La desregulación de precios de medicamentos es una política que, analizada desde diferentes contextos, genera una multiplicidad de debates en torno a su justificación económica, por un lado, y a su impacto en la salud pública por otro. Más aún cuando ambas cuestiones terminan vinculándose como reflejo del nuevo orden económico que parece irse delineando.
En términos generales, desregular en este campo implica reducir o eliminar los controles que tradicionalmente han existido en el sector farmacéutico, de manera que los precios se fijen por la libre interacción entre la oferta y la demanda -sin intervención del Estado- y de esta forma llevarlos a su baja y facilitar el acceso.
El problema es que, aunque esta política busque servir a la competencia y la innovación, también trae aparejada una serie de eventos sociales complejos y problemáticos, resultantes de las condiciones que el libre juego del mercado impone al heterogéneo mundo de los consumidores/pacientes.
En el campo sanitario, desregular implica romper con el rol tradicional del Estado desde la consideración de la salud como un bien meritorio, al que en cierta forma éste debe tutelar para reducir desigualdades.
Si bien es posible contraponer las fallas del mercado con las que también posee el Estado para entender que las regulaciones no siempre generan los beneficios que se esperan, lo que no se puede negar es que la salud requiere incorporar mecanismos específicos de regulación para
evitar que la exacerbación de las barreras de acceso a la atención de la enfermedad acentúe las asimetrías sociales.
Desregular el precio de los medicamentos o aumentar la oferta de los de venta libre es parte del pensamiento que hace a la liberalización impulsora de la eficiencia del mercado. Estimando que la competencia entre laboratorios y sus productos - en este caso en un mercado que se caracteriza por la copia y no la innovación - llevará a que exista una amplia variedad de moléculas con diferentes precios y bonificaciones que podrían favorecer la elección por parte del usuario.
El problema es que la asimetría de información y la presión de los laboratorios para que se prescriban sus productos más el peso del nombre de fantasía hace muy compleja tal libertad de elección. Esto sumado a que el opaco mercado de medicamentos no funciona de forma tradicional, ya que existe un fenómeno que es la demanda inelástica por el cual el nivel de consumo no responde directamente a las variaciones de precios y se mantiene casi constante.
Y que los pacientes -especialmente los crónicos que requieren determinada medicación para su control o mejora- quedan rehenes de eventuales acuerdos corporativos en la fijación del precio. Sin agregar las cuestiones de marketing de las empresas farmacéuticas sobre consumidores, y especialmente enfocadas en los prescriptores.
En la Argentina, donde el acceso a la salud está reconocido como derecho, pero falla como resultado de una Política de Estado de la que carece, y sin haber transitado un proceso de reforma ordenado, adecuado y justo para el sistema que debe administrarla, nunca ha existido una política regulatoria clara que esté vinculada al precio del medicamento. Sabiendo incluso que el mercado farmacéutico registra para muchas moléculas los precios más elevados de
América Latina y que los porcentajes de ganancia de los intermediarios nunca han sido sujeto de regulación alguna.
Ciertamente, la tendencia a liberar precios y ampliar el segmento de medicamentos de venta libre como parte de políticas de estabilización y ordenamiento fiscal en un modelo segmentado y profundamente fragmentado genera incertidumbre respecto del futuro del acceso equitativo al medicamento, transformado cada vez más en un bien económico.
Paradójicamente para lo que se pretendería lograr, uno de los impactos sociales inmediatos de la desregulación en el campo del medicamento ha sido el aumento del precio. Especialmente de los de uso crónico o para patologías complejas. Las moléculas son cada vez más caras (con relación a los ingresos de la población) y sus precios se elevan en forma permanente, muchas veces por encima del Índice de Precios al Consumidor.
Esto afecta en particular a los sectores más vulnerables -jubilados y pacientes portadores de dolencias de largo plazo y población de bajos ingresos- quienes los necesitan para controlar eventuales reagudizaciones o bien iniciar tratamientos. Particularmente, el quinto quintil de población consume estadísticamente el 75% de lo que destina a atención de su salud en remedios, sin descuentos por cobertura social ni provisión gratuita, siendo el más inelástico al ingreso y actuando dicho gasto en forma manifiestamente regresiva.
La contradicción entre inelasticidad y elevación permanente del precio lleva a que muchos pacientes deban abandonar el tratamiento, o se les haga complejo mantener la adherencia al mismo dado el alto costo que demanda su compra. Algo que en forma lenta pero estadísticamente demostrable va condicionando el aumento de la morbimortalidad por causas prevenibles.
Este problema se percibe con mayor impacto en el sector público estatal, que debe absorber los costos sanitarios y sociales que impactan a tales segmentos de la población, resultado de tratamientos interrumpidos y sus complicaciones.
Adicionalmente, la desregulación de precios profundiza las desigualdades sociales ya que mientras quienes poseen algún tipo de cobertura sea de un seguro social o privado pueden acceder a descuentos o a reintegros, los que solo disponen de cobertura pública enfrentan una oferta muy limitada de medicamentos, o directamente deben pagar directamente en farmacia para obtenerlos. Algo que según el tipo de patología puede acercarlos a los límites del gasto catastrófico.
Aunque la Ley de Prescripción por Nombre Genérico (Ley 25.649) está vigente, en la práctica los laboratorios líderes y sus marcas comerciales tienen fuerte influencia sobre médicos y farmacias, lo que limita el acceso a copias o genéricos más baratos. De allí que una simple hipertensión mal tratada por falta de adherencia al tratamiento dado el costo de los medicamentos necesarios puede desencadenar complicaciones irreversibles y al mismo tiempo erogaciones impredecibles.
En casi todos los países, cuando la cobertura de salud es amplia, el Estado tiende a regular de alguna forma el precio del medicamento, ya sea fijando precios tope, negociando en forma directa o limitando aumentos. E incluso efectuando comparaciones de precios entre países vecinos.
Si lo que se pretende es evitar los efectos negativos de un mercado sin regulaciones en un campo altamente sensible como es el tratamiento de las enfermedades -especialmente cuando las desigualdades en ingresos y accesibilidad son notorias- los gobiernos pueden aplicar uno o varios mecanismos regulatorios para lograrlo.

Existen numerosos procedimientos ya probados y exitosos que pueden garantizar el acceso equitativo, seguro y asequible a los medicamentos evitando abusos y protegiendo a los ciudadanos, además de incentivar la in- novación responsable y garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos. Se trata de tenerlos presentes, contribuir a abrir el debate y garantizar la sustentabilidad de los sistemas de salud.
Garantizar el derecho a la salud, si de eso se trata, requiere políticas públicas que no solo procuren la eficiencia económica sino también la eficiencia técnica en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El problema de la desregulación de precios en el mercado de medicamentos, con un comportamiento de los laboratorios que no favorece la baja de precios ni tampoco permite la competencia para una misma calidad aprobada entre idéntico producto impone dos dilemas, uno ético y otro político.
¿Es aceptable para la sociedad que el acceso a la salud este determinado por la capacidad de pago? ¿Es legítimo pretender un acceso equitativo a los tratamientos -muchas veces cuestión de vida o muerte- si desde el lado de la oferta no existen otras razones que no sean el manejo del mercado sanitario, la rentabilidad extraordinaria y el aumento permanente del market share? Las preguntas están. Solo falta analizar de qué lado y como vienen las respuestas.