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El documental argentino ha guardado históricamente una estrecha
relación con la dimensión político-social. Durante las últimas
décadas, el cine de lo real se ha manifestado particularmente
sensible a los traumas ocasionados por la última dictadura
militar (1976-1983). (1)
Tal como explica Ana Amado: “El documental fue el formato
utilizado de modo creciente durante la década del noventa para
examinar acontecimientos del pasado histórico y del presente
social, hasta transformarse en uno de los principales géneros
cinematográficos en la producción fílmica argentina desde el
inicio de este siglo”.
Si bien la historia de la Argentina correspondiente al siglo
veinte estuvo atravesada recurrentemente por gobiernos
militares, el tramo que va de 1976 a 1983 coincide con la
dictadura más violenta que jamás haya tenido lugar en el país.
Bajo el gobierno de una Junta Militar integrada por las tres
armas se instaló un régimen dictatorial que violó
sistemáticamente los derechos humanos.
Se trató de una operación integral de represión, cuidadosamente
planeada por la conducción de las tres armas, la cual presuponía
el secuestro, tortura, reclusión en centros clandestinos de
detención, desaparición y muerte de alrededor de 30 mil
personas. El terror, la censura y la violencia se volvieron
moneda corriente, apoyados en la complicidad de los medios de
comunicación y parte importante de la sociedad civil.
Nos llevó mediante un plan económico a un territorio de
dependencia de los organismos multilaterales de crédito con una
deuda externa cuasi impagable, la destrucción del aparato
productivo nacional, la desconcentración del sistema educativo y
de salud hacia municipios y provincias -pero sin girarle los
fondos necesarios para su mantenimiento- problema que persiste
hasta ahora, por la desaparición de la gobernanza de ambos
Ministerios -de educación y salud- que aún no pudimos recuperar.
El documental postdictadura presentó características
distintivas, que lo diferenciaron del cine de intervención
política propio de fines de las décadas del sesenta y setenta.
Toda esta obra hoy sería imposible de realizar ya que su legado
para la posteridad por el cierre del INCA y la desaparición de
la inversión estatal en cultura fue borrado del presupuesto
estatal ...
“Un sistema político es o se hace estable sólo si posee o
alcanza un nivel de institucionalización adecuado al nivel de
participación popular existente”. (2)
Según Bobbio, estos dos elementos pueden ser considerados como
las condiciones políticas decisivas de la estabilidad, y al
efecto, enuncia una quinta hipótesis: “... cuanto mayor es la
legitimidad y más alta la eficacia decisional, tanto más estable
será un sistema político democrático”. (3)
Hoy estamos ante una nueva pérdida de la República, quizás se
escriba en la historia como la República Perdida III.
Un nuevo capítulo de derechos perdidos
Presupuestos universitarios paupérrimos, lo que produce que el
ascenso social de las clases menos pudientes sea perjudicado en
su esencia misma, atentando contra la Constitución Nacional
donde todos somos iguales ante la ley.
Presupuestos paupérrimos también para la educación pública en
general en un intento de eliminación de la educación pública,
laica y gratuita instituida por la ley 1420 en el siglo IXX.
Esta ley nos catapultó a ser uno de los países más igualitarios
en transmisión del conocimiento y ejemplo en el mundo.
Pérdida de las condiciones laborales y de los ingresos de las
clases populares pauperizándolas y alejándose de la
participación en la distribución del ingreso nacional per cápita
de décadas anteriores. Así podríamos enunciar cantidades de
derechos que se pierden y nos retrotraen a épocas pasadas donde
la inequidad reinaba en nuestro país.
El sistema de salud argentino refleja una creciente
fragmentación social que profundiza las desigualdades
estructurales. La formación de los profesionales de la salud
carece de una perspectiva integral sobre su función en el
sistema y su papel en la sociedad democrática.
Conformado por sectores público, privado y de obras sociales, el
sistema presenta una segmentación que genera disparidades en el
acceso, la calidad y los resultados sanitarios, especialmente
entre provincias y sectores sociales.
El sector público, diseñado para una población mucho menor a la
actual, enfrenta una sobredemanda que produce barreras de
acceso. Existen desigualdades marcadas en la distribución de
médicos, camas y recursos.
Hay una marcada pauperización del equipo de salud ante salarios
depreciados que impactan en las condiciones de vida del sector.
Las enfermedades vinculadas a la pobreza, como el Chagas o la
tuberculosis, golpean con mayor fuerza a las provincias más
postergadas. Las condiciones habitacionales, la falta de
prevención y el bajo acceso a servicios afectan especialmente a
los sectores vulnerables.
Frente a este panorama, se propone avanzar hacia una cobertura
universal efectiva, equitativa y de calidad, mediante equipos de
salud familiar con presencia territorial, sistemas de
información robustos y acuerdos federales para reducir las
brechas sanitarias. La pandemia de Covid-19 expuso y agravó
estas desigual- dades, evidenciando la fragilidad del sistema
frente a emergencias sanitarias.
En el plano regional, América Latina y el Caribe y especialmente
la Argentina presentan estructuras fiscales regresivas, alta
evasión impositiva y baja inversión sostenida en salud pública.
La carga tributaria recae desproporcionadamente en los sectores
populares.
Se plantea que garantizar el derecho a la salud requiere
armonizar todos los componentes del sistema en función de
objetivos comunes, entendiendo la salud no solo como derecho
humano, sino como motor de desarrollo económico, social e
individual.
Bibliografía:
(1) El montaje de la transición argentina. Un análisis de los
films / La República perdida, La República perdida II / Paola
Judith Margulis /Universidad de Buenos Aires/Scielo/UNAM /México
2011.
(2) El orden político en las sociedades cambiantes / Samuel P.
Huntington. Prólogo de Francis Fukuyama/1996/Yale University
Press.
(3) Teoría del orden jurídico, Bobbio Norberto. Teoría
dell’ordinamento Giuridico. Turín / Edit. G. Giapichelli /1980
| (*) Docente libre - Departamento de
Salud Pública y Humanidades Médicas - Facultad de
Medicina/UBA. |
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