Había una vez un sistema llamado residencias. En él, miles de profesionales de la salud se formaban cada año, aprendiendo no solo la teoría, sino a decidir bajo presión, a trabajar en equipo, a acompañar en silencio. Las residencias han sido, desde hace décadas, la forma en que la sociedad garantiza que quien nos cuida no solo ha leído libros, sino que ha practicado lo suficiente.
En los sistemas sanitarios, en particular fuera de América latina, la residencia no es un complemento, es el núcleo de la formación de los especialistas. Allí se aprende haciendo, bajo supervisión progresiva, con responsabilidad creciente. Y es, también, el último eslabón antes del ejercicio autónomo, por ello es parte del sistema formativo y con fuerte participación de las universidades. La Argentina, con un modelo mixto entre lo formativo y lo asistencial, ha sostenido con esfuerzo un esquema que tiene fuerte base en el sistema de salud.
Pero algo se resquebraja. Entre graduados que no las elijen, normativas que no aportan soluciones, exámenes bajo sospecha y falta de articulación institucional, el sistema de residencias en la Argentina atraviesa una de sus peores crisis de legitimidad.

El nuevo reglamento: entre avances formales y retrocesos reales

En 2025, el Ministerio de Salud aprobó un nuevo Reglamento General para el Sistema Nacional de Residencias (Res. 2109/2025). Se presenta como una modernización del marco anterior, vigente desde 2015. Uno de los puntos más críticos es la consolidación del régimen de “beca institucional” (¿A qué instituciones se refiere no había autonomía institucional en el sistema de salud público?), que mantiene a los residentes en una situación de formación no laboralizada.
No hay aportes jubilatorios. No hay derechos equivalentes al trabajo médico. Se legitima un modelo ambiguo, donde se exige como a un trabajador, pero se reconoce como a un estudiante. Además, se habilita un aumento en la carga de guardias mensuales con un descanso post guardia parcial, lo que contradice las recomendaciones de salud laboral en el ámbito sanitario, y puede afectar la seguridad de los pacientes.
Tal vez lo más destacado es el intento de articulación con las universidades. Aunque no profundiza en el modelo del vínculo parece un intento de darle contexto académico de formación de postgrado. Aunque la residencia sigue siendo, jurídicamente, un camino optativo, sin que se integre como etapa formativa obligatoria.

Cómo si esto fuera poco el escándalo del Examen Único: síntomas de un sistema vulnerable

El Examen Único Nacional de Residencias Médicas es una evaluación de conocimientos de grado para los aspirantes a residencias, y es elaborada, coordinada y supervisada por el Ministerio de Salud. Implementado a partir de 2011, este examen surgió como una herramienta para unificar y homologar los distintos procesos provinciales, extendiéndose progresivamente hasta cubrir casi todo el territorio nacional hacia 2019 (sólo la provincia de Córdoba no participa).
La prueba se complementa con el promedio de la carrera y, en muchos casos, con entrevistas u otros criterios definidos según el concurso distrital. Los resultados se utilizan para generar el orden de mérito al momento de asignar los cupos en más de setenta especialidades.
Este año en el Examen Único Nacional de ingreso a residencias médicas, realizado el 1° de julio de 2025, se detectaron resultados incongruentes. Entre los puntajes más altos había estudiantes cuyos resultados no se condecían con su rendimiento académico de grado, y un número inusual de egresados de universidades extranjeras muy puntuales los que también aparecían entre los primeros puestos con notas superiores a 90/100.
Se hablo de filtración, de falta de control y del uso de la tecnología. La respuesta oficial fue reactiva, el Ministerio sus- pendió el ranking y convocó a 268 aspirantes a rendir nuevamente el examen. Se inició también un cruce de datos con migraciones. Estas medidas no aplicaron un criterio estadístico sólido para definir a quiénes se incluía, ni se cruzaron antecedentes académicos, que podrían haber ayudado a separar el fraude de la excelencia legítima.
¿Cuál fue el problema real?, si fue una filtración maliciosa, si hubo insuficiente control y por ende posiblidades de copia, pasa a ser una anécdota. La presencia de extranjeros no es el problema, sino algo que merece ser analizado y políticas específicas que requieren análisis de datos y decisiones inteligentes.
La forma de resolver el conflicto no merece demasiado análisis, con sus idas y vueltas, y una construcción psicométricamente cuestionable solo nos devuelve la necesidad de proteger preventivamente este proceso con políticas concretas en el futuro. Queda claro que el proceso de selección es vulnerable y requiere un urgente blindaje tecnológico y recursos suficientes para generar controles adecuados.
Lo sucedido no es solo un episodio escandaloso, se convirtió en la excusa para poner fin a una de las pocas políticas públicas en salud que había atravesado distintos gobiernos y mantenido un consenso básico. Es, además, una advertencia. La situación expone la radiografía de un sistema que, en lugar de fortalecerse, aparece cada vez más cuestionado y sometido a decisiones que no aumentan su atractivo ni su capacidad de retener talento.
En lugar de promover una mayor integración, se fomenta la fragmentación, ahora incluso a nivel distrital, en un esquema que ya mostraba serias dificultades para articular entre actores clave como universidades, hospitales, gobiernos y sociedades científicas.
El Examen Único Nacional fue, durante más de una década, un instrumento valioso cuya consolidación demandó un enorme esfuerzo. Su eliminación no es un mero cambio administrativo: nos hace retroceder al menos 15 años, desmantelando una herramienta central para la planificación del capital humano en salud.
Este tipo de examen está presente en muchos países que priorizan la calidad de sus sistemas sanitarios, desde España, Estados Unidos, Canadá, Francia u Holanda, hasta naciones cercanas como México y otros países latinoamericanos, inde- pendientemente de su organización federal o unitaria.
Si las residencias y su sistema de admisión pierden credibilidad, la salud pierde su sostén ético; y si el ingreso se fragmenta en múltiples exámenes, obligando a los aspirantes a peregrinar de una convocatoria a otra, se reducirá la cantidad y diversidad de médicos que acceden a la formación especializada. Nadie quiere un profesional cuya formación esté en duda, y para garantizarlo la residencia es clave. Pero tampoco ningún joven médico debería sentir que su futuro depende de un sistema que no sabe, o no quiere, cuidarlo.

Cuidar lo que funciona

En medio de la crisis, en ámbitos de salud crece el consenso sobre algo que hasta hace poco era objeto de debate y es que la residencia debería ser obligatoria para ejercer como especialista. Y para ello debe estar protegida, jerarquizada y articulada. Para lograrlo es necesario que se fortalezca el sistema, se financie, se asegure la supervisión, y la evaluación de la calidad de formación. Que universidades, Estado y profesionales trabajen en conjunto en normas claras que aseguren esos principios.

Había una vez un sistema llamado residencias. Que no se convierta en un cuento del pasado.