaria. Este cambio permitiría garantizar el derecho a la salud como bien público, independientemente del tipo de inserción laboral del individuo, y daría mayor estabilidad financiera al sistema frente a las transformaciones del mundo del trabajo y la evolución tecnológica.

2. Fortalecer el financiamiento de la atención en la vejez
En un contexto de cambio demográfico acelerado, es indispensable revisar y reforzar los mecanismos de financiamiento para las prestaciones vinculadas al envejecimiento. La sostenibilidad del sistema dependerá de la capacidad de distribuir los costos de manera

equitativa, progresiva y racional entre los distintos actores del sistema, evitando que la carga recaiga de forma desproporcionada sobre las instituciones más expuestas. Esto requiere no solo recursos, sino también planificación, acuerdos interinstitucionales y una mirada de largo plazo que anticipe las necesidades crecientes de una población cada vez más longeva.

3. Reordenar el sistema con un Plan de Beneficios
Se necesita una canasta clara, explícita y priorizada de prestaciones que acompañe el ciclo vital de las personas, con- templando desde la prevención y promoción de la salud en etapas tempranas hasta el abordaje integral de las enfermedades crónicas y los cuidados en la vejez. Esta canasta debe definirse en función de criterios de valor en salud, evidencia científica y costo-efectividad, adaptados al contexto local, y con una mirada poblacional y no fragmentada.
Contar con un Plan de Beneficios bien definido permitiría generar previsibilidad financiera, mejorar la asignación de recursos, disminuir la discrecionalidad en las coberturas y, fundamentalmente, reducir la judicialización creciente. Asimismo, facilitaría la implementación de políticas de priorización sanitaria, transparencia en la toma de decisiones, y diálogo técnico entre financiadores, prestadores, reguladores y ciudadanía.
Avanzar hacia un modelo basado en un Plan de Beneficios implica también revisar periódicamente su contenido, incorporar procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, y asegurar mecanismos de actualización dinámica en función de las necesidades sanitarias y la evolución tecnológica.

4. Invertir en prevención y cuidados
La sostenibilidad de un sistema de salud en una sociedad que envejece no puede depender únicamente de la atención de la enfermedad una vez instalada. Es necesario avanzar hacia un modelo que priorice activamente la prevención en todas las etapas de la vida, desde la promoción de hábitos saludables hasta el diagnóstico precoz y el control efectivo de enfermedades crónicas. Esto implica fortalecer los programas de salud comunitaria, ampliar la cobertura de controles periódicos y generar incentivos para que las personas accedan a cuidados preventivos antes de que surjan complicaciones mayores.
Asimismo, es imprescindible el desarrollo de una red de cuidados de largo plazo que contemple servicios domiciliarios, centros de día, cuidadores formados y sistemas de apoyo a familias, evitando hospitalizaciones innecesarias y descompensaciones que podrían haberse evitado con seguimiento adecuado. Estos cuidados no solo alivian la presión sobre el sistema hospitalario, sino que mejoran la calidad de vida de las personas mayores y de sus entornos. Sin una estrategia clara y sostenida en esta línea, el sistema continuará operando de forma reactiva, con altos costos financieros y humanos.

Un futuro que ya llegó…

El envejecimiento poblacional no es un problema del futuro: ya está entre nosotros. Ignorarlo es condenar al sistema de salud argentino a una crisis de sostenibilidad cada vez más profunda. Innovar, planificar y reformar no es opcional: es urgente. La pregunta no es si podemos afrontar este cambio, sino si estamos dispuestos a hacerlo antes de que sea demasiado tarde

 

(*) Médico. Especialista en Economía y Gestión en Salud. Ex Viceministro de Salud de la Nación. Ex Presidente del Grupo Unión Personal. Ex Gerente General de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.

 

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